“Después de estos siete meses de arduo trabajo, ahora dependemos de nuestros testigos electorales”, dijo Gustavo Petro en la recta final de la campaña presidencial. Hablaba de las 83 mil personas que se convirtieron en el andamiaje más grande de la campaña y a quienes bautizó los “guardianes del cambio”.
Aunque se presentó como un ejército de voluntarios para custodiar las elecciones, el portal digital La Silla Vacía documentó que por lo menos 1.000 de ellos, repartidos en ocho regiones del país, recibieron pago por su trabajo en la primera vuelta.
Estos pagos, de una operación sin precedentes de testigos, no fueron registrados por la campaña de Petro ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).
La investigación se refiere a una megaoperación de testigos y solo con lo que encontró La Silla Vacía la campaña de Petro habría violado el límite de gastos. En primera vuelta el presidente estuvo a 19 millones de pesos del tope y los pagos confirmados suman al menos 30 millones de pesos. Esa cuenta ni siquiera incluye lo que facturó el estratega Vendrell.
Ocultar información en los reportes y superar el límite de financiación son delitos. La responsabilidad recae directamente sobre el gerente de la campaña, Ricardo Roa, el recién nombrado presidente de Ecopetrol.
El presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez también son corresponsables y responden solidariamente por esas faltas.
Durante toda la campaña de 2022, el ahora presidente Gustavo Petro ambientó la idea de que podía ser víctima de fraude electoral y en varios momentos alertó sobre un posible “golpe contra el voto popular”.
El Pacto Histórico inscribió a 71 mil testigos en la primera vuelta y a 83 mil para la segunda, una cifra sin precedentes en una campaña presidencial. Todos tuvieron la tarea principal de tomar fotos a los formularios E-14 (en los que se registra la votación) y enviarlas por una aplicación diseñada por la campaña para que en Bogotá pudieran hacer un conteo paralelo de los votos y alertar sobre alguna irregularidad.
Xavier Vendrell, fue quien estuvo al frente de la coordinación de la estrategia de testigos electorales.
“Yo, por ejemplo, en la campaña fui la persona que gestionó los testigos electorales (…) una operación con un éxito que hasta ese momento nunca en Colombia un partido había tenido 86.000 testigos electorales en unas elecciones”, aseguró sobre los resultados de su labor en una entrevista en Caracol Radio en marzo pasado.
En Antioquia, Arauca, Boyacá, Caldas, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Norte de Santander y Santander, La Silla Vacía entrevistó a 23 coordinadores de testigos electorales del Pacto Histórico que dirigieron al menos a 1.000 testigos en la primera vuelta y que afirman que la campaña pagó un auxilio económico por esa labor.
Todos dicen que recibieron pagos a través de plataformas de giros como Su red, Susuerte y Supergiros que podían reclamar con su número de cédula. La campaña tenía esos datos porque tuvo que inscribirlos en la Registraduría y tenía un andamiaje logístico completo de la operación.
El portal también reveló que tuvo acceso a los reportes completos de contabilidad de la campaña, a través de un derecho de petición. Ninguna de las personas aparece reportada dentro de las 358 páginas del documento entregado al CNE, como lo exige la ley.
En Caldas, el gestor logístico del Pacto, Fernando García, explicó que “la campaña nacional les hizo un reconocimiento por su labor desinteresada y les dio 30 mil pesitos por Susuerte. Cada uno se inscribía en una plataforma y la campaña le hacía ese reconocimiento a ese testigo directamente”.
En algunos casos el pago fue superior, como lo prueba este pantallazo.
Este es un chat entre Fernando García, logístico departamental de Caldas del Pacto Histórico, y un coordinador municipal de testigos en Caldas.
En Chocó, coordinadores de Cantón de San Pablo, Istmina y Unguía, que manejaron 122 testigos, también afirman que el Pacto Histórico les pagó en primera vuelta: “Les reconocieron 40 mil o 50 mil pesos que les consignaron a los testigos por SuperGiros”, dijo Jorge Lloreda, coordinador municipal en Istmina, quien tuvo a su cargo 75 testigos.
