La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reveló, este jueves 18 de febrero, que por lo menos 6.402 colombianas y colombianos fueron víctimas de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate. Si bien las cifras que había entregado la Fiscalía y organizaciones como el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU), son inferiores a las presentadas hoy por la JEP, todas coinciden en algo, y es que el período más álgido de este fenómeno se vivió entre 2002 y 2008.
“Las distintas fuentes oficiales y no gubernamentales identificaron el periodo de 2002 a 2008 como el de mayor número de víctimas. El resultado muestra que, durante esta etapa se registró el 78% del total de la victimización histórica. Las fuentes también coinciden en que el fenómeno macrocriminal cayó drásticamente en 2009, al pasar de 792 víctimas en 2008 a 122 casos reportados en 2009″, informó el tribunal de paz.
Así mismo, evidenciaron que frente al crecimiento de casos de falsos positivos, mientras que en 2001 se registraban 74 víctimas, en 2002 este número aumentó a 473, equivalente a más de seis veces lo reportado en el año inmediatamente anterior. Mismo año en el que Álvaro Uribe Vélez llegó a la Presidencia de Colombia con su estrategia de la Seguridad Democrática.
Luego de lo revelado por la JEP, varios ciudadanos se preguntaron en redes sociales quiénes fueron los jefes de la cartera Defensa durante el tiempo en el que los falsos positivos se cometieron.
La primera en asumir el cargo como ministra de Defensa fue la actual vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, entre 2002 y 2003, periodo en el cual, según la gráfica de la JEP los casos estuvieron entre los 500 y 600 al año. Según Omar Eduardo Rojas Bolaños, quien ha investigado este fenómeno en Colombia, bajo el liderazgo de Ramírez se da un indicador en el plan estratégico del sector Defensa para mostrar resultados: número de terroristas a dar de baja en el año. Ese indicador es transmitido a todas las Fuerzas Militares y a la Policía.
“En realidad los ‘falsos positivos’ comienzan a darse cuando llega Marta Lucía Ramírez al Ministerio de Defensa. Uribe le da la orden a Marta Lucía, que comience una mayor alianza con la Fuerza Pública, y el primer ‘falso positivo’ de esa envergadura se da con un asesinato bajo las órdenes del coronel Hernán Mejía en octubre de 2002, como comandante del Batallón la Popa”, comentó Bolaños en una entrevista.
Luego, el entonces presidente Álvaro Uribe nombró a Jorge Alberto Uribe, quien estuvo de 2003 al 2005, donde según la JEP, los casos de falsos positivos seguían en ascenso, registrando en 2004 cerca de mil víctimas. En 2005, el ministro renunció por una moción de censura en su contra por las bajas de soldados por ataques de la guerrilla, debate que lo debilitó al mando de las fuerzas militares.
Ese mismo año llegó el nuevo ministro de Defensa Camilo Ospina, quien en meses de estar a cargo firmó la famosa directiva ministerial 029 de 2005, que dio a conocer el periodista Félix de Bedout. En el documento se ofrecía una recompensa a los militares por cada guerrillero o paramilitar muerto. Al parecer, se ofrecías hasta 3 millones de pesos, lo que habría impulsado a diferentes brigadas del Ejército a cometer ejecuciones extrajudiciales.
Al siguiente año, 2006, se registraron más de 1.200 casos y el punto más alto de esta práctica se vivió en 2007, cuando el expresidente Juan Manuel Santos ya estaba a cargo de las fuerzas militares. Santos comentó en una entrevista en Noticias Caracol, en 2018, que cuando empezó en su primer mandato comenzó a conocer los miles de casos de civiles que fueron ejecutados por militares para ser presentados como guerrilleros muertos en combate. “A mí me dolió muchísimo descubrir eso (los falsos positivos) y por eso los acabamos de ipso facto. Eso fue un esfuerzo para cambiar la doctrina, comenzamos a exigir desmovilizaciones, luego capturas y en última instancia, muertos”, dijo el Nobel de Paz.
Pero con él como ministro de Defensa entre 2006 y 2009 fue cuando los casos aumentaron de manera exponencial, según lo constató la JEP. Como muestra la gráfica, tanto a nivel agregado como para cada una de las fuentes, el año de mayor victimización corresponde a 2007. El CNMH, la FGN y la CCEEU identificaron de manera independiente el año 2007 como el de mayor ocurrencia de este tipo de asesinatos, contó el tribunal de paz.
En el caso de Antioquia según la JEP, se registró el 25% del total de víctimas ocurridas a nivel nacional entre 2002 y 2008, es decir, una cuarta parte del total. El año de mayor victimización de la región fue 2004. La IV Brigada con jurisdicción en la zona podría ser la responsable del 73% de las muertes identificadas en el departamento entre 2000 y 2013.
Uno de los casos emblemáticos es el del cementerio Las Mercedes en Dabeiba, del que han entregado información ante la JEP 14 miembros de la fuerza pública, de distinto rango. La mayoría de ellos no habían sido investigados por la justicia ordinaria y quienes sí lo fueron, confesaron ante la JEP la comisión de crímenes nunca antes judicializados.
Infobae
