Por: Jorge Vergara Carbó
La firma brasilera Odebrecht se dedicó en América Latina a ganarse contratos a punta de coimas, Colombia no podía ser la excepción. Lo sorprendente de este caso, es que quién inició la investigación sobre Odebrecht y su relación con el grupo Aval fue el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) y la Comisión de Valores de ese país (SEC), en el año 2018. Investigación que adelantaron funcionarios del FBI y de la SEC. Esa investigación la abrieron debido a que las acciones del Grupo Aval cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York.
Según las investigaciones del DOJ, “entre 2012 y 2015, Corficolombiana se unió en una asociación delictuosa para ofrecer y pagar más de $23 millones de dólares estadounidenses en sobornos a altos funcionarios del gobierno colombiano con el fin de obtener un contrato para construir y operar una autopista de peaje conocida como la Ampliación Ocaña-Gamarra. Corficolombiana se unió en una asociación delictuosa con Odebrecht S.A. Un conglomerado mundial de la construcción con sede en Brasil para pagar sobornos a funcionarios del gobierno colombiano de las ramas ejecutiva y legislativa y a un ejecutivo de la entidad de infraestructuras de propiedad estatal de Colombia, con el fin de obtener los derechos para construir y operar la Ampliación Ocaña-Gamarra”.
Continúa diciendo la DOJ: “Para llevar a cabo el ardid de sobornos, Corficolombiana causó que otras entidades firmaran contratos ficticios con empresas asociadas con intermediarios que pasaban los pagos de sobornos a los funcionarios del gobierno colombiano. En última instancia, Corficolombiana obtuvo aproximadamente $28,63 millones de dólares estadounidenses de ganancias provenientes de los negocios obtenidos de forma corrupta”. Corficolombiana pagará una sanción penal de $40,6 millones de dólares estadounidenses. El Departamento ha acordado descontar hasta la mitad de esa sanción penal del dinero que la empresa y su filial, Estudios y Proyectos del Sol SAS (Episol), pagaron a la Superintendencia de Industria y Comercio (S.I.C.) de Colombia, por violaciones de las leyes colombianas relacionadas con la misma conducta, siempre que la empresa y Episol desistan de apelar la resolución de la SIC. Además, Corficolombiana pagará más de $40 millones de dólares estadounidenses en concepto de reembolso por daños y perjuicios e intereses como parte de la resolución de la investigación paralela de la SEC”.
En total la sanción a pagar es de US$60,6 millones, y durante los próximos tres años tiene que seguir colaborando con la justicia norteamericana. El grupo Aval con este acuerdo logró que sus funcionarios fueran excluidos de investigación penal alguna en los Estados Unidos a excepción de su expresidente José Elías Melo, a quién le cargaron todas las culpas y fue condenado en el país a pagar 11 años y nueve meses. El mismo José Elías Melo, a raíz del acuerdo, negó ser culpable de soborno y manifestó que con el mismo se le limita su defensa en Colombia. Al igual que José Elías Melo, están condenados por ese caso el exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales, a 5 años de prisión; el senador Bernardo “El ñoño” Elías, condenado a 6 años y 8 meses, que hoy goza de libertad y fue recibido como un héroe en Sahagún, su ciudad natal, hace mes y medio; Otto Bula, condenado a 5 años y cuatro 4 meses; los empresarios Federico Gaviria y Eduardo José Zambrano; los hermanos Enrique Ghisays Manzur, condenado a 10 años, y Eduardo, a 3, por lavado de activos, ellos fueron los encargados de legalizar la plata a través de cuentas en paraísos fiscales como Andorra y Angola. Amigos de García Morales involucraron a Juan Sebastián Correa, un funcionario que terminó colaborando con la justicia y quedó libre. Queda pendiente del caso Luís Fernando Andrade, exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) que no ha sido condenado porque su juicio se ha prorrogado y lo investiga también la Procuraduría.
