Veeduría Ciudadana urge al Superintendente de Servicios Públicos pagar deudas de Air-e por compra de energía para evitar apagón en Atlántico, La Guajira y Magdalena.
• El incumplimiento de la Superintendencia en la cancelación de las obligaciones contractuales de Air-e ha puesto en riesgo la operación de las generadoras y transmisoras de energía.
• La Veeduría Cívica solicita intervención de la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación para resolver esta nueva crisis del sistema eléctrico regional.
La Veeduría Ciudadana Proceso Toma de Posesión de Air-e en Intervención, conformada por los Comités Intergremiales de Atlántico y Magdalena, las Cámaras de Comercio de Barranquilla, Santa Marta y La Guajira, y ANDI Atlántico-Magdalena, le hizo un llamado urgente al Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios), Yanod Márquez Aldana, para que pague las deudas cercanas a 2 billones de pesos que tiene esa empresa con las generadoras y transmisoras de energía, situación que ha agravado la crisis del sector en la Región Caribe y puede provocar un apagón en Atlántico, La Guajira y Magdalena, afectando a 5.400.000 habitantes de esos departamentos y a su sistema productivo e institucional.
El incumplimiento de Air-e en el pago de sus obligaciones contractuales por compra de energía viene desde antes de la intervención de la empresa, pero se ha acentuado durante la administración de la Superservicios, entidad que aún no asume su responsabilidad en el pago de esas deudas, provocando con ello el debilitamiento financiero de generadoras y transmisoras poniendo en riesgo su capacidad de operación.
La solicitud y la advertencia del eventual apagón en los citados departamentos fueron hechas por la Veeduría Ciudadana Proceso Toma de Posesión de Air-e en Intervención en una comunicación enviada al ministro de Hacienda, Germán Ávila, al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, y al Superintendente de Servicios Públicos, Yanod Márquez Aldana.
En la comunicación se les recordó a los citados funcionarios que la Superservicios, en su función de interventor, está obligada legalmente a prestar el servicio de energía eléctrica con todos los derechos y obligaciones que ello implica. Ello incluye garantizar el desembolso de los recursos necesarios para que Air-e pague las deudas por la compra de energía a las plantas generadoras.
También se les señaló que la citada Superintendencia, como ordenadora del gasto del Fondo Empresarial, debe conseguir la autorización del Ministerio de Hacienda para tener las garantías de la Nación que le permitan apropiar los recursos destinados al pago de las obligaciones de Air-e con las generadoras. El sustento de ello es el artículo 132 de la Ley 812 de 2003, el cual establece que este fondo tiene como objeto garantizar la continuidad de la prestación del servicio. Con ese mismo propósito se pueden hacer operaciones de crédito público o créditos de Tesorería otorgados por la Nación.
La Veeduría Ciudadana le pidió además al ministro de Hacienda y al Superservicios pagarle a Air-e las deudas que la Nación tiene con la empresa por subsidios, y fortalecerla financieramente, incluso con recursos del Presupuesto Nacional, para que pueda concluir el plan de inversiones en la infraestructura eléctrica puesto en marcha desde antes de su intervención.
La responsabilidad de la Superservicios frente a la insolvencia económica de Air-e Intervenida se basa en los siguientes argumentos que tienen sustento legal:
1. La Superservicios es la entidad estatal a la que el ordenamiento jurídico le otorgó la competencia de garantizar la viabilidad y continuidad en la prestación del servicio público de energía de las empresas intervenidas; asegurar los recursos requeridos para cumplir con sus compromisos, y administrar el Fondo Empresarial.
2. La principal figura contractual que establece la ley 142 de 1994 es el contrato de condiciones uniformes el cual define las condiciones de calidad sobre las que debe prestarse el servicio. Esta condición debe cumplirla la Superservicios como prestador, y también le corresponde vigilar que se haga efectiva.
3. El pago de las deudas de Air-e no solo es una obligación de la empresa, sino que cobra mayor relevancia en momentos de intervención, pues, la garantía de pago le corresponde a una entidad pública, que es la Superservicios.
La Veeduría Ciudadana le solicitó también a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República, tomar las decisiones que les correspondan para evitar el agravamiento de la crisis del sector eléctrico en la Región Caribe como consecuencia de la situación financiera que sufre Air-e, administrada ahora por la Superservicios.
