Cuando pensábamos que habíamos tocado fondo con la polarización que afecta al país y que todos los días convierten a las redes sociales y tertuliaderos en un interminable tinglado donde unos y otros dirimen a punta de ofensas y memes sus diferencias políticas, se conoció la decisión de la Corte Suprema de Justicia de cobijar con medida de aseguramiento y detención domiciliaria al senador y ex presidente Álvaro Uribe.
Desde ese momento, las aguas se revolvieron mas de lo normal y el espiral de polarización y odio siguió profundizándose, en cabeza de los calenturientos pronunciamientos de algunos líderes y reconocidos simpatizantes y malquerientes de Uribe.
Desde solicitudes de convocatoria de una asamblea constituyente para reformar la justicia, hasta el regreso del viejo anhelo de algunos sectores de crear una sola corte, hicieron parte de la galería que ambientaba el lamentable escenario de los odios políticos.
Recordemos que, por obra y gracia del fanatismo reinante, hoy en este país es completamente normal que se califique la idoneidad, imparcialidad y soberanía de los tribunales, de acuerdo con el nivel de afectación que le genere al bando político los fallos de dichos jueces. Una forma de politizar la justicia y judicializar la política.
Ejemplos del desconocimiento de fallos existen muchos, como olvidar que el hoy senador y ex alcalde de Bogotá Gustavo Petro, convocó en su momento a sus seguidores a una protesta indefinida en la plaza de Bolívar, por un fallo de la Procuraduría General de la Nación que lo destituyó e inhabilitó por las presuntas irregularidades en la contratación del esquema de recolección de basuras en la capital del país. Hacerse la víctima de los organismos de control y jueces y reducir sus fallos a una “persecución política” parece ser el facilista y mediático camino que toman algunos lideres políticos.
Si bien es cierto que la decisión de la Corte Suprema a mi juicio es excesiva y desproporcionada, sobretodo porque hace algún tiempo ese tribunal no utilizó el mismo rasero para manejar el caso de un reconocido delincuente solicitado en extradición como el hoy prófugo Jesús Santrich, no menos cierto es que las presuntas conductas delictivas cometidas por el senador Uribe y que motivaron la apertura del proceso en su contra, nada tienen que ver con la discusión de si fue o no un buen presidente. Son hechos que se desarrollaron mucho después que Uribe saliera de sus dos periodos de gobierno. Nada tiene que ver lo uno con lo otro.
Pero, lo ocurrido la semana anterior no es mas que el último capitulo de una tormentosa y tóxica relación entre la Corte Suprema de Justicia y Álvaro Uribe. Recordemos que durante el periodo 2002-2010, ese alto tribunal denunció que los teléfonos de algunos magistrados estaban siendo intervenidos de manera ilegal por organismos de seguridad del Estado.
Incluso, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, condenó en su momento a la Nación representada por el extinto Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, y el Departamento Administrativo de la Presidencia, DAPRE, por los seguimientos ilegales contra Iván Velásquez, quien se desempeñaba como magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia.
En el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se resalta que el Departamento Administrativo de la Presidencia promovió las operaciones de inteligencia del DAS, teniendo en cuenta que el entonces director de esa dependencia presidencial era el destinatario de la información a sabiendas que la misma se obtenía a través de procedimientos ilegales.
En ese mismo sentido, fueron condenados dos empleadas de servicios generales de la Corte Suprema de Justicia y hasta el ex conductor del magistrado auxiliar Iván Velásquez, acusados de instalar los micrófonos a través de los cuales escuchaban las conversaciones privadas de los magistrados del alto tribunal y las investigaciones que adelantaba el citado togado.
Mas recientemente, se presentó otro escándalo por la filtración del fragmento de una interceptación telefónica, correspondiente a una conversación que sostenía el senador Álvaro Uribe con Juan Guillermo Villegas, donde en uno de sus apartes se escucha decir a Uribe “esta llamada la están escuchando esos hijueputas”, mensaje que obviamente tenía como destinatarios específicos a los magistrados de la Corte que lo investigaban.
Pero, los duros choques entre la Corte Suprema y Uribe, también incluyen un intenso mano a mano derivado del fallo que condenó a 17 años de prisión al ex ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, por los delitos de celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros.
Y es que Arias era la carta fija de Uribe como candidato presidencial en las elecciones de 2010 y depositario de todo su afecto y confianza. La corte deberá revisar el fallo contra Arias, en cumplimiento de lo dispuesto por una acción de tutela presentada ante el Consejo de Estado. Será otra decisión polémica, sin importar cual sea el sentido del fallo.
Ahora bien, la Corte Suprema de Justicia, la misma que hace muchos años sufrió en carne propia las consecuencias del terrorismo puro y duro, aquel 6 de noviembre de 1.985, cuando un comando del M-19 ingresó a sangre y fuego al Palacio de Justicia y tras combates con tropas del Ejercito, fueron masacrados 11 de los magistrados de la Corte, entre ellos su presidente Alfonso Reyes Echandía, la misma Corte a la que no le ha temblado la mano para aprobar la extradición de cientos de delincuentes, especialmente narcotraficantes, para que paguen por sus crimines cometidos en el exterior, entre ellos alias Sonia y alias Simón Trinidad, no debe ser hoy calificada como “castro chavista” o de izquierda, solo por una decisión que no les conviene a un sector político del país.
Está claro, que los magistrados no son exactamente ángeles y que los escabrosos episodios del Cartel de la Toga y los magistrados directamente involucrados en él son una verdadera vergüenza para el país, pero no por eso se debe lesionar deliberadamente el nombre de una institución metiendo en la misma bolsa a todos sus miembros, sería tanto como crucificar al Congreso porque Mancuso dijo en su momento que el 30 por ciento de sus miembros fueron elegidos con el apoyo de las autodefensas o satanizar la figura presidencial por el ingreso de dineros del narcotráfico a la campaña del entonces candidato Ernesto Samper.
En tiempos de profundas crisis y discusiones de Estado, odios y cabeza caliente no son buenos consejeros, al contrario, son detonantes. Esperemos que Uribe tenga un juicio justo y que sus seguidores y los sectores mas beligerantes que lo acompañan, entiendan que nadie está por encima de la ley, pero que también la Corte Suprema de por sentado que su papel es administrar justicia, no venganzas.
Los leo en [email protected] y en Twitter, @jpserna