Las investigaciones que adelantaba la Fiscalía sobre entrada de dineros a las campañas de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga, fueron en principio cerradas por la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez y la Comisión de Acusaciones de la Cámara, en el caso Santos, pero recientemente la Fiscalía abrió investigación en contra de Zuluaga y de su hijo por haber recibido dinero de Odebrecht para su campaña, pagándole los honorarios al asesor político Duda Mandoca, contratado por Óscar Iván Zuluaga.
A raíz del acuerdo entre el grupo Aval y la justicia norteamericana, la Fiscalía de Colombia decidió incriminar a 55 personas entre funcionarios y empresarios involucrados en el escándalo de Odebrecht. Entre ellos acusa al presidente de Odebrecht y otros funcionarios brasileros de esa firma que trabajaron en Colombia. La Fiscalía anterior los había ignorado. Igualmente, el presidente Petro, mediante la red X (antes twitter) le pidió al Fiscal proceder a reabrir la investigación del caso Odebrecht.
El acuerdo que establece el grupo Aval en Estados Unidos dice que Melo, expresidente de Corficolombiana fue el único de los miembros del grupo que sobornó con 26 millones de dólares del grupo a funcionarios y políticos. Melo solo confesó 6.000 millones de pesos de sobornos a la justicia colombiana. Alguien miente. El proceso debe reabrirse en el caso Melo.
Petro Gustavo “He ordenado a la cancillería de Colombia utilizar todos los mecanismos de colaboración jurídica con los gobiernos de los EEUU y Brasil para establecer los daños y las reparaciones que la confesión del grupo Aval genera al estado colombiano Los brasileros que incurrieron en delitos en Colombia gozan de total impunidad y Odebrecht no ha pagado un peso de las multas impuestas en Colombia. Los contratos entre Corifcolombiana y el Estado colombiano deben ser revisados, comenzando por el contrato de estabilidad jurídica a la luz de la ley colombiana. Le solicito respetuosamente a la fiscalía reabrir los casos, si es necesario del proceso de Odebrecht/Aval y hallar los destinatarios de los sobornos”.
Petro Gustavo “Desde la superintendencia de industria y comercio hasta la fiscalía se dedicaron a dejar sin justicia el caso Odebrecht por defender los intereses particulares del grupo Aval. Hasta la multa les quitaron. Un momento de reflexión para nuestros órganos de control. ¿es más poderoso el dinero que la justicia?
Es importante recordar que tanto el hoy presidente, Gustavo Petro, como el hoy candidato a la alcaldía de Bogotá, Jorge Robledo, como senadores realizaron varios debates sobre los contratos de Odebrecht en el país, denuncias que fueron desatendidas por parte de la Fiscalía como por los otros órganos de control.
¿PAGÓ O NO PAGÓ ODEBRECHT COIMA EN EL CONTRATO DE NAVELENA? ¿PORQUÉ FISCALÍA Y PROCURADURÍA NO INVESTIGARON?
Sería bueno, señor presidente Gustavo Petro, teniendo en cuenta que la firma Odebrecht reconoció ante el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos que ellos, para asegurar sus contratos, sobornaban a funcionarios públicos, legisladores y ejecutivos de alto nivel y que habían entregado en los últimos años unos US$780 millones en coimas. Es decir, esta firma se especializó en el mundo, incluyendo su propio país, en sobornar para ganar. Por ello, señor presidente, le quiero pedir que incluya en la investigación que debe abrir la Fiscalía todos los contratos que Odebrecht firmó en Colombia, especialmente el contrato de Navelena, adjudicado el 13 de agosto del 2014, y legalizado el 13 de septiembre del mismo año, y empezó su operación el 26 de noviembre por un valor de $2,5 billones, unos US$837 millones de esa fecha, un contrato firmado en la gerencia del barranquillero Augusto García.
