Un juez con funciones de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario al suboficial activo del Ejército Nacional Diego Alberto Liévano Acuña, tras la incautación de abundante material del uso privativo de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, que había extraído de la institución al parecer para venderla a grupos armados ilegales.
El proceso contra Liévano Acuña se inició el pasado 9 de abril cuando personal del Gaula Militar capturó a un sujeto en vía pública de la ciudad de Arauca, capital del departamento del mismo nombre, que transportaba el material de intendencia de uso exclusivo del Ejército y la Policía.
En poder de esta persona se encontraron los siguientes elementos: 59 bastones tipo tonfa, 10 cantimploras, 64 cinturones con hebillas de seguridad, 57 cinturones multipropósitos, 125 reatas verdes, 67 coderas tácticas, 41 hamacas, 126 jarros metálicos, 19 morrales de campaña, 54 ponchos pixelados, 131 porta cantimploras pixelados, 61 portatonfa, 186 sobre carpas y 24 tulas, todo ello evaluado en más de 70 millones de pesos.
La captura declaró que todos estos elementos se los había entregado el suboficial Diego Alberto Lévano Acuña.
El pasado 11 de junio, con el material recaudado por una fiscal seccional estructura de apoyo – EDA de Arauca, unidades del CTI de la Fiscalía hicieron efectivo la captura de Liévano Acuña en las instalaciones de la Décima Octava Brigada, con sede en la capital araucana .
La Fiscalía estableció que dichos elementos reposaban en los inventarios de la Décima Octava Brigada, de donde probablemente habrían sido extraídos por el implicado cuando ejercía como encargado del almacén.
Se presume que dichos elementos tendrán como destino los grupos al margen de la ley que delinquen en el departamento de Arauca.
La Fiscalía imputó al suboficial por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación, fraude procesal y falsedad en documento privado.
En el desarrollo de las audiencias el procesado acepta su responsabilidad y un juez con funciones de control de garantías le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad consistente en detención domiciliaria, la cual cumplirá en la ciudad de Bogotá una vez el Instituto Nacional Penitenciaria y Carcelario (INPEC) realizar los trámites para su traslado.
