El caso de Brayan Armando Gómez Rueda, alias Caretales, es un retrato preocupante de cómo la línea entre el deber y el delito puede desdibujarse peligrosamente. Capturado recientemente en Santa Marta por unidades de la SIJIN y la Interpol, Gómez Rueda no es un criminal cualquiera: hasta hace poco más de un año, patrullaba las calles como miembro activo de la Policía Nacional.
Hoy, es señalado como jefe de zona de Los Costeños, una de las bandas criminales con mayor influencia en la región Caribe. Según la Policía Metropolitana de Barranquilla (Mebar), tenía bajo su control parte de Soledad y sectores de Barranquilla, zonas donde se habría dedicado a organizar homicidios selectivos, manejar redes de narcotráfico, extorsionar comerciantes y apropiarse ilegalmente de tierras.
Alias Caretales no solo era un presunto cabecilla; era, además, un hombre de confianza de alias Castor, líder máximo de Los Costeños. Su cercanía al poder dentro de esta estructura delictiva se refleja también en la orden de captura internacional que pesaba sobre él, emitida por Interpol a través de una circular azul.
La gravedad de su caso no solo reside en los delitos que se le atribuyen, sino en lo que representa: un exfuncionario de la Fuerza Pública involucrado en actividades criminales. Su retiro voluntario de la institución en 2023 parece haber sido el preámbulo de una transición calculada hacia el crimen organizado.
Para las autoridades, su captura representa un avance importante en la lucha contra las bandas criminales en el Atlántico. Pero también deja una pregunta inquietante: ¿cuántos otros ‘Caretales’ podrían estar incubándose hoy dentro de las instituciones?
