Trabajar en los aspectos relativos a la adaptación y mitigación del cambio climático. A propósito de éste y de su relación con el Covid-19, debe mencionarse que los cambios o variaciones climáticas inducen a mutaciones en organismos como virus y bacterias. Los cambios en las condiciones de un entorno promueven variaciones en su información genética, que dificultan por desconocimiento, la acción que contrarreste sus efectos nocivos.
Debemos recordar que Colombia hace parte de todos los convenios internacionales relativos a la gestión del cambio climático. Uno es el acuerdo de París, en el que la premisa evitar que el aumento de temperatura para el año 2100 sea superior a 2 °C, haciendo esfuerzos importantes para que no se sobrepase 1,5 °C. Unilateralmente, Colombia se ha comprometido a reducir hasta en un 20% las emisiones de GEI que son proyectadas en el marco de la Agenda 2030. De esta AGENDA se desprenden los objetivos de desarrollo sostenible – ODS, de los cuales el #13 refiere a la Acción por el clima, el cual es tajante en el hecho de la necesidad de “adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos”; 6 más de estos ODS se relacionan directamente con el logro de metas inter-dependientes que coadyuvarían de manera importante en ese aspecto. Estos son: ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, infraestructura innovación y desarrollo y energía asequible y no contaminante.
Al ser vinculante, Colombia tiene metas generales importantes en el corto, mediano y largo plazo que trataremos de esbozar brevemente en las diferentes escalas (Nacional – regional y local). A nivel nacional y en corto plazo, el Plan Nacional de Desarrollo tiene una meta de reducción de 36 MtonCO2e y acciones en función de la gestión del C.C. en la mayoría de los sectores del gobierno.
Del sector ambiente, derivan acciones en reducción de emisiones, adaptación al cambio climático y gestión del riesgo. Para temas relacionados con el sector de las minas y energía, las acciones se encaminan a la utilización de energías renovables y al mejoramiento de la eficiencia energética. El sector de agricultura y desarrollo rural propende por sistemas agropecuarios adaptados y sistemas de ganadería sostenible; así mismo el sector de vivienda y saneamiento enfoca su accionar en el aprovechamiento de residuos y en la construcción de edificaciones sostenibles; mientras que el sector de transporte lo hace para la movilidad sostenible. Por su parte, el sector de comercio, industria y turismo contempla programas para que las empresas incorporen el riesgo climático en su gestión y el sector de hacienda crea y facilita mecanismos financieros para la gestión del cambio climático.
En nuestro departamento, es importante resaltar que teniendo en cuenta los referentes mencionados, y de los aspectos de diagnóstico, según la tercera comunicación de cambio climatico del IDEAM, se espera un aumento de temperatura para el año 2040 cercano a 1.2 °C en buena parte del territorio sur, en tanto que, para la precipitación contamos con escenarios bastante agresivos de reducción de hasta en un 25 a 29% en el mismo período y en buena parte de su extensión, ubicando al Atlántico como el 5to. Departamento con mayor riesgo por cambio climático y en contraste, apenas se ocupa el puesto 19 en lo que refiere a departamentos con mayor número de acciones de adaptación al cambio climático.
Lo anterior, define la necesidad de actuar de manera más intensa y eficiente, por la importancia de la infraestructura y de las posibilidades productivas del Departamento, las cuales, al contrario de lo que podría pensarse, pueden verse incrementadas o potencializadas justamente por la implementación de acciones en función de la mitigación o de la adaptación del C.C.
A nivel regional – local, de estos lineamientos deriva la formulación del Plan Integral de Gestión del Cambio Climático Territorial del Departamento de Atlántico PIGCCT, ejercicio que la C.R.A apoyó en el año 2016, y que tiene como propósito “contribuir a mejorar la capacidad del territorio del Atlántico para adaptarse al incremento medio de la temperatura y a la variación en las precipitaciones como consecuencia del cambio climático así como desarrollar las acciones pertinentes a nivel departamental para reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), todo por virtud de los convenios ya mencionados.
De esta situación deriva una VISIÓN que establece que “el Atlántico en el 2040 será un departamento reconocido por su competitividad e innovación, con gente educada y consciente; enfocada en asegurar un territorio resiliente y bajo en emisiones, que ha garantizado la calidad de vida de sus pobladores y ecosistemas saludables. Un territorio geoestratégico, con el desarrollo en energías alternativas”.
El reto es efectivamente significativo, de lo definido en el PIGCCT, nuestra misión es articular las acciones de gestión institucional y promover su implementación en el ámbito de actuación como Corporación. Por tal razón nuestro Plan de Acción Institucional PAI 2020-2023 define aspectos que se relacionan directamente con los 6 ejes estratégicos y 3 transversales del plan, de los cuales solo voy a citar algunos de los más importantes pues son numerosos y muy importantes.
En términos de infraestructura portuaria, si bien es cierto no hay acciones de inversión directamente, si hay un compromiso en reducir las emisiones por la actividad, en la que la función de la Corporación es verificar y controlar que la actividad cumpla con la norma activa y con la meta que se propone el plan; lo anterior, con fundamento en el ejercicio de la autoridad ambiental, tendientes a prevenir o mitigar los efectos de la erosión costera a partir de la gestión de información y la generación de las respectivas alertas en función de los seguimientos a partir de sensores remotos, tan sólo para dar un ejemplo.
En lo referente a la gestión urbana, los apoyos estarían relacionados con la gestión integral de los residuos sólidos, asesorando la formulación y el monitoreo de los PGIR y gestionando proyectos de economía circular, así como procesos educativos y capacitación a personal en todo lo que refiere al manejo integral de los residuos. Por otra parte, es viable un aporte significativo en lo atinente a arborización urbana que coadyuve al enfriamiento natural y a la captación de CO2.
A partir de lo definido en el aspecto de la alternatividad en el uso de la energía y la cogeneración, la C.R.A fomenta el conocimiento sobre el potencial energético de la generación de biogás, a partir de residuos pecuarios en el Departamento e impulsa proyectos de generación de fuentes no convencionales de energía Renovable (FNCER) y generación distribuida y de gestión eficiente de la energía, además de pretender conocer el potencial de energía eólica en el Departamento.
En el plan integral se entendió claramente el papel de ecosistemas estratégicos como el bosque seco tropical, las ciénagas y el manglar, propender por su recuperación y funcionalidad. En tal virtud, la Corporación tiene mucho que ofrecer, definiendo en su PAI 2020-2023, acciones para la restauración y preservación de los ecosistemas para la regulación de la oferta hídrica en el Departamento, como acuíferos, humedales, manglares, zonas de ronda, nacimientos de agua, zonas de recarga de acuíferos, áreas marinas y costeras, entre otros.
En el recurso hídrico, el abordaje está en el manejo y uso eficiente del recurso, especialmente en los sectores agrícola e industrial, con acciones directas en prevención de la contaminación y recuperación de cuerpos de agua. Se pretende generar una gestión importante en la lucha contra la desertificación, producir más de 50.000 plántulas en vivero para apoyo en programas de reforestación y concretar cerca de 500 hectáreas bajo sistemas sostenibles de conservación, con especial énfasis, en el sur del Atlántico. También asistencia a los municipios en la implementación y seguimiento de esquemas de pago por servicios ambientales y convenios de producción más limpia con plantas de beneficio de ganado (matadero), cementerios, instituciones educativas, centros de salud y sistemas productivos.
