En los últimos días, han sido varios los congresistas de la República, especialmente los caribeños, los que han unido sus voces de rechazo en contra del anuncio del Gobierno Nacional con relación al cobro de valorización en la vía Barranquilla-Cartagena y circunvalar de la Prosperidad.
Precisamente, el congresista por el Centro Democrático Carlos Meisel confirmó que el día de hoy radicará ante los despachos judiciales de Barranquilla una acción popular en contra de la valorización.
De acuerdo con el legislador, han venido trabajando en una acción popular que ya está lista para tumbar la determinación del Ejecutivo.
“Invitamos a toda la ciudadanía que nos acompañe el lunes en el Centro Cívico de Barranquilla en su radicación”, detalló.
Precisó en ese sentido, que están prestos para acompañar a todas las demandas que han sido presentadas, al considerar que es un cobro que afecta a las comunidades.
Detalló el legislador, que debe ser un trabajo en equipo para defenderse de un “atropello y del robo al Caribe por parte del Gobierno Nacional”, cuestionó.
Cabe recordar, que hace algunos días, en el Congreso de la República se llevó a cabo un debate de control político solicitado por los congresistas Efraín Cepeda y Mauricio Gómez Amín, para abordar el mismo tema
En la jornada, Mauricio Gómez Amín aseguró que en el Atlántico se verán afectados 180.633 predios en siete municipios, por ejemplo, “en Barranquilla serán 89.168, en el municipio Galapa, 11.285; en Juan de Acosta, 7.029; en Malambo, 6.551; en Piojó, 830; en Puerto Colombia, 22.422; en Soledad, 36.618 y en Tubará, 6.743”.
En lo que respecta a Bolívar, serán 68.023 predios, en Cartagena, 66.303 para un total, según el senador, de 248.653 predios afectados.
En ese sentido, explicó que el cobro del gas subió un 28%, el de la luz un 45%, el de la gasolina un 68% y los peajes un 4.6%,
“¿Entonces cómo paga la gente todo esto? El bolsillo no aguanta más, porque venimos de una reforma tributaria aprobada en primer año del gobierno Petro, venimos de una adición presupuestal aprobada el segundo año de gobierno y ahora nos anuncian una ley de financiamiento de 12 billones de pesos, eso es una tercera reforma tributaria”, anotó.
Por su parte, el senador y presidente de la cámara alta del Congreso de la República Efraín Cepeda citó el artículo 249 de la ley 1819 del 2016, el cual estipula que la valorización se podrá cobrar antes o durante la ejecución de proyecto y que el acta de terminación de dicha vía, de la fase construida, tiene entrega de 2022.
“Además, en 2023 se permite cobrar hasta 5 años después de inicio del proyecto, pero están aplicando retroactividad. Esta obra se recibió en 2022 y nos pretenden aplicar una ley de 2023, para tener un 35% construido en
doble calzada.La Financiera de Desarrollo Nacional asume que todo el proyecto se terminó de doble calzada, pero lo que está en una calzada es el 70% nada más y la pretenden cobrar en doble calzada al 100%”, señaló.
De acuerdo con Cepeda Sarabia, el 80% existente fue contratado por contrato de concesión 504 de 1994 y terminó en 2019. “Es decir, hace 30 años de ese contrato”.
Según lo expresó el legislador, el cobro
afecta a los habitantes de la región caribe que en un 80% son de estratos 1, 2 y 3. “Es inaudito que se esté pensando en hacer cobros en avalúos comerciales y no catastrales. Esta valorización es antiética y no cumple con el principio constitucional de no retroactividad de los tributos, dado que lo establecido por la ley entra en vigencia después de la entrega de la construcción”.
A lo anterior, se suma que los gremios de Atlántico y Bolívar solicitaron derogar las resoluciones sobre valorización nacional en corredor costero Cartagena Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad.
En la comunicación solicitaron al Ministerio de Transporte derogar las resoluciones 1729 de 2023 y 2615 de 2024 de Invías, mediante la cual se pretende cobrar la contribución de valorización nacional en la zona de influencia del corredor costero Cartagena Barranquilla y la Circunvalar de la Prosperidad, “porque violan principios constitucionales y legales, tal cual se señaló en la acción de nulidad que el Comité Intergremial del Atlántico y el Consejo Gremial de Bolívar presentaron ante el Consejo de Estado el pasado 9 de julio de este año, es decir hace un mes”.
Según lo explicaron, los vicios de nulidad señalados en dicha acción de nulidad se relacionan con:
-Retroactividad del cobro contraviniendo el artículo 363 de la Constitución, que lo prohíbe para las leyes tributarias.
-Inadecuada determinación del beneficio, violando la Ley 1819 de 2016 que exige demostrar un beneficio económico concreto para los inmuebles afectados.
-Deficiencias en la zona de influencia que fue delimitada sin seguir los criterios técnicos establecidos por la normativa.
-Falta de estudios técnicos y socioeconómicos para establecer la capacidad de pago de los contribuyentes.
-Errores en la determinación de la base gravable que se estableció sin descontar ingresos ya generados por peajes, lo que vicia el cálculo del monto distribuible.
-Método de distribución cuestionable que carece de criterios objetivos por basarse en metodologías inapropiadas y no contextualizadas, que no reflejan adecuadamente la capacidad de pago de los contribuyentes.
Por otra parte, rechazaron la propuesta hecha por la ministra de Transporte, María Constanza García Alicastro, de que se acepte el cobro de la valorización nacional en la Vía al Mar Cartagena – Barranquilla sobre la base de destinar un porcentaje del recaudo a obras de Atlántico, Bolívar, Magdalena y Cesar “porque no se puede negociar a partir de decisiones que no tienen fundamento legal. No puede el Gobierno condicionar la ejecución de proyectos fundamentales para esta región al pago de dicha contribución cuando debieron incluirse en el Presupuesto Nacional de este año y del 2025”, puntualizaron.
