- En IV Mesa Nacional para Combatir la Deforestación en la Amazonía, reiteró que detener la deforestación no solo es un deber constitucional, sino un imperativo ético.
- Aludió laimportancia del apoyo internacional, destacando el impacto del proyecto Fortalecimiento del Estado de Derecho Ambiental, financiado por el Reino Unido y ejecutado por la UNODC.
- Se confirmó que se solicitó mediante acción popular, medidas cautelares dentro de la acción de tutela que reconoció la Amazonía como sujeto de derechos.
La Procuradora General,
Margarita Cabello Blanco, expresó su profunda preocupación ante el alarmante aumento del 223,52% en la deforestación de la Amazonía, comparado con
el mismo periodo de 2023, según cifras del IDEAM.
Para Cabello Blanco, este incremento,
registrado en los boletines trimestrales, refleja un panorama crítico agravado por la expansión de actividades ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal y el acaparamiento de tierras, muchas veces impulsadas por la presencia de grupos armados en la región.
“Desde el 2001, con excepción del año 2023, se han reportado pérdidas de bosque por encima de las 110.000 hectáreas anuales. Según las estimaciones actuales, este año nuevamente se superarán las 100.000 hectáreas deforestadas.
Precisó que, la presencia de grupos
armados ilegales intensifica actividades como el narcotráfico, la minería ilegal y otros delitos relacionados con la deforestación, complican su control.
Durante su intervención, la jefe del Ministerio Público también confirmó que uno de los retos urgentes en la Amazonía es
la problemática de Ganadería en parques nacionales, ya que cerca de 1.200.000 cabezas de ganado han invadido áreas protegidas, como el Parque Nacional Natural Chiribiquete y la Reserva Nukak; así como el aumento en la cantidad de ganado bovino en
los municipios adyacentes a 28 Parques Nacionales Naturales.
Así mismo, se refirió a la construcción de
las vías ilegales, precisando que se han construido 27.000 kilómetros de vías, muchas dentro de parques nacionales, promoviendo tala y acaparamiento de tierras, citando que entre 2021 y 2022, se sumaron 742 kilómetros.
La expansión de la frontera agrícola, la titulación irregular,
el acaparamiento de tierras y la minería ilegal también fueron problemáticas expresadas por la Jefe del Ministerio Público, añadiendo que los cultivos ilícitos crecieron en 3.680 hectáreas entre 2022 y 2023 en Putumayo, Caquetá, Meta y Guaviare.
Por su parte,
Gustavo Guerrero, procurador delegado para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, confirmó que se solicitó mediante acción popular, medidas cautelares dentro de la acción de tutela que reconoció la Amazonía como sujeto de derechos y que se encuentra en trámite de verificación de cumplimiento ante
el Tribunal Superior de Cundinamarca y dentro de una acción popular que pretende proteger la región amazónica colombiana que se adelanta en el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y se encuentra para fallo.
“Las medidas solicitadas pretenden que se impongan acciones para contener los dos motores de deforestación de construcción de vías ilícitas y extensión de ganadería en parques nacionales” confirmó Guerrero.
Finalmente, expresó su preocupación por
aspectos del Proyecto de Ley sobre la jurisdicción agraria y rural, señalando que podría priorizar las necesidades productivas agropecuarias sobre la conservación ambiental, especialmente en un país con más del 80% de territorio rural, buena parte del
cual tiene una vocación de conservación que debe ser abordada bajo la prevalencia de los principio generales ambientales.
