La W conoció que el contratista condenado por el carrusel de la contratación en Bogotá, el señor Emilio Tapia Aldana, sería el dueño en la sombra de la empresa ICM Ingenieros que hace parte de la Unión Temporal Centros Poblados, la cual se ganó un millonario contrato con el Ministerio de las TIC y recibió un anticipo por 70.000 millones de pesos, aunque presentó garantías falsas.
Pero, además, en la investigación que este medio adelantó, establecimos que los recursos entregados al consorcio están en empresas que son de ellos mismos y no en manos de proveedores o subcontratistas, como lo han manifestado los abogados de la unión temporal.
Por esa razón, el gobernador Cruz ha salido mencionado en este escándalo del millonario contrato de Centros Poblados. Sin embargo, Sigue la W conoció que tanto él como su socio, Meza Barragán, concretaron la venta de su empresa dos meses antes de adjudicarse la licitación con el MinTic, que hoy tiene en el ojo del huracán a empresarios, funcionarios e interventores.
Pero, ¿cómo y a quién se la vendieron?
Este medio logró establecer que el proceso de compra empezó hace dos años, cuando el escándalo estaba lejos de llegar a los titulares de prensa. Y es que, en 2017, ICM Ingenieros participó y se ganó una licitación del Instituto Nacional de Vías (Invías) para el mejoramiento de la vía Medellín – Quibdó.
Este fue un contrato de 117.000 millones de pesos, que logró junto a las firmas Intec de la Costa, Belmira Construcciones y Corvez Ingeniería. Como podemos darnos cuenta, desde esta fecha ICM ya había hecho negocios con otra de las empresas involucradas en el polémico contrato de Centros Poblados (Intec de la Costa).
En tanto, Belmira Construcciones es una empresa relacionada con otra vieja conocida, que se llama Castor Construcciones, filial de Odeka SAS. Tanto Belmira como Castor tienen a Mónica Padilla como representante legal y en Castor y Odeka aparecen los nombres de Juan Carlos y Juan Camilo Aldana, primo y sobrino respectivamente del famoso y polémico empresario, Emilio Tapia, con quien estuvieron involucrados en el carrusel de la contratación en Bogotá.
Fue así como, en 2019, y por la cercanía que tuvo en ese contrato con Luis Guillermo Meza y Álvaro Cruz, que Juan Carlos Aldana se entera de las intenciones de estos empresarios de vender su compañía ICM Ingenieros. Aldana habría contactado a su primo, Emilio Tapia, convenciéndolo entonces de quedarse con esa sociedad para retomar su trayectoria empresarial.
¿Cómo lo hizo?
Para lograr ese propósito, Emilio Tapia habría llamado a dos de sus personas de confianza que le ayudarían a concretar el negocio. Uno de ellos es Herles Ariza, un coronel retirado que fue nombrado como depositario de bienes con extinción de dominio, que hoy están en poder de la SAE, incluyendo la sociedad Capital Energy, que le perteneció a los Nule.
Ariza habría hecho las gestiones para conocer el estado de la empresa ICM Ingenieros, su avalúo comercial y la forma de pago de la misma.
La otra persona que le habría ayudado a Tapia a comprar ICM Ingenieros, según le cobraron fuentes cercanas al proceso a la W, fue Gustavo Ulloa, un urbanista que puso como garantía para esta operación un lote en la ciudad de Cartagena, avaluado en aproximadamente 40.000 millones de pesos.
Con este predio, más 3.000 millones en efectivo (para un total de 43.000 millones de pesos) se habría asegurado la compra, que solo fue oficial en octubre de 2020, es decir, y como lo dijimos anteriormente, dos meses antes de la licitación del MinTIC con Centros Poblados, unión temporal de la que ICM Ingenieros hacía parte.
En ese fecha y según registros de la Cámara de Comercio de Bogotá, también se cambiaron los estatutos y el objeto social de la compañía, que sorpresivamente a partir de ese momento también se dedicaría a instalaciones de equipos de telecomunicaciones e internet (justo lo que buscaban en el MinTic).
Sin embargo, solo hasta el 10 de diciembre de 2020, un día después de adjudicado el contrato a Centros Poblados, se registró el cambio de representante legal de ICM Ingenieros. A partir de esa fecha apareció el señor Herles Ariza, antes mencionado como posible asesor de Tapia para esta operación, y ahora responsable de la compañía y accionista de la misma con un 20 por ciento de participación.
Pero además, como se puede observar en este cuadro, que hace parte de una carta de presentación de oferta para otra licitación, quien tiene el 30 por ciento de las acciones de ICM Ingenieros es la firma Soluciones Urbanas de Colombia. Esta sociedad es de Gustavo Ulloa, mencionado previamente también como el supuesto dueño del lote en Cartagena con el que se habría pagado la transacción.
Ulloa también aparece como dueño de unas oficinas ubicadas en la Calle 93 con carrera 17, en Bogotá (Grupo Promotor GU). Fuimos a ese edificio al norte de la ciudad y encontramos que no solo funciona la empresa de Ulloa Cerón sino que también allí, en la oficina 602, está Omega Buildings, otra de las empresas que hace parte del consorcio Centros Poblados.
Estas instalaciones son utilizadas para reuniones entre algunos de los socios de la unión temporal en las que también participa activamente como asesor el excontralor de Bogotá, Miguel Ángel Moralesrussi. Fuentes del edificio nos confirmaron la presencia del exfuncionario y del señor Emilio Tapia de quien las personas contactadas allí dijeron “él viene esporádicamente”.
Llama la atención que otra de las empresas que aparece como accionista de ICM, con un 20 por ciento de participación, es Inselsa SAS, la misma que recibió 12.000 millones de pesos por concepto de pagos como proveedor o subcontratista de Centros Poblados.
