El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, alertó hoy sobre los altos riesgos de corrupción que sigue presentando la contratación efectuada con recursos de regalías.
En un Webinar de Rendición de Resultados sobre la Vigilancia Fiscal a los recursos de regalías, el jefe del organismo de control dijo que persiste la contratación directa o con un solo proponente.
“Nuestros Sistemas de Monitoreo, a través de la DIARI y los Sistemas de Información del Departamento Nacional de Planeación revelan que $33,9 billones, del total de recursos contratados a 15 de junio de 2019, unos $4,2 billones fueron manejados mediante la modalidad de contratación directa, lo que quiere decir que el 12% de la contratación total realizada en el Sistema General de Regalías se ha hecho de manera directa”, indicó el jefe del organismo de control.
Los sectores de educación (con el 21%), ciencia tecnología e información (19%), transporte (16%), vivienda (14%) y agricultura (10%), son los de mayor contratación directa en el país.
En reciente informe al Congreso de la República sobre los riesgos y hechos del ciclo de regalías en 2019 y las perspectivas para 2020, la CGR asegura que este tipo de contratación va asociada a situaciones comofalta de planeación, falencias en la estructuración, inexactitudes en el fundamento jurídico, no acreditación de idoneidad del contratista sin ánimo de lucro, intermediación innecesaria o indebida subcontratación.
Celebración indiscriminada de convenios
De las actuaciones especiales realizadas por la Contraloría General en el proceso auditor del Sistema General de Regalías, llama especialmente la atención la celebración indiscriminada de convenios ya sean interadministrativos o con entidades sin ánimo de lucro, sin el cumplimiento de los requisitos para cada caso, violando el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, evidenciando vicios de forma y fondo en la elaboración del presupuesto en cada negocio jurídico y confundiendo de manera dolosa las figuras de interpretación y aplicación restrictivas contempladas en el ordenamiento jurídico para consentir la contratación directa.
Uno de los riesgos más comunes está asociado a la contratación con recursos de regalías de particulares, entidades públicas y/o privadas, entidades sin ánimo de lucro o realización de convenios de cooperación, donde los contratistas cumplen obligaciones en distintos sectores.
Para la Contraloría, aunque hay instituciones que tienen experiencia en diversos sectores, en otros casos se advierte que son contratadas empresa sin la experiencia suficiente o cuyas actividades por las cuales fueron contratadas no están registradas dentro del objeto institucional.
Un único oferente en el 70% de la contratación
La Unidad de Seguimiento y Auditoria de Regalías de la CGR realizó un estudio de las modalidades de contratación directa con recursos de regalías, teniendo en cuenta las particularidades de los tipos de contratación, la suspensión de contratos y los hallazgos encontrados en el proceso auditor.
Como se resultado se encontró que los procesos de contratación por concurso (licitaciones, concurso de méritos) en la ejecución de proyectos con recursos de regalías son mayoritarios (representan el 67,7%) y se realizan con un único oferente en cerca del 70% del valor de la contratación
Proyectos aprobados en riesgo de liberación de recursos
Pero, además, según este informe de balance, persisten otros riesgos asociados a la eficiencia, efectividad y equidad en la inversión de los recursos del Sistema General de Regalías (SGR):
Por ejemplo, resaltó el Contralor Carlos Felipe Córdoba, a 31 de diciembre de 2019 se registraban 321 proyectos por $1,24 billones que fueron aprobados y se encontraban en riesgo de liberación de recursos, porque no cumplían con la acreditación de los requisitos o porque no contaban con un acto de apertura del proceso de selección.
Los más críticos son aquellos que fueron aprobados y al 31 de diciembre llevaban más de seis meses sin surtir todo el proceso para la contratación. En este grupo se encontraban 180 proyectos por valor de $641.015 millones de pesos.
Al hacer un análisis de los resultados departamentales se encuentra que el departamento de Nariño tenía 13 que fueron aprobados y después de 6 meses no habían cumplido con los requisitos o no tenían un acto de la apertura de selección, por valor de $93.438 millones de pesos, equivalente al 14,6% del total de los proyectos en mayor riesgo.
Le siguen Bogotá con 1 proyecto por valor de $79.978 millones (12,5%), Meta 10 proyectos por $70.946 (11,1%), Córdoba 11 proyectos por $59.971 (9,36%) y Cesar con 12 proyectos por $41.033 millones de pesos (6,40%). En estos cuatro departamentos y la capital de la república se concentró el 53,9% del valor de los proyectos con mayor riesgo de liberación de recursos.
Dificultades en la estructuración de proyectos
Otra situación que mencionó el Contralor es que, de acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación, no han pasado el primer filtro de verificación de requisitos 1.680 proyectos de regalías que suman $11,7 billones de pesos, lo que se traduce en enormes pérdidas de recursos públicos.
