La Defensoría del Pueblo envió este jueves a una comisión de la Regional Norte de Santander a la región del Catatumbo con el fin de buscar la liberación de 180 soldados del Ejército Nacional que fueron retenidos por la comunidad para impedir la erradicación de los cultivos de hoja de coca.
El incidente se registra en el sector Orú 7, de la vereda Chiquinquirá, zona rural del municipio de Tibú, en donde, según afirma la Defensoría, campesinos cultivadores de coca impiden que miembros del Ejército continúen con las labores de erradicación manual en la zona.
Por estos hechos se instaló un Puesto de Mando Unificado, PMU, convocado por la Gobernación de Norte de Santander, en donde hace presencia la Defensoría con el fin de garantizar la protección de los derechos humanos, tanto de la comunidad, como de los miembros del Ejército Nacional.
Los cocaleros pidieron la presencia de la Defensoría del Pueblo y organizaciones defensoras de derechos humanos, al igual que representantes del Gobierno, para discutir sobre la erradicación forzosa de los cultivos ilícitos y presentar una propuesta para una salida pacifica y concertada de la situación.
Sobre la situación en la región, la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), informó en un comunicado:
El campesinado del Catatumbo decidió declararse en asentamientos campesinos, cómo medida de rechazo a la llegada desde el viernes 22 de octubre de erradicadores junto a miembros del Ejército Nacional con el fin de desarrollar operativos de erradicación manual forzada y violenta, lo cual desconoce el punto 4 del acuerdo final de paz, diseñado, estructurado y articulado al bloque de constitucionalidad para superar el problema de las drogas ilícitas.
El acuerdo final de paz estableció el programa nacional integral de sustitución de cultivos, PNIS, frente al cual las comunidades de la región han manifestado su intención de participar para sustituir de manera gradual y concertada los cultivos de coca, y poder así establecer economías campesinas sostenibles para garantizar el mínimo vital del cual tienen derecho como población rural en condición de exclusión y de crisis económica. Por eso la asociación campesina del Catatumbo y ASCAMCAT, además de la Coordinadora de cultivadores de coca, amapola y marihuana COCCAM, dio a conocer que las comunidades campesinas de la vereda vigilancia en la zona rural de Cúcuta, se han declarado en asentamientos campesinos como mecanismo de autoprotección del territorio y de la economía campesina.
En esta iniciativa de resistencia comunitaria ha planteando un llamado urgente al gobierno nacional para que se respeten los derechos de las comunidades, teniendo como referente la situación de violencia presentada en el año 2020 donde fueron asesinados dos campesinos en el marco estos operativos realizados por la fuerza pública, también las organizaciones campesinas y sociales de la región y el campesinado que participan de esta forma civilista de resistencia reiteraron la exigencia al gobierno nacional para que se cumpla de manera integral el acuerdo final de paz y dar así solución a los cultivos de uso ilícito por medio de la sustitución voluntaria gradual y concertada; en ese sentido solicitan el cese de las acciones de erradicación manual forzada y violenta, entendiendo que la salida debe ser el reconocimiento de las comunidades y los acuerdos construidos en el marco del PNIS y no la metodología de violencia cómo mecanismo para superar el problema de las drogas ilícitas.
La intervención violenta y no concertada con la comunidad solo deja destrucción de las economías campesinas, violación de los Derechos Humanos y reproducción de la lógica de confrontación y conflicto en la región
El campesinado del Catatumbo decidió declararse en asentamientos campesinos, cómo medida de rechazo a la llegada desde el viernes 22 de octubre de erradicadores junto a miembros del ejército nacional con el fin de desarrollar operativos de erradicación manual forzada y violenta, lo cual desconoce el punto 4 del acuerdo final de paz, diseñado, estructurado y articulado al bloque de constitucionalidad para superar el problema de las drogas ilícitas.
El acuerdo final de paz estableció el programa nacional integral de sustitución de cultivos, PNIS, frente al cual las comunidades de la región han manifestado su intención de participar para sustituir de manera gradual y concertada los cultivos de coca, y poder así establecer economías campesinas sostenibles para garantizar el mínimo vital del cual tienen derecho como población rural en condición de exclusión y de crisis económica. Por eso la asociación campesina del Catatumbo y ASCAMCAT, además de la Coordinadora de cultivadores de coca, amapola y marihuana COCCAM, dio a conocer que las comunidades campesinas de la vereda vigilancia en la zona rural de Cúcuta, se han declarado en asentamientos campesinos como mecanismo de autoprotección del territorio y de la economía campesina.
En esta iniciativa de resistencia comunitaria ha planteando un llamado urgente al gobierno nacional para que se respeten los derechos de las comunidades, teniendo como referente la situación de violencia presentada en el año 2020 donde fueron asesinados dos campesinos en el marco estos operativos realizados por la fuerza pública, también las organizaciones campesinas y sociales de la región y el campesinado que participan de esta forma civilista de resistencia reiteraron la exigencia al gobierno nacional para que se cumpla de manera integral el acuerdo final de paz y dar así solución a los cultivos de uso ilícito por medio de la sustitución voluntaria gradual y concertada; en ese sentido solicitan el cese de las acciones de erradicación manual forzada y violenta, entendiendo que la salida debe ser el reconocimiento de las comunidades y los acuerdos construidos en el marco del PNIS y no la metodología de violencia cómo mecanismo para superar el problema de las drogas ilícitas.
La intervención violenta y no concertada con la comunidad solo deja destrucción de las economías campesinas, violación de los Derechos Humanos y reproducción de la lógica de confrontación y conflicto en la región