En la conmemoración del “Día nacional de la memoria y la solidaridad con las víctimas del conflicto armado”, la CGR señala riesgos y cuellos de botella que ha encontrado en sus labores de vigilancia a los recursos públicos destinados a la restitución de derechos y reparación de las víctimas.
La CGR ha reiterado con preocupación la desfinanciación de la Ley de Víctimas y señala posibles detrimentos patrimoniales por más de $6 mil millones en el Banco Agrario, en temas de vivienda rural para las víctimas.
En su compromiso de fiscalización a los recursos de la Ley de Víctimas, la Contraloría General de la República ha realizado 32 ejercicios auditores desde el año 2012, donde hasta el 2019 se habían encontrado posibles detrimentos patrimoniales por $35.941 millones de pesos.
Y desde el 2020 hasta lo corrido del 2021, se están adelantando ejercicios de auditoría en la Unidad para la Víctimas y en el Banco Agrario.
El órgano de control ha reiterado que la Ley de Víctimas está desfinanciada. La Contraloría calcula que hasta el año 2030 el Gobierno Nacional debe invertir unos $357 billones para los más de 9 millones de colombianos incluidos en el Registro Nacional de Víctimas y las mayores inversiones están relacionadas con los temas de vivienda (cerca de $24 billones) y alimentación (por un monto similar).
También ha advertido la Contraloría que los decretos leyes étnicos se encuentran desfinanciados y hay más de 483 sujetos étnicos, de los cuales solo el 10% ha sido reparado, manifestó el Contralor Delegado para el Posconflicto, Juan Carlos Gualdrón.
Lo primero que debe indicarse -anotó- es que la Contraloría General de la República, en su compromiso con la vigilancia de los recursos públicos destinados a la restitución de derechos y reparación de las víctimas, reconoce la vital importancia de la aplicación eficiente de los recursos en la política pública de víctimas por parte de las entidades responsables.
Es así como, a través de la realización de ejercicios de control fiscal a las entidades responsables de la ejecución de la política pública de víctimas, y la elaboración de análisis especializados sobre sus componentes, este organismo de control ha logrado identificar riesgos y cuellos de botella en la misma, en el marco de la Comisión de Seguimiento de la cual esta entidad hace parte.
Resultados del acompañamiento fiscal a la Ley de Víctimas
En la conmemoración del día de las víctimas del conflicto armado, la CGR reveló algunos de los resultados de la vigilancia realizada por la Contraloría Delegada para el Posconflicto, durante el 2020 y lo corrido del 2021:
Hallazgos del Control Fiscal Micro
En el marco del seguimiento y monitoreo a esta política pública, la Contraloría ha realizado en el período comprendido entre 2012 – 2019, alrededor de 32 auditorías a las entidades responsables, 48 actuaciones especiales y 153 ejercicios de seguimiento a nivel territorial, con resultados de posibles detrimentos patrimoniales por el orden de $35.941 millones, que son materia de investigación.
Y se realizó una Auditoria Financiera a la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas, en la cual, se establecieron 11 hallazgos administrativos, de los cuales 2 tienen incidencia disciplinaria.
Para el 2020 y lo que va de 2021, se realizaron:
*Auditoría de Cumplimiento sobre Indemnización Administrativa que estableció 18 hallazgos administrativos, de los cuales 10 tienen incidencia disciplinaria y 1 es de carácter fiscal, con un presunto daño patrimonial calculado de $7,4 millones.
*Auditoria de Cumplimiento sobre Subsidios de Vivienda Rural entregados por el Banco Agrario de Colombia (BAC), que estableció 23 hallazgos administrativos, de los cuales 20 tienen presunta incidencia disciplinaria y 11alcance fiscal, determinándose un daño patrimonial por un total de $5.531 millones. Y se solicitó la apertura de seis indagaciones preliminares.
*En 2021 se está desarrollando, en el primer semestre, una auditoría financiera a la UARIV (Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Victimas), y una Actuación Especial a Fonvivienda sobre la legalización de los Subsidios del Programa Bolsas Anteriores.
Y para el segundo semestre, se tiene programada una auditoría de cumplimiento que abordará las temáticas relacionadas al Fondo de Reparación a Víctimas y la aplicación de otras medidas.
Seguimiento a la Política Pública de
Víctimas y Restitución de Tierras
En el seguimiento realizado a la Ley 1448, los Decretos leyes de víctimas étnicas y el seguimiento en territorio, se tienen resultados como:
*Ley 1448:
-Se ha identificado reiterativamente la insuficiencia de recursos para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley. En 2020 se evidenció un valor de recursos requeridos para ejecutar la misma a 2031 del orden de $357,4 billones de pesos.
-Medidas como indemnización administrativa y colectiva, requieren un valor de $48,7 billones. Para cubrir esta medida en 10 años, la inversión anual debería estar alrededor de $4,8 billones. Por monto le sigue la medida de vivienda con $26 billones, alimentación con $24,8 billones (15,5%) y le sigue retornos y reubicaciones con $20,5 billones (13%).
*Decretos leyes de víctimas étnicas (4633, 4634 y 4635 de 2011)
-Deficiencias en el presupuesto para los retornos y reubicaciones de las comunidades étnicas. La UARIV asigna un 7% ($3.366 millones en 2019) de los recursos disponibles para garantizar la estabilización de los pueblos étnicos retornados y los mismos, no se ejecutan en su totalidad.
-De 483 sujetos de reparación colectiva étnicos, solo el 10% se encontraba en implementación y ninguno de ellos había terminado su proceso. Se calculó que el valor requerido para la implementación de los planes de reparación colectiva para estos sujetos era de $1,6 billones.
-421 sujetos étnicos se encontraban pendientes de indemnización colectiva. Se calculó que el valor requerido para indemnizar a estos sujetos era de $ 120 mil millones.
*Seguimiento en territorio
-Para la vigencia 2020, con un énfasis en la ejecución de recursos, se realizó seguimiento a 80 municipios PDET y durante la presente vigencia se espera visitar estos mismos municipios y adicionalmente realizar seguimiento sobre 35 municipios nuevos.
En estas visitas se realizan reuniones con los representantes de las Mesas de Víctimas municipales y revisión en terreno de la ejecución de los Planes de Reparación Colectiva de los municipios.
D.A.