En la costa pacífica chocoana, pasó lo mismo. Alberto Ángulo, quien coordinó a 21 testigos en Nuquí, explica que quienes vigilaron las elecciones ese día “recibieron la bonificación que les giraban directamente” y que ese monto era de “50 mil pesos para cada uno”.
En la región Caribe, en Sahagún, Córdoba, también confirmaron el pago.
“Para la primera vuelta les llegó a cada uno un aporte de unos 25 mil o 30 mil pesos. Allí se cubría el gasto del plan de datos y el reconocimiento”, dijo Esteban Abad, quien dirigió a 175 testigos en el municipio.
En Montería, también en Córdoba, Nelida Salcedo, quien fue testigo en las dos vueltas presidenciales, aseguró que recibió pago por su trabajo en la primera vuelta. “Nos dieron 50 mil pesos”.
En el otro extremo del país. En Tibú, Norte de Santander, José Vaca, quien coordinó a 80 testigos electorales para la primera vuelta también confirmó los pagos. “Dieron unos 60 mil por Su Red. Aquí no se usa el tema de pagar, sino una ayuda para el tema de transporte e hidratación”.
En Arauca también hubo pagos a los testigos. Lo confirmó el coordinador departamental, Edgar Murillo. Al igual que en los otros departamentos, los pagos los hacían mediante una plataforma de giros con el número de cédula del testigo. “Esa primera vez se pagó a las personas de manera directa 30 mil pesos”.
Que existía una estrategia de apoyos económicos para testigos electorales era un hecho ampliamente reconocido dentro de las bases del Pacto Histórico en las regiones. Por ejemplo, en Antioquia, Santiago Franco, quien fue enlace de testigos para Sabaneta, aseguró: “tengo entendido que (los pagos) fueron en todas partes. Eso fue muy coordinado y fue muy abierto el tema”.
La expectativa que generó el pago de primera vuelta se trasladó para la segunda vuelta. Pero para esa votación no hubo giros de plata, según explicaron a La Silla coordinadores electorales en Arauca, Caldas y Norte de Santander.
“En la segunda fue voluntario porque se gastaron un platal en la primera vuelta y eso unos testigos ni fueron, entonces en la segunda ese recurso se usó más en la logística, pero no de testigos, sino de la campaña en sí”, señaló Jorge Vaca sobre lo que pasó en Tibú, Norte de Santander, al mismo portal La Silla Vacía.
Esas versiones encajan con que en los días posteriores a la segunda vuelta presidencial empezaron a conocerse quejas en redes sociales y en medios de comunicación locales sobre testigos electorales que se quedaron esperando sus pagos. Las quejas pasaron desapercibidas en medio de la ola de noticias de la llegada de Petro al poder.
En Twitter La Silla Vacía encontró quejas de diferentes partes del país que reconocían el pago de primera vuelta y reclamaban el pago en segunda.
Todos los gastos de los testigos han debido ser contabilizados y reportados por la campaña del Pacto Histórico.
“Todo tipo de gastos deben ser reportados, incluyendo los gastos en que se incurra para tener un equipo durante el día de las elecciones, testigos electorales, y el personal durante la jornada de escrutinio. Todos deben ser reportados en el aplicativo Cuentas Claras”, explicó Marlon Pabón, abogado experto en derecho electoral de la Misión de Observación Electoral, MOE.
Según La Silla Vacía, la campaña declaró que se gastó 28.517 millones de pesos en primera vuelta. Estuvo a 19 millones de pasarse el tope establecido por el CNE. Es decir, que si la campaña de Gustavo Petro hubiera contabilizado los 30 millones de pesos que pagó a los testigos contactados por La Silla habría excedido el límite legal en 11 millones de pesos. Ocultar gastos y exceder los topes es una conducta penalizada que puede ser investigada por la Fiscalía.
