Esta decisión, dice la JEP, se da luego de escuchar las versiones de 106 comparecientes.
Cabe destacar que además del general Torres Escalante, también fueron acusados 21 militares y un exjefe regional del DAS por 303 falsos positivos en el Casanare.Los imputados tienen 30 días hábiles para reconocer su responsabilidad o rechazarla.
Asimismo se conoció que otros de los llamados por la JEP a reconocer responsabilidad son el coronel David Guzmán Ramírez y el mayor Efraín Prada, excomandantes del Batallón Contraguerrillas 79 del Ejército en Dabeiba (Antioquia) entre 2004 y 2006, y señalados como unos de los máximos responsables de fortalecer e instigar el fenómeno criminal de los falsos positivos.
Los dos oficiales fueron señalados en el documento de imputación construido por los despachos de los magistrados Alejandro Ramelli y Nadiezhda Henríquez, y allí, en calidad de coautores se les señaló como responsables por la instigación y comisión de asesinatos de decenas civiles para presentarlos como falsas en combate.
Así fue como por presunta responsabilidad en 303 casos de falsos positivos, la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) anunció la imputación de cargos en contra del general en retiro Henry Torres Escalante. De acuerdo con lo que destaca el expediente, los hechos habrían ocurrido entre los años 2005 y 2008 en el departamento de Casanare. A la lista de acusados, además de este uniformado, se suman los nombres de dos coroneles, tres tenientes coroneles, y otros diez oficiales, además de seis suboficiales, un funcionario del extinto DAS y dos terceros civiles. Para el momento de las ejecuciones extrajudiciales, Torres estaba al frente de la brigada XVI del Ejército Nacional.
Es de recordar que Torres Escalante fue el primer integrante activo de la fuerza pública que fue capturado por los homicidios de civiles y la presentación de los mismos como criminales dados de baja. Antes de someterse a la JEP, se encontraba enfrentando un proceso con la justicia ordinaria por el asesinato de Daniel Torres y su hijo, un menor de edad, ambos miembros de una familia campesina colombiana. Murieron el 16 de marzo de 2016 de manera violenta.
Aunque en su momento aseguró que no tenía nada que ver con los falsos positivos, y que había sido engañado por sus superiores, los testimonios de otros uniformados lo inculpaban de manera evidente. En aquel momento, oficiales y suboficiales que militaron en Casanare, y que también estaban salpicados en estos crímenes, aseguraron que la orden de terminar con la vida de civiles provenía de mandos superiores, incluyendo a Henry Torres Escalante. “Estamos en guerra, los derechos humanos no existen cuando hay guerra”, comentó el capitán Jaime Alberto Rivera al recordar las palabras de Torres.
En julio del 2020, tras diferencias en su testimonio, Torres terminó aceptando que fue culpable de estos hechos, por omisión. “En esta investigación la sala determinó que 303 personas fueron asesinadas para ser presentadas como falsas bajas en combate, en 218 acciones realizadas en Casanare. También halló que algunas víctimas fueron trasladadas desde Boyacá, Meta y Arauca”, se lee en la con conclusión que hizo pública la JEP en la mañana de este lunes 25 de julo.
Según la Jurisdicción Especial para la Paz, con la llegada del mayor general (r) Torres Escalante a la Brigada XVI, se incrementó la presentación de falsos resultados en supuestas operaciones. “También se determinó que la Justicia Penal Militar no investigó adecuadamente estas muertes y así contribuyó a perpetuar la conducta criminal”, dice ese organismo.
“A su vez, se halló que hay víctimas que fueron asesinadas en situación de indefensión, que fueron incentivadas a consumir alcohol o estupefacientes. También fueron asesinados ancianos, personas con deficiencias cognitivas o en búsqueda de oportunidades (…) En su mayoría las víctimas fueron hombres entre los 18 y 25 años. Sin embargo, la JEP acopió información sobre el asesinato de nueve mujeres, una de ellas en estado de embarazo, dos que se desempeñaban como trabajadoras sexuales y un joven con orientación sexual diversa”, añade el tribunal.
Esta decisión, dice la JEP, se da luego de escuchar las versiones de 106 comparecientes, de hacer observaciones de las víctimas y de la Procuraduría a las versiones, y de hacer inspecciones judiciales a 48 procesos de la Jurisdicción Penal Ordinaria y 224 de la Justicia Penal Militar, adicionales a los expedientes de la jurisdicción ordinaria.
“Sobre la responsabilidad del mayor general (r) Torres Escalante, el magistrado Parra aclaró que la sala estableció diferentes acciones a través de las cuales el excomandante tuvo un rol que permitió que miembros de la Brigada XVI presentaran esas falsas bajas en combate (…) Los imputados, además, tienen 30 días hábiles para reconocer su responsabilidad o rechazarla. Igualmente, pueden reaccionar, aportando evidencia adicional. Las víctimas acreditadas y el ministerio público tienen el mismo tiempo para reaccionar frente a lo descrito en el auto”, se destaca.
