Los migrantes salían desde la Costa Atlántica hacia Estados Unidos, Europa y países de Suramérica
En uno de los eventos que se le atribuye a la organización murieron cinco ciudadanos venezolanos y, por lo menos, 24 más resultaron heridos, luego de que se accidentara el bus en el que eran transportados ilegalmente a Guayaquil (Ecuador).
La acción investigativa de la Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Bolívar y la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, permitió judicializar a nueve presuntos integrantes de una red de tráfico de migrantes que estarían involucrados en distintas maniobras ilícitas para garantizar el paso y salida de ciudadanos extranjeros con destino final a Estados Unidos, Europa y países de Suramérica.
Dos de los procesados son funcionarios de Migración Colombia. Uno de ellos, Rolando Iglesias Sanjuan, sería el principal articulador del andamiaje criminal. Al parecer, desde su puesto de trabajo en Paraguachón (La Guajira), contactaba a extranjeros y les ofrecía documentos de identidad como si fueran ciudadanos colombianos o prórrogas en los pasaportes para ayudarlos a salir del país por los aeropuertos Rafael Núñez, en Cartagena; y Ernesto Cortissoz, en Soledad (Atlántico).
El otro servidor público, identificado como Rafael Púa Ríos, es señalado de sellar los pasaportes y avalar el paso de los migrantes que lo buscaban en los filtros de migración de la terminal aérea que sirve a Barranquilla.
Los demás involucrados cumplirían distintos roles como falsificadores, tramitadores o intermediarios para conseguir registros civiles en distintas notarías y registradurías en ciudades de la Costa Atlántica.
Casos documentados
En el curso de la investigación fueron detectados varios eventos en los que habría participado la organización delictiva.
En febrero del año en curso murieron cinco ciudadanos venezolanos, entre ellos un menor de edad, que eran movilizados ilegalmente junto a otros migrantes en un bus que cubría la ruta Maicao (La Guajira) – Guayaquil (Ecuador). El automotor se accidentó en el puente La Magdalena en Ipiales (Nariño), antes de cruzar zona de frontera. En el siniestro 24 extranjeros resultaron heridos.
En septiembre de 2021, cuatro ciudadanos venezolanos, integrantes de una misma familia, fueron retenidos en el aeropuerto de Cartagena por portar prórrogas falsas en los pasaportes. El procedimiento se cumplió previo a que abordaran un avión que tenía como destino Ciudad de México.
En agosto de 2021, una joven venezolana habría salido por el aeropuerto de Cartagena con una prórroga falsa en su pasaporte que le fue suministrada por la red criminal. Al llegar a México, las autoridades detectaron la ilegalidad y deportaron la mujer a Colombia. Días después fue expulsada de territorio nacional.
En noviembre de 2020, cuatro dominicanos fueron capturados en el aeropuerto de Cartagena por portar pasaportes colombianos que habrían sido tramitados con registros civiles falsos que los acreditaban como nacidos en el país. Uno de los extranjeros fue expulsado.
Captura y judicialización
Las personas que harían parte de la estructura fueron capturadas en un trabajo conjunto de la Fiscalía, la Policía Nacional y Migración Colombia, en diligencias realizadas en distintos municipios de Atlántico, Córdoba y La Guajira.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a los detenidos, según el posible nivel de participación, los delitos de concierto para delinquir, tráfico de migrantes y falsedad material en documento público. Cinco de los procesos aceptaron cargos, estos son:
Rolando Iglesias Sanjuan, oficial de Migración Colombia en Paraguachón (La Guajira).
Ramón Antonio Toncel Ariza, presunto responsable de la falsificación de los documentos y prorrogas en los pasaportes que usaban los extranjeros para permanecer en el país o pasar por los puestos migratorios.
Lucy Patricia Conrado Manotas y Diana Patricia Hernández Almanza, señaladas de recibir a los migrantes que contactaba la organización y brindarles hospedaje mientras les ubicaban pasaportes, cédulas de extranjería y otros documentos.
Gustavo Moya Puertas, propietario de una empresa de transporte de pasajeros con sede en La Guajira y Cesar. El material de prueba indica que, al parecer, ofrecía paquetes de alojamiento, alimentación y transporte de migrantes. Asimismo, habría coordinado el traslado y la logística del grupo de ciudadanos venezolanos que se accidentó en Ipiales (Nariño) intentando llegar a Ecuador.
Los otros procesados son:
Rafael Púa Ríos, servidor de Migración Colombia que cumple funciones en los filtros del aeropuerto Ernesto Cortizzos. En la investigación se conoció que, al parecer, fue el funcionario que selló el pasaporte de la ciudadana venezolana que salió del Colombia y fue expulsada de México.
Jorge Williangton Cabral Suárez, quien estaría involucrado en la captación de migrantes en La Guajira, y la obtención de sellos y documentos para garantizarles el tránsito por el país.
Óscar Gabriel Dickson Herrera, presunto mediador.
Respecto a Arlington Camargo Diaz, señalado de llevar ciudadanos extranjeros a Valledupar (Cesar) para facilitarles la documentación necesaria para transitar y salir del país, durante las audiencias concentradas manifestó su voluntad de suscribir preacuerdo con la Fiscalía y aceptar su responsabilidad en los hechos.
Por disposición de una juez de control de garantías de Barranquilla todos los procesados deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de residencia.
