Esto se dio como consecuencia de las autorizaciones que le fueron otorgadas al Alcalde para la implementación de un nuevo operador de acueducto y alcantarillado en el municipio de Soledad.
En tal sentido, así lo decidió la Procuraduría Provincial de Barranquilla, quien abrió una investigación disciplinaria en contra de los concejales de Soledad, mediante la cual buscará poder determinar las conductas en las cuales han podido haber incurrido con la aprobación del Acuerdo que le otorgó facultades al Alcalde, Rodolfo Ucrós Rosales, para la implementación de un nuevo operador para los servicios de acueducto y alcantarillado.
La orden para la apertura de la investigación disciplinaria fue ordenada por Jorge Antonio Vásquez, Procurador Provincial, quien fundamentado en una en una queja presentada por un Concejal, así lo decidió.
Frente a la investigación y las diligencias propias del caso, fue comisionado Lenin Vizcaino Sierra, asesor adscrito a dicho despacho.
Es de resaltar que en la queja presentada argumentan que para comprometer vigencias futuras excepcionales, para concretar la concesión por 25 años, el proyecto debería declararse de importancia estratégica y para ello se necesitaba que cumpliera cinco condiciones, de las cuales según dijo solo tiene dos: su inclusión en el Plan de Desarrollo y en el banco de proyectos.
Asimismo la queja formulada, señala que fueron omitidos ítems como el hecho de haber estado incluida la iniciativa en el plan de inversiones, que en el marco fiscal se encuentre incorporado el impacto en las finanzas que tiene al comprometer esa suma de dinero (aproximadamente 1.3 billones de pesos) a 25 años y por último que cuente con estudios técnicos de ingeniería de detalle.
Por su parte, el Ministerio Público en su escrito argumentó que “el proyecto no tiene estudios de ningún tipo y que la ley lo exige para este tipo de iniciativas. Esos estudios deben contener la parte clínica, técnica, económica y ambiental, porque se va a usar el rio para sustraer agua de allí en una planta de 2 mil litros por segundo y que eso no afecte el cauce y todo lo concerniente a esa cuenca hidrográfica”.
Por lo anterior, el Ministerio Público le solicitó a la Procuraduría investigar a los funcionarios que dieron el aval “por las presuntas irregularidades cometidas, entre ellas falsedad en documento público, prevaricato por acción y otras faltas disciplinarias que a su parecer se cometieron”, sosteniendo además que para ello, debió estructurarse un proyecto planificado y que garantizara la prestación del servicio de agua en el municipio.
Igualmente aprovechó para recordar que, “todos sabíamos que la concesión con Triple A se terminaba en 2022, que debió hacerse desde el año 2020, todo lo que hoy se quiere hacer en tres meses. Desde 2020 se debió empezar todo el proceso de terminar la concesión e iniciar la nueva apertura licitatoria. Un proyecto como estos de gran envergadura necesita todos esos estudios y lineamientos de ley”.
En cuanto al porcentaje de usuarios que hoy reciben el servicio de agua y que la empresa Triple A alude que es dueña del 52%, sostiene que ese hecho no está alejado de la realidad.
“La ley establece que para la prestación de servicios públicos se permite la libre competencia y Triple A asegura que el 52% de usuarios le presta el servicio de manera directa, ¿Cómo el Concejo de Soledad pudo autorizar que se concesionaran todos los servicios públicos del municipio sobre lo cual no tenemos potestad?“, recalcó.
Finalmente afirmó que este proyecto se debió planificar con tiempo para aclarar todos los puntos y acordar con Triple A la entrega, en la fecha correspondiente, de la estación de bombeo.