Los departamentos con mayores deficiencias en la presentación de proyectos son Caquetá cuyos proyectos suman $0,92 billones de pesos, seguido de Chocó ($0,71), Boyacá ($0,67), Nariño ($0,54), Antioquia ($0,50), La Guajira ($0,49) y Cauca ($0,48).
Proyectos aprobados y sin contratar
A este panorama se suma el hecho de que se ha multiplicado el número de proyectos que, aunque ya fueron aprobados por los OCAD, no han sido contratados, especialmente en el área de infraestructura.
En este sentido, hay una voz de alerta por proyectos con más de dos años, y hasta 4, sin contratar por parte de las entidades territoriales.
De acuerdo con el análisis sectorial que realizó la CGR el sector de infraestructura vial es el que tiene el mayor rezago, con más de $1.2 billones de pesos en proyectos aprobados sin contratar, situación que contrasta con la precariedad de las vías de gran parte de las regiones del país.
De la misma manera, se advierte un alto porcentaje de recursos inutilizados en los sectores de mayor necesidad para la población vulnerable, como lo son educación, ambiente y desarrollo sostenible y agua potable y saneamiento básico.
En un análisis por departamentos con proyectos sin contratar, el ranking lo encabeza Antioquia, seguido de la Guajira, territorios opuestos por su capacidad institucional, indicadores de gestión, de pobreza y desempeño fiscal, por lo que se considera no es un tema de capacidades institucionales sino de una adecuada gestión de los recursos.
Acumulación de recursos en cuentas maestras
También destacó el Contralor en el Webinar de Rendición de Resultados de la Vigilancia y Control a las Regalías, que aún permanecen “dormidos” en Cuentas Maestras más de $4 billones, que corresponden a saldos y rendimientos financieros que no han sido ejecutados.
La Contraloría advierte no solo la permanencia de valores importantes en las Cuentas Maestras sin ejecutar sino también la gran disparidad en la tasa de interés efectiva que pagan los bancos por los recursos depositados en sus cuentas, incluso una tasa que no alcanza a cubrir la inflación.
Considera que la acumulación de recursos de regalías en las Cuentas Maestras sin ejecutar, sumado a los bajos rendimientos financieros de los saldos de estas cuentas, están afectando el desarrollo económico y social de los diferentes territorios colombianos.
De acuerdo con los estudios sectoriales realizados por la CGR, se pudo establecer que los bancos donde están depositados los recursos de regalías reconocen, en las Cuentas Maestras, incluyendo la Cuenta Única, una tasa de interés muy por debajo de las del mercado, castigando los recursos de inversión para proyectos de desarrollo.
Se determinó que en más del 86% de las Cuentas Maestras las tasas de interés son inferiores a la establecida por la Superintendencia Financiera como referencia, con un interés promedio entre el 0,01% y 3,23%.
Concentración de la contratación
Otro de los temas de investigación de la Contraloría General de la República es la concentración de la contratación con recursos de regalías. A manera de ejemplo, en el período 2012-2019, la contratación de consultoría para vivienda en cada uno de los departamentos ha tenido unos índices significativos de concentración en uno o dos firmas consultoras.
Los departamentos de Chocó y Caquetá son los que presentan los mayores valores de regalías contratados a un solo consultor. Chocó ha contratado con un solo consultor el 75,43% de los contratos correspondientes a consultoría, que equivalen a $8.209 millones de pesos y Caquetá ha contratado con un solo consultor el 86,43% equivalente a $5.112 millones de pesos.
Aumento de hallazgos fiscales
En el ejercicio auditor de la vigencia 2019 se encontraron 375 hallazgos con incidencia fiscal, por valor de $718.342 millones. El número de beneficios fue de 30 por valor de $119.849 millones, para un total de $838.191 millones.
El valor de los hallazgos con incidencia fiscal supera la cifra que se obtuvo para el periodo 2018, en un 132%, ya que para ese entonces se tuvo como resultado un total de 309, por valor de $309.036 millones.
El resultado más reciente muestra un aumento bien significativo:
Un total 383 de hallazgos con incidencia fiscal, por un valor de $722.184 millones de pesos, detectaron las auditorías que realizó la Contraloría General de la República en el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2019 y el 31 de mayo de 2020.
Esto significa un crecimiento de más del 500% en el valor de los hallazgos fiscales encontrados en este período, con respecto al anterior (vigencia del 1 de junio de 2018 al 31 de mayo de 2019), con un total de 144 por valor de $133.989 millones.
