El Ministerio de Transporte aseguró que, debido a los problemas, no se autorizará a la aerolínea llegar a ColombiaHabrá turbulencia en el único vuelo en que no debería presentarse el menor inconveniente. Y turbulencia fuerte. La historia, que conoció Caracol Radio, y a la que en varios escenarios del gobierno colombiano han intentado bajarle el tono, está subiendo de temperatura en la medida en que se acerca el día en que tendremos los primeros vuelos, la reintegración de comunicación aérea, entre Colombia en Venezuela.
Dos aerolíneas tienen todo listo para operar. Desde Colombia, Wingo, filial de Copa, operará la ruta Bogotá-Caracas y Caracas-Bogotá, utilizando los aeropuertos El Dorado y Maiquetía.
Del lado venezolano, la aerolínea escogida es Conviasa, que hace cinco años no vuela a Colombia. Conviasa tiene origen estatal: el 30 de marzo de 2004, el entonces presidente Hugo Chávez estampó su firma en el decreto que le dio vida. En sus comienzos, la aerolínea pertenecía al desaparecido Ministerio de la Producción y el Comercio, pero pasó a la órbita del Ministerio del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo.
Lo que nadie se atreve a comentar públicamente, y que sería origen de tremendos líos, es que Conviasa está incluida en la llamada Lista Clinton. Un recorderis: La Lista Clinton es como se denomina de manera informal a una serie de registros en que son incluidas las personas naturales y jurídicas frente a las cuales el presidente de Estados Unidos (o la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, OFAC) han dispuesto sanciones económicas, vinculadas ellas a narcotráfico o a otras motivaciones muy variadas.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos procedió a incluir a Conviasa en la lista de personas jurídicas sancionados por tener vínculos con el gobierno de Nicolás Maduro. Sanción que cobija a cerca de 40 aeronaves que opera la aerolínea.
El problema radica en que quienes tengan algún tipo de relación, desde lo económico, lo laboral e incluso lo político, con quienes hacen parte de la Lista Clinton, se exponen a sanciones que dificultan su operación o su relación económica con compañías o entidades de los Estados Unidos y, además, se exponen, como quienes figuran en las listas, a la pérdida de la visa.
Quienes hagan parte de la Lista Clinton o aquellos que se relacionen con ellos, pueden perder el acceso al sistema financiero, dentro y fuera de los Estados Unidos. A eso súmese, si es que no se pierde la visa, dificultades en el tránsito por los Estados Unidos, inclusión en lista de personas no gratas en aerolíneas y eventual extensión de estas sanciones a familiares y allegados.
¿Quién es el funcionario colombiano que autorizará la llegada del vuelo de una aerolínea en lista Clinton? ¿Qué consecuencias puede tener para los operadores del aeropuerto El Dorado permitir el aterrizaje? ¿Las empresas que manejan el equipaje están dispuestas a hacerlo so pena de ser sancionadas? ¿Los pasajeros que compren los tiquetes de Conviasa se exponen a sanciones? La preocupación es enorme y el gobierno ha desestimado las numerosas alertas que se le han hecho en este sentido.
De enorme miopía el no tener en cuenta no solo las advertencias, sino, las noticias recientes sobre el particular: toda la novela de la detención del avión venezolano en Argentina, aparato de la aerolínea Emtrasur, filial de Conviasa, tiene que ver con este mismo asunto. Dígase lo mismo del reciente incidente, en Chile, donde diez iraníes aterrizaron en Conviasa.
