El presidente Gustavo Petro posesionó a Laura Sarabia Torres como directora del Departamento de Prosperidad Social, DPS, entidad que fija y pone en marcha las políticas y los programas que brindan atención, reparación y reintegración social y económica a las víctimas de la violencia y las poblaciones más vulnerables del país.
El nombramiento se dio en medio de las críticas, teniendo en cuenta que hace algunos meses Sarabia Torres salió de su cargo como jefa de Gabinete de la Presidencia por las presuntas irregularidades presentadas al someter a la prueba del polígrafo a la señora Marelbys Meza, quien trabajaba para la entonces funcionaria como niñera de su hijo.
Una de las primeras personas en pronunciarse fue la senadora por el Centro Democrático, María Fernanda Cabal, quien señaló: “mientras son imputados cuatro miembros de la policía por la actuación del polígrafo contra Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia, ella toma posesión en uno de los cargos más poderosos del Estado donde manejará casi 11 billones de pesos”, cuestionó.
De igual forma, se refirió a la posesión, el senador Jota Pe Hernández, señalando: “Laura Sarabia, la misma que no le pagaba la seguridad social a su trabajadora, que viola la ley y que hoy la Fiscalía investiga por presunto abuso de poder, será la encargada de manejar la platica de los colombianos”, precisó.
¿Cuál es la función del Departamento de Prosperidad Social?
De acuerdo con la Presidencia de la República, se trata de un departamento que trabaja integralmente en la formulación y ejecución de políticas sociales, además de realizar la coordinación de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Centro de Memoria Histórica.
Para lo anterior, el departamento está a cargo del programa tránsito a Renta Ciudadana, al que el Ejecutivo destinó $7 billones para garantizar la atención a las familias beneficiadas. Dicho programa beneficiará a cerca de 3,3 millones de hogares, 1,4 millones más de los que tuvo Familias en Acción a su cargo, lo que representa un aumento de 42,4% en cobertura.
Con ello, el Gobierno Nacional garantiza un ingreso digno, de hasta $500.000 mensuales, a las familias en pobreza extrema, pobreza moderada y vulnerabilidad.