A menos de tres meses de las elecciones presidenciales de Brasil, el panorama político del país más grande y poblado de la región está plagado de incertidumbres alentadas por los cuestionamientos planteados por el actual mandatario, Jair Bolsonaro, sobre el sistema electoral y que se han intensificado en la medida en que los sondeos dan por ganador al candidato de izquierda y expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Según la última encuesta realizada por la agencia Quaest, en julio Lula obtuvo una intención de voto de 45 por ciento en la primera vuelta, que se llevará a cabo el próximo 2 de octubre, mientras que Bolsonaro, quien se espera lance su candidatura este domingo por el Partido Liberal en su cuna política, Río de Janeiro, suma el 31 %.
Y es que a pesar de que el actual presidente recortó distancia con respecto al sondeo de junio (47 por ciento contra 29 por ciento), aún permanece rezagado de su rival directo, con el que, de enfrentarse en una segunda vuelta, según la misma encuestadora, perdería. Quaest estima que Lula se alzaría con el 53 por ciento de los votos.
En la misma línea, un sondeo de Datafolha registra una diferencia de casi 20 puntos a favor de Lula, con un 47 % frente a un 28 % de Bolsonaro, aunque estima que, si se excluyen los votos nulos y en blanco, que no son tenidos en cuenta para el resultado final, el margen se ampliaría a 53 % frente al 32 %, por lo que al expresidente de 76 años le alcanzaría para hacerse con el poder en primera vuelta.
En ese sentido, el líder de derecha, de 67 años, ha insistido en que “no puede aceptar el resultado de octubre”, a menos de que el sistema actual, que hace uso de urnas digitales, sea reemplazado por papeletas impresas.
Y, pese a que intentó a toda costa promulgar una propuesta de ley en este sentido, esta fue bloqueada por la Cámara de Diputados.
La semana pasada, Bolsonaro arremetió una vez más en contra del mecanismo electoral ante más de 40 embajadores y diplomáticos de todo el mundo, a los que invitó a la residencia presidencial con el único fin de alegar una falta de transparencia en las urnas digitales.
Uno de los argumentos del mandatario para desconfiar del sistema es el supuesto fraude cometido en las elecciones de 2018, cuando Bolsonaro venció en segunda vuelta a Fernando Haddad.
El presidente insiste en que, por presuntos ataques informáticos, no pudo ganar en primera vuelta, algo que la Justicia no ha podido demostrar.
Asimismo, sus reproches salpican al Tribunal Superior Electoral (TSE), sobre el cual aseguró en la misma reunión que tiene “claros vínculos con la izquierda”. Esto luego de que, a comienzos del 2021, el Supremo anuló las condenas sobre corrupción que pesaban contra de Lula (lo que le permitió regresar a la contienda electoral) y por las que pasó más de año y medio en prisión.
Y en su estrategia para desestabilizar la confianza del electorado sobre el sistema de votación, Bolsonaro ya había generado una campaña de hostilidad en contra de la Corte Suprema al intentar destituir a uno de sus magistrados, a la vez que promovió un proyecto de ley en el Congreso, con el fin de reducir la edad de jubilación para que durante sus años en el poder pudiera nombrar a dos nuevos jueces en el alto tribunal.
Una acción semejante a la del expresidente de EE. UU. Donald Trump, quien designó a tres jueces del Supremo durante su periodo presidencial y que hoy tienen a ese país enfrentando un peligroso retroceso en materia de derechos civiles.
No obstante, el también excapitán del Ejército parece decidido a minar las elecciones presidenciales al emitir, ante el Senado, unas recomendaciones al TSE entre las que destaca la propuesta de que las Fuerzas Armadas integren una fiscalización paralela de los comicios, con el fin de dotar de “transparencia” el proceso.
Como era de esperarse, la medida no fue aceptada por el Tribunal, que también rechazó la sugerencia del Ejecutivo de hacer un uso paralelo de papeletas impresas en los comicios de octubre.
Pese a la negativa de la Justicia electoral y a los discursos de calma de figuras políticas, como el del fiscal general, Augusto Aras, quien señaló que las elecciones se llevarán “sin mayor turbulencia”, y del representante de Transparencia Internacional en Brasil, Michael Mohallem, que destacó que el sistema electoral es seguro, persiste la duda de si un Bolsonaro acorralado puede instigar un golpe de Estado.
Según Adrián Gurza Lavalle, investigador y doctor en Ciencia Política de la Universidad de São Paulo (USP), no hay un consenso entre analistas sobre si el mandatario contaría con el apoyo suficiente dentro de las fuerzas armadas para causar una rebelión.
“Lo que sí es cierto es que, en la Administración Pública Federal, Bolsonaro empleó a más de 6.000 militares en puestos de cierta importancia, una cifra amplia de personas dispuestas a apoyar al Gobierno, pero aún no es claro el tipo de posición que puedan tomar”, le aseguró Gurza Lavalle a este diario.
Jean Tible, analista y académico de la USP, coincide en que, pese a los numerosos nombramientos militares que hizo Bolsonaro, no se puede decir con exactitud de qué manera lo apoyarán.
Por eso, para el experto, el panorama parece apuntar a que, en caso de que Bolsonaro no resulte elegido, en Brasil pueda ocurrir una crisis como la vivida en Estados Unidos el 6 de enero de 2021, cuando una turba de simpatizantes a favor de Trump intentó tomarse el Capitolio luego de que este no reconoció su derrota contra el demócrata Joe Biden.