El nombre que utilizaron sin autorización
El cambio de representante legal de la empresa ICM Ingenieros, un día después de firmado el proceso de Centros Poblados con el MinTic, generó que en el contrato de un billón de pesos que se ganó ese consorcio, apareciera el nombre del señor Jeremías Olmedo Cabrera y no el de Herles Ariza designado presuntamente por Emilio Tapia para administrar su nueva compañía.
Incluso, en el documento que presentan junto con la garantía de seriedad de la oferta, que según conoció este medio también era falsa, mencionan a todos los miembros de la unión temporal con sus respectivos representantes y, en el caso de ICM, relacionan el nombre de Olmedo Cabrera, aunque él ya no trabajaba para esa compañía vendida a Tapia apenas unos meses atrás.
Sigue la W conoció que Jeremías Olmedo puso ya esta situación en conocimiento de la Fiscalía en donde denunció que utilizaron su nombre sin autorización y que él no tiene nada que ver con el contrato adjudicado a Centros Poblados.
Y es que por aparecer su nombre en el contrato del MinTic como representante legal de ICM Ingenieros, Olmedo fue incluido en el proceso de responsabilidad que en las últimas horas abrió la Contraloría a todos los involucrados en el escándalo; caso contrario del señor Herles Ariza, a quien hasta el momento ninguna autoridad ha requerido.
Según Centros Poblados, 58.000 de los 70.000 millones de pesos que recibieron como anticipo en el marco del contrato con el MinTIC se destinaron a la compra de equipos a una empresa en Estados Unidos, llamada Nuovo Security.
No obstante, según reveló el diario El Tiempo, esa empresa, con sede en Delaware, tiene como socio mayoritario (70%) a Juan Carlos Cáceres Bayona, quien a su vez es dueño de Funtics (antes Novatics), empresa que hace parte de la unión temporal que se ganó el contrato de internet.
Entre tanto, los otros 12.000 millones de pesos fueron a parar a Inselsa SAS, una firma barranquillera que, como se evidenció anteriormente en este informe, tiene una porción de las acciones de ICM Ingenieros, la empresa que presuntamente compró Emilio Tapia en octubre de 2020 y que también hace parte de Centros Poblados.
Como se ve, esto comprobaría que los recursos avalados por la interventoría y desembolsados por el Gobierno, pasaron de un bolsillo al otro entre los mismos involucrados: Juan Carlos Cáceres y Emilio Tapia.
El primero habría sacado los recursos del país a su empresa Nuovo Security, creada desde Colombia hace pocos meses, según información de Caracol Radio, y que tiene el mismo nombre de una firma barranquillera que existe desde 2011 cuyo representante legal es Efraín González Hamburger, el socio de Cáceres en Estados Unidos.
El segundo, Tapia, habría pedido que se le girara su parte del anticipo a Inselsa SAS, es decir a un accionista de su misma compañía. Esta empresa, como se puede observar en su certificado de existencia se abrió con un capital de solo 6 millones de pesos y aun así pudo comprar el 20% de ICM Ingenieros, que como dijimos, costó 43.000 millones de pesos.
Conocimos, además, que el gerente hoy de Inselsa es el señor José Cáceres, familiar de Juan Carlos Cáceres, dueño de Funtics y socio de Nuovo Security.
El insólito cambio para recibir el anticipo
Sigue la W conoció documentos que reposan en el MinTic y que hacen parte del proceso sancionatorio que se le abrió a la interventoría PC 2020 C Digitales, por haber aprobado el pago del anticipo por 70.000 millones de pesos a Centros Poblados.
Allí se establece que en el plan de manejo del anticipo la unión temporal dijo que iba a adquirir equipos como Access Points, antenas, radios, NLB’s (amplificadores), entre otros y que esos serían pagados una vez los recibieran todos y a satisfacción.
Para eso firmaron un contrato con la empresa Nuovo Security, proveedor de esos equipos, y en abril de este año se lo dieron a conocer a la interventoría que los vigilaba para que hiciera la respectiva aprobación de los giros.
No obstante, cuando Centros Poblados empieza a incumplir el cronograma del contrato argumentan que no han podido instalar los puntos digitales porque no han recibido los equipos de energía. Pero luego, ¿para recibir la plata del anticipo no debían demostrar primero que recibieron los equipos completos por parte de proveedor?.
Eso quiere decir entonces, que la interventoría les habría entregado la plata sin tener en cuenta la cláusula del contrato entre Centros Poblados y Nuovo Security que establecía que solo se pagaban los 58.000 millones de pesos contra la orden de compra y la entrega de los bienes completos.
Ante esto, la respuesta de la interventoría, conocida por Sigue la W, fue que Centros Poblados firmó un otrosí con Nuovo Security, en el que establecen un pago anticipado de los equipos que se entregarían después de recibir los recursos y no antes como estaba plantado inicialmente. Ese documento (el otrosí) no fue conocido en abril ni por el MinTIC ni por la interventoría, cuando se presentó el plan del manejo del anticipo.
Esto se suma a la información revelada por El Tiempo, según la cual Nuovo Security no es proveedora de equipos, habría sobrecostos en la compra de los mismos y las importaciones se habrían hecho a través de ICM Ingenieros, la empresa de Emilio Tapia.
Los contratos vigentes de ICM
Los nuevos dueños de ICM Ingenieros tienen hoy cuatro contratos vigentes de infraestructura vial, incluyendo el del mejoramiento de la vía Medellín – Quibdó. Estos procesos tienen un saldo en ejecución de 37.400 millones de pesos. Pero además se han presentado a otros procesos públicos con el señor Emilio Tapia en la sombra, que por el momento están en etapa de adjudicación.
Tomado de la W
