Por: Ulahy Beltrán López
De acuerdo con Carissa F. Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), las bebidas azucaradas contribuyen en gran medida al sobrepeso y la obesidad, factores generadores de enfermedades cardíacas, diabetes y otras enfermedades graves relacionadas. Tanto es así que en el continente americano, el 64% de los hombres y el 61% de las mujeres, tienen sobrepeso u obesidad, siendo éstas las tasas más altas del mundo y las bebidas azucaradas grandes responsables de dicha situación. Consumir alimentos ultraprocesados y azúcares, que como se sabe carecen de los nutrientes que el cuerpo necesita para funcionar, y llevar un estilo de vida sedentario, han constituido una mezcla fatal que ha contribuido en gran manera a la actual epidemia de obesidad a nivel global.
¿Qué hacer para controlar o reducir este consumo? Parece que definitivamente la solución pasa por la aplicación de impuestos selectivos al consumo de este tipo de bebidas. Esta clase de impuestos grava las trasferencias de algunos bienes de consumo siendo pagados por el fabricante y se trasladan al consumidor a través de precios más altos. Según la OPS un impuesto selectivo que aumente el precio de las debidas azucaradas en un 25%, podría reducir su consumo en un 34%.
Etienne manifestó durante la reciente presentación del reporte La tributación de las bebidas azucaradas en la Región de las Américas, elaborado por la OPS, que “reducir el consumo de estas bebidas mejora la salud y los impuestos selectivos son una herramienta eficaz para lograrlo”. Indiscutiblemente, tributos de este tipo, que contribuyen al mejoramiento de la salud pública del país donde se aplican, no van a generar mayor rechazo en la población pues ésta resulta ser la directa beneficiada en su condición física por el desestímulo y la reducción de dicho consumo; el mayor rechazo casi siempre proviene en estos casos, por parte de quienes las fabrican y en menor proporción, por parte de quienes las consumen.
Sin embargo, el beneficio de este tipo de impuesto va más allá de la reducción de los factores de riesgo que pueden significarle en el futuro cardiopatías, diabetes y otras enfermedades a la población. Según la directora de la OPS, el beneficio incluye algunas consideraciones directamente relacionadas con la pandemia actual por Covid-19. Por ejemplo, según Etienne, las políticas efectivas como los impuestos a las bebidas azucaradas se han vuelto más urgentes en los actuales tiempos pandémicos, toda vez que científicamente se ha evidenciado que las personas con sobrepeso u obesidad o que padecen diabetes y cardiopatías, tienen mayor posibilidad de desarrollar las formas más severas de Covid-19.
De otra parte, se habla también del “triple beneficio” para los países que adopten impuestos selectivos sobre las bebidas azucaradas. Ese es el enfoque que al respecto hizo Anselm Hennis, director del Departamento de Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental de la OPS, quien ha dicho que este tipo de impuestos además de generar nuevos ingresos, permiten: (1) mejorar la salud de la población, (2) reducir los costos de la atención en salud a largo plazo, y (3) disminuir las pérdidas en productividad debido a enfermedades relacionadas con el sobrepeso y la obesidad.
El enfoque de Hennis es aún más amplio frente al uso que podrían tener para los países los nuevos ingresos derivados de los impuestos selectivos a las bebidas azucaradas con otros tres beneficios más: (1) serían fuente inmediata de ingresos fiscales para responder a la pandemia por Covid-19, (2) podrían financiar planes de reactivación económica, y (3) podrían utilizarse para ampliar la cobertura universal en la atención salud de la población.
Ese tipo de beneficios es seguramente lo que ha llevado a que cada vez sea mayor en el mundo la tendencia a que los países adopten estos impuestos sobre las bebidas azucaradas. Por ejemplo, ya 73 países en los diferentes continentes así lo han hecho y en las Américas, 21 países miembros de la OPS ya los han implementado a nivel nacional, así como en los Estados Unidos son ya 7 las jurisdicciones que a nivel local los han adoptado. Al respecto, Colombia sigue siendo uno de los pocos países que aún no lo ha hecho, ante el innegable peso dominante que tienen los fabricantes de estas bebidas en las decisiones fiscales y de salud pública del país.
En el caso de Colombia, si los congresistas no ceden a la presión de dichos fabricantes, tienen la oportunidad de impulsar este tipo de impuesto selectivo que le estaría generando en la inmediatez dos tipos de utilidades al país: de una parte nuevos recursos para cumplir las famosas metas fiscales (financiar planes de reactivación económica y ser fuente inmediata de ingresos fiscales para responder a la pandemia por Covid-19), pero principalmente permitir y optimizar la protección y atención de la salud de la población de este país (reducir los costos de la atención en salud a largo plazo, disminuir las pérdidas en productividad debido a enfermedades relacionadas con el sobrepeso y la obesidad y utilizarse para mejorar coberturas en algunos programas de atención en salud de la población).
Para países como Colombia que ha resultado fuertemente afectado por la pandemia, resulta un deber pensar cómo reduce en el corto plazo la carga de la enfermedad y este tipo de medidas tributarias fundamentadas en el impuesto selectivo a las bebidas azucaradas, con seguridad aumentará la capacidad como nación para que pueda reducir específicamente la carga de enfermedades no transmisibles, tal como dijo el doctor Hennis para los demás países de América.
Queda entonces la oportunidad para los congresistas, ante una recomendación directa de la misma OPS, de excluir a Colombia de la lista de los poquísimos países en América donde la salud de su población no se beneficia aún de tener un impuesto selectivo a las bebidas azucaradas. Este tipo de iniciativa les generaría mayor rédito electoral, credibilidad y confianza que lo que les ha pasado con la reforma tributaria que fue retirada hace unos días por el gobierno y la reforma a la salud que sigue su cuestionado trámite en el Congreso de la República.
