Decenas de conductores de taxis de Barranquilla, se expresaron rechazando la exigencia de vinculación y pago de la seguridad social integral a partir del mes de noviembre, establecida mediante dos circulares expedidas por el Área Metropolitana, en las cuales se requiere a las empresas afiliadoras de taxis, para que previa expedición del tarjetón que acredita a los conductores, sea exigidos los soportes de aportes a la seguridad social en calidad de cotizantes.
Los conductores coinciden en señalar que la alta ilegalidad promovida por las plataformas ilegales (in Driver, Cabify, Uber), entre otras, las cuales operan con vehículos particulares, prestando un servicio no autorizado de transporte público, les ha generado un golpe económico muy grande, pues las carreras han disminuido de manera obstensible.
Además de la ilegalidad, aducen que la ciudad hoy no tiene clases presenciales en colegios y universidades, así como tampoco actividad nocturna, restaurantes, parques, gimnasios, cines, bingos y otro tipo de establecimientos comerciales que generan gran volumen de servicios, lo que se traduce en una caída en los ingresos que diariamente obtienen después de 15 horas de trabajo ininterrumpido.
Dicen los conductores que desde el mes de marzo, justamente cuando comenzó el periodo de aislamiento preventivo obligatorio, hay días en los que ni siquiera les quedan cinco mil pesos para llevar a la casa.
Está bien que pidan la seguridad social, porque buscan el bienestar de los taxistas, pero las autoridades no dicen nada sobre las plataformas y aplicaciones que operan y siguen laborando con vehículos particulares, ellos se llevan buena parte del dinero que debería ser para el transporte legal, al tiempo que nos quitan una buena parte de lo que deberíamos producir precisamente para poder cumplir con ese requisito de la seguridad social, manifiesta Tulio Medina Gastelbondo, un conductor de taxi de Barranquilla.
Y es que la situación está tan complicada para los taxistas, que a pesar que algunos propietarios han bajado las tarifas, todavía las cuentas no cuadran. Es el caso de José Vega, quien se hace llamar el taxista juniorista, quien paga actualmente 40 mil pesos diarios de tarifa al propietario del vehículo, además del combustible y la lavada del vehículo.
Asegura Vega, que el dueño del vehículo quiere aumentar la tarifa aduciendo que la economía “ya se mejoró”, pero asegura que en realidad lo que se ve por las calles es muy poca gente y el comercio semi paralizado. Agrega que además los taxis no pueden llevar mas de 2 pasajeros, lo cual también golpea al gremio.
Carlos Rodríguez, otro veterano conductor de taxis de Barranquilla segura que los ilegales en estos momentos tienen mayores ventajas sobre quienes desarrollan su labor en medio de la legalidad. “Los conductores de las plataformas utilizan su licencia de vehículo particular, las cuales se vencen cada 10 años, mientras los taxistas tenemos que renovar la licencia cada tres años, lo que genera un costo frecuente que debe asumir el conductor”, señala.
Para Geovany Villa Lozano, también taxista con muchos años de experiencia, la ilegalidad tiene muchas ventajas sobre quienes ejercen el oficio de taxistas enmarcado dentro de las normas, por ejemplo, los vehículos particulares que trabajan con las plataformas tecnológicas ilegales no son cobijados por pico y placa, no tienen restricción para prestar servicios fuera del área metropolitana de Barranquilla y mucho menos les exigen la afiliación a la seguridad social, como sucede con los vehículos de servicio público.
Así las cosas, no parece existir disposición alguna en el gremio para cumplir con nuestra exigencia legal, establecida en el ordenamiento jurídico colombiano y que de hecho está operando en varias ciudades del país.
Señala un conductor que prefirió que no reveláramos su nombre, que a diferencia de lo que sucede en Medellín o Cali, aquí en Barranquilla la ilegalidad campea y no se ha mantenido una política permanente por parte de la autoridad para combatirla y desestimular su uso. “Aquí es mejor ir a un concesionario y sacar un carro particular, por el cual no tienes que pagar cupo, ni tarjeta de operación, ni tarjetón mensual, ni pico y placa, así como tampoco tienes restringidas las salidas de la ciudad, fuera de eso ruedan libremente y nadie los pone en cintura”, resalta el conductor.
Por su parte, las empresas representadas en Conaltaxis Capítulo Barranquilla, aseguran frente al tema, que su obligación es verificar y constatar que los conductores de vehículos taxis afiliados a las compañías cuenten con la licencia de conducción vigente, así como afiliación a la seguridad social integral en calidad de cotizantes, tal como el articulo 34 de la ley 136 de 1996.
Agregan en un extenso comunicado, que si no cumplen con esta obligación legal de vigilar y constatar, podrían ser sancionadas por la autoridad de transporte con costosas multas e incluso el retiro de la habilitación.
Así las cosas, el panorama para el cumplimiento de la seguridad social por parte de los conductores de taxis de Barranquilla a partir de noviembre próximo, parece bastante complicado y no es de extrañarse que se generen profundos inconvenientes si no se toman las medidas a tiempo e incluso se comienza a combatir de manera real y constante el transporte ilegal en todas sus expresiones.