La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó de manera expedita una reforma que permitirá a Daniel Ortega continuar en la presidencia y a su esposa Rosario seguir como vicepresidenta del país por un año más, consolidando aún más su control sobre el país. La medida, impulsada sin mayor debate, evidencia el dominio absoluto del oficialismo sobre el poder legislativo y la falta de contrapesos en el régimen.
Desde su regreso al poder en 2007, Ortega ha reformado la Constitución en 12 ocasiones, adaptándola constantemente a sus intereses políticos y eliminando cualquier obstáculo que pudiera amenazar su permanencia en el gobierno. Un claro ejemplo de ello ocurrió en las elecciones de 2021, cuando su régimen encarceló a nueve candidatos presidenciales de la oposición, asegurando así su reelección sin competencia real.
Organismos de derechos humanos han denunciado reiteradamente la deriva autoritaria del país y la falta de garantías democráticas, en un contexto donde la represión contra opositores, periodistas y activistas es una constante. Con esta nueva maniobra, Ortega refuerza su control sobre Nicaragua, dejando aún más lejos la posibilidad de un cambio democrático en el corto plazo.