En fallo de primera instancia, la entidad confirmó que el servidor público tenía una pena por coautoría del delito de urbanización ilegal
La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por 8 años al exedil en Bogotá D.C., Raúl Darío Guzmán Rodríguez, por vulneración al régimen de inhabilidades.
El Ministerio Público verificó que el funcionario público fungió como miembro de la corporación en la localidad de Usme entre enero de 2021 y agosto de 2022 a través de elección popular, a pesar de haber sido condenado a 48 meses de prisión y una multa de 12.500 salarios mínimos debido al delito de urbanización ilegal por el juzgado 20 penal del circuito de Bogotá.
Por tanto, el organismo de control corroboró que el servidor público transgredió su deber de no desempeñarse en un cargo cuando se encuentra en estado de interdicción judicial o por una sanción penal.
En fallo de primera instancia, la Procuraduría Distrital de Juzgamiento calificó la falta del disciplinado como gravísima, a título de culpa gravísima.