El congresista del Pacto Histórico enfrenta serias acusaciones que involucran presuntas coimas en Medellín y se suma a un creciente escándalo de corrupción en la política colombiana.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ha decidido abrir una investigación formal contra el senador del Pacto Histórico, Alex Flórez, por presuntos delitos de lavado de activos, concusión y falsedad en documento privado. Este proceso se origina a partir de una serie de denuncias que apuntan a que Flórez, durante su tiempo como concejal en Medellín, exigió dinero a contratistas estatales para financiar su campaña al congreso de la República en 2022.
Según reportes de un reconocido medio de comunicación nacional, las irregularidades habrían comenzado en 2021, cuando Flórez era concejal en Medellín, vinculado al movimiento Independientes del exalcalde Daniel Quintero Calle. Se le acusa de haber solicitado coimas de manera sistemática, lo que plantea serias dudas sobre la transparencia en su gestión pública y en el uso de los recursos destinados a su campaña electoral.
El senador Flórez, quien recibió la notificación de la investigación el pasado 26 de septiembre, también enfrenta otro proceso judicial relacionado con supuestas irregularidades en los aportes económicos y en los informes de su campaña para el Senado. Estos múltiples escándalos ponen de manifiesto la creciente preocupación en torno a la corrupción en la política colombiana y la posibilidad de que se trate de un fenómeno más amplio dentro del Pacto Histórico.
Además, Alex Flórez no es el único congresista del Pacto Histórico bajo la lupa de la Corte Suprema. En menos de dos semanas, otro miembro del mismo partido, David Racero, también ha sido objeto de investigaciones. La Corte le abrió dos indagaciones preliminares: la primera, por presuntas prácticas indebidas al solicitar parte del salario de miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), y la segunda, por un posible tráfico de influencias en relación con el director del SENA, Jorge Londoño.
Las denuncias en el caso de Racero han sido alimentadas por mensajes de WhatsApp en los que se detalla el uso indebido de recursos y la distribución de salarios. La situación ha provocado un intenso debate sobre la ética en el servicio público y la necesidad de mecanismos más robustos de supervisión para evitar la repetición de tales casos.
Racero, por su parte, ha defendido su integridad y ha denunciado que las acusaciones son un ataque a su vida personal y política, alegando que su seguridad se encuentra en riesgo debido a estas acusaciones.
Estos escándalos han abierto una serie de interrogantes sobre el estado de la ética política en Colombia. ¿Es posible que existan más casos similares dentro del Pacto Histórico? ¿Qué medidas se pueden implementar para evitar que estos comportamientos se repitan en el futuro? La investigación de la Corte Suprema promete arrojar luz sobre estas inquietudes y podría tener un impacto significativo en el panorama político del país.