Navelena tenía como socios a Odebrecht (87%) y Valarcón (13%), una empresa de Julio Gerleín, hermano del fallecido senador Roberto Gerleín, y ni la Fiscalía ni la Procuraduría investigaron ese contrato a pesar de que debían tener conocimiento de que la empresa Odebrecht, para ganarse los contratos, ofrecía coimas. Además, ninguna de las dos empresas tenía experiencia en ese tipo de trabajos de la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena. Una Asociación Público Privada que fracasó y que incluso logró un préstamo por parte del Banco Agrario por $120.000 millones, dinero que estuvo a punto de perderse y por el que la Fiscalía no judicializó a nadie.
Sólo la Procuraduría sancionó, en primera instancia, a los miembros de la junta directiva del Banco Agrario como a varios funcionarios, pero en segunda instancia los exoneró de toda culpa sancionando solamente a dos vicepresidentas. Ese contrato fue denunciado en un documento que publicamos el 24 de diciembre de 2016 titulado “Odebrecht y Sacyr dos contratos que deben investigarse”. En el documento se le pedía a la Fiscalía que investigase a fondo la adjudicación de ese contrato dado que no es fácil entender que para su adjudicación Odebrecht no pagó coima alguna. ¿Usted que piensa?
QUÉ NO SE HA INVESTIGADO EN EL CONTRATO RUTA DEL SOL II
Todo fue bien orquestado entre el expresidente Juan Manuel Santos y el entonces senador de la república Iván Duque para lograr, en primera instancia, que las autoridades colombianas “no le declararan la caducidad a ese contrato”. Para ello Iván Duque le hizo llegar un comunicado el 23 de enero del 2017, radicado el 26 de enero al director de la SIC, Pablo Felipe Robledo, con el mencionado escrito, que se identifica como “caso Odebrecht-conductas contrarias al régimen de competencia”, en el que solicitó a la SIC para que interviniera en ese contrato por violación al régimen de libre competencia y establecer responsabilidades administrativas.
Pablo Felipe Robledo, ni corto ni perezoso, procedió, apoyado por otras investigaciones de la Fiscalía, la Procuraduría y el Tribunal de Cundinamarca, como del Consejo Asesor de Competencia de la SIC, y expidió la Resolución 5216 del 16 de febrero del 2017, decretando una medida cautelar en la que ordenó “la suspensión o cesión de los efectos” ordenando en dicha medida a la ANI “dar por terminado ese contrato de concesión, proceder a liquidarlo y estructurar una nueva licitación pública”. Finalmente, el contrato no se dio por terminado por la medida cautelar sino por mutuo acuerdo entre la ANI y el concesionario firmado el 22 de febrero del 2017.
Con esta decisión, se impidió hacer lo correcto que era “declararle la caducidad al Concesionario”. Esto era justamente lo que querían evitar el presidente Santos y el senador Iván Duque, como el director de la SIC para favorecer al grupo Aval en cabeza de su patrocinador de campaña, Luis Carlos Sarmiento Angulo y su hijo, para además poder reconocerle la plata que el grupo Aval le prestó a su propia empresa Episol y a su socio, Odebrecht, deuda financiera de $1,2 billones. Eso aunado a la posición de la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, quien fuera funcionaria del Banco de Occidente y pretendía pagar $1,2 billones a los bancos del grupo Aval, adelantándose al fallo del Tribunal de Arbitramento, que finalmente decidió anular por completo el contrato y sus otrosís, y ordenó pagar la diferencia entre lo ejecutado, un 52%, y lo pagado realmente: $211.273 millones.
Por otro parte, la Corte Constitucional en su fallo C-207 de 2019, declaró inexequible parcialmente los incisos de la Ley 1822 de enero 15 de 2018, en su artículo 20, y declaró exequible, bajo condicionamiento, el inciso primero, lo que permitió pagar las deudas de “terceros de buena fe”, argumento central de la Procuradora Margarita Cabello para exonerar de toda responsabilidad a los miembros de la junta directiva de Ecopetrol por el desfalco de Reficar por US$4.630 millones, todos actuaron de buena fe.