Se destacan 5 casos de impacto relacionados con hallazgos fiscales en los departamentos de Córdoba ($69.896 millones de pesos), Sucre ($47.657 millones de pesos), Putumayo ($23.935 millones de pesos), Meta ($66.920 millones de pesos), y Casanare ($81.955 millones de pesos).
Otro aspecto a destacar: se registra un valor de beneficios obtenidos para el periodo junio 2019 a mayo de 2020 de $119.849 millones de pesos.
Del 1 de junio de 2019 al 31 de mayo de 2020, se auditaron en total 766 proyectos, por un valor total de $6.197 billones de pesos.
Durante este período, se han tramitado igualmente 716 procesos de responsabilidad fiscal por un valor total aproximado de $883.901 millones de pesos (cuantía con variación debido a que existen procesos cuyo valor se encuentra por determinar), de los cuales 159 procesos son de conocimiento de los contralores delegados intersectoriales que se encuentran en el nivel central por valor total de $650.402 millones; y 557 procesos por valor de $233.500 millones se adelantaron en los territorios, por contralores provinciales de regalías e integrantes de las colegiaturas.
Menores recursos y efectos de la emergencia sanitaria
Según la Contraloría, durante el 2019, Colombia dejó de percibir importantes recursos de regalías por causa de la explotación ilícita de minerales, al estancamiento de proyectos debido a dificultades para el cumplimiento de la normatividad ambiental y la complejidad de los procesos de concertación social.
También por efecto de las caídas de los precios en el mercado internacional las regalías de carbón disminuyeron 14% en el 2019, pues pasaron de $2.2 billones en el 2018 a $1.9 billones en 2019.
La Ley 1942 de 2018 estableció un ingreso proyectado de $18,56 billones por recaudos y transferencias, pero durante la pandemia el recaudo cayó en un 18%.
La emergencia por el Covid-19 provocó una disminución en los recursos del Fondo de Estabilización que han sido destinados a la atención de las necesidades sanitarias.
También ha tenido una marcada incidencia la utilización de recursos prestados del Fondo de Ahorro Pensional Territorial FONPET para financiar el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) y el FAE.
Así, proyectos que se consideraban prioritarios para municipios y departamentos debieron ser aplazados.
Otras situaciones que destaca el Informe
de Balance de Regalías de la CGR
*En términos generales, la Contraloría General de la República señala que la Nación ha dejado de percibir importantes recursos de regalías asociados a la explotación ilícita de minerales, al estancamiento de propuestas o proyectos de hidrocarburos y mineros que no avanzan debido fundamentalmente a las dificultadas asociadas al cumplimiento de la normatividad ambiental y en las divergencias de intereses que se expresan en los procesos de concertación social.
*Así mismo, persisten débiles procesos de fiscalización sobre todo en el conocimiento de las reservas mineras y su explotación, como también los incumplimientos de las empresas de hidrocarburos y mineras de sus obligaciones contractuales.
*La baja formalización de los procesos de extracción de minerales ha conllevado como nunca antes a una muy baja recaudación de regalías que puede conllevar a menores inversiones en los planes de desarrollo locales, especialmente en deficientes ejecuciones en las áreas de educación, salud, vías terciarias e infraestructura.
*La extracción irregular de minerales acarrea graves consecuencias en el desarrollo local y altos índices de corrupción en todos los esquemas productivos en las regiones. A pesar del trabajo conjunto entre diferentes instituciones para enfrentar el grave delito de la extracción ilícita de minerales, el país presenta un escenario preocupante de ilicitud en toda la cadena productiva de la minería, desde la explotación hasta la comercialización de los minerales.
*Otro aspecto que se debe tener en cuenta, no relacionado con mayores ingresos de regalías, está asociado con los conflictos presentados entre la gestión de los recursos naturales renovables (áreas excluibles de la minería) y la explotación de hidrocarburos y minería. De acuerdo con la sentencia C-035/16, no deben existir explotaciones en zonas de páramos y por extensión en zonas de exclusión minera como por ejemplo las reservas forestales protectoras y humedales Ramsar entre otros, sin embargo, todavía existen proyectos vigentes en dichas zonas, independientemente de una posible condición de suspendidos.
*De acuerdo con la información suministrada por la Agencia Nacional de Minería, con fecha de corte del 26 de diciembre de 2019, se encontraban 665 títulos mineros superpuestos total o parcialmente con áreas excluibles de la minería, superando 14 Riesgos y hechos en el ciclo de las regalías 2019 y perspectivas 2020 las 230.000 hectáreas. Así mismo, se presentan conflictos generados por la superposición de las explotaciones de hidrocarburos y minerales con otros sectores, como por ejemplo con la infraestructura de interés público, los patrimonios culturales y los procesos de adjudicación y restitución de los derechos de las víctimas del conflicto.