Las denuncias que sobre el contrato de la Ruta del Sol II, que hicieran los senadores Gustavo Petro, Jorge Robledo, los periodistas María Jimena Duzán y Gonzalo Guillén entre otros, como el contratista Miguel Nule al periodista Rafael Reyes, en cuya denuncia involucraba a los hijos de Álvaro Uribe, como a Andrés Felipe Arias (Uribito) en reunión que tuvieron en Panamá en las oficinas de Odebrecht y publicadas en el periódico Miami Herald en español, al igual que las denuncias de Jorge Enrique Pizano sobre el pagó de coimas en el contrato Ruta del Sol Dos hechas al Fiscal Néstor Humberto Martínez y a la Fiscal 80 Anticorrupción Amparo Cerón hoy ternada por el presidente Gustavo Petro al cargo de Fiscal General, a sabiendas que ella es como lo denuncia Daniel Coronel intima amiga de María Fernanda Cabal y del ex fiscal Néstor Humberto Martínez, lo que abre las puertas al Uribismo a seguir manejando la Fiscalía por otros cuatro años. El Fiscal Martínez desatendió las denuncias de Jorge Pizano, porque a él, no le interesaba investigar a Sarmiento Angulo, por tener nexos contractuales con el grupo AVAL. Tampoco le dio protección al denunciante Jorge Enrique Pizano al igual que la Fiscal Amparo Cerón, con quién Pizano hablo directamente con ella, pidiéndole protección para él, y su familia. Al poco tiempo en una muerte absurda Pizano se suicidó en su fuina al igual que su hijo. Hoy la justicia norteamericana le da la razón de sus denuncias, y por ello el Fiscal Barbosa abre investigación a 55 funcionarios. La Procuraduría tampoco investigó.
Lo mismo hicieron con el contrato de Navelena, ni Fiscalía, ni Procuraduría investigaron un contrato de US$837 millones, del año 2014, a pesar de las irregularidades presentadas y especialmente el tener conocimiento que esta empresa Odebrecht se gana los contratos a punta de coima.
Tampoco se ha investigado por la Superfinanciera y SuperSociedades los autopréstamos otorgados por el grupo Aval, a la empresa Episol de Corficolombiana, socia del contrato de concesión Ruta del Sol II. Fueron más de $600.000 millones, que le prestaron sus bancos.
Ahora esperamos que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes como la Fiscalía investiguen la entrada de dinero de Odebrecht a las campañas de Juan Manuel Santos y Oscar Iván Zuluaga, por montos superiores a los $3.4 millones, debidamente comprobado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), la Fiscalía ante declaraciones del grupo AVAL en el acuerdo con el DOJ.
Presidente Petro, razón tiene usted de exigirle tanto a la Fiscalía como a la Procuraduría que investiguen todo lo concerniente a los contratos de Odebrecht, especialmente la Ruta del Sol II y Navelena, y a la Procuraduría por la decisión de exonerar a los miembros de la junta directiva de Ecopetrol con las nuevas evidencias que se han venido presentando que permitirán condenar a quienes de una forma u otra han afectado el patrimonio de los colombianos .El daño más grande contra las finanzas del gobierno fue el contrato de REFICAR nos robaron US$4.600 millones, cifra que significa un 7.8%, del PIB del segundo trimestre de este año $240.3 billones.
Conclusión:
Todo fue debidamente programado para favorecer al grupo económico que financió gran parte de la campaña de los presidentes Santos y Duque, el grupo AVAL con su contrato con Odebrecht. Nombraron Fiscales amigo Néstor Humberto Martínez y Francisco Barbosa, coordinaron a: SIC, ANI, Super Sociedades, Super Financiera, Procuraduría, Magistrados, expidieron leyes como la 1822 de enero 15 de 2018, para proteger a terceros de buena fe, y autorizaron a los Fondos Privados de ahorro, a invertir parte de sus recursos en obras de infraestructura, un sector con alta corrupción en el país, con grandes problemas de ejecución en el tiempo, lo que los hace riesgosos, pero favorable para el grupo AVAL porque hoy es un gran jugador en las concesiones de vías de 4 G y 5G.
