La Asamblea Departamental del Atlántico informó a la opinión pública que ha mantenido una lucha constante en defensa de las comunidades del departamento, encaminada hacia el desmonte del peaje Papiros, cuya estructura antitécnica ha sido objeto de rechazo por parte de la ciudadanía.
“En este sentido, hemos constituido una comisión accidental que ha dado un seguimiento permanente al tema, y todos los diputados de la misma han trabajado en la propuesta de alternativas que permitan el desmonte definitivo del peaje”, precisó la corporación.
“En esta oportunidad, expresamos como cuerpo colegiado nuestro total apoyo a la carta de intención emitida por la Gobernación del Atlántico en relación con el mantenimiento de la Vía al Mar, específicamente en el tramo comprendido entre el PR 97+000 (intersección de Puerto Colombia) y el PR 109+500 (fin actual de la concesión)”, agregó.
Al mismo tiempo, indicó que “reconoce la importancia de esta iniciativa para solucionar de manera definitiva el problema social que ha afectado a las comunidades de la zona costera del Atlántico debido a la permanencia del peaje Papiros. Si bien los peajes son instrumentos vitales para el sostenimiento de nuestras vías, el contexto actual ha cambiado drásticamente desde su construcción en 1995, con un significativo desarrollo urbano y comercial en el área”.
En el comunicado, la Duma recalcó:
“La Asamblea Departamental está convencida de que el desmonte del peaje Papiros es una medida necesaria para mejorar la movilidad, dinamizar la economía local y garantizar el bienestar de las comunidades vecinas. Por ello, reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando en conjunto con la Gobernación del Atlántico, asegurando que esta solución sea definitiva y efectiva.
Nos comprometemos a realizar un seguimiento continuo de las acciones propuestas por la Gobernación, y a colaborar en cada etapa del proceso de reversión, así como en las medidas necesarias para el adecuado mantenimiento de la vía. Además, apoyamos la suspensión temporal de las tarifas para las categorías C1 y C2, y la implementación de tarifas diferenciales para el sector transportador durante el periodo de transición, considerándolas justas y necesarias.
Finalmente, reiteramos nuestra disposición a trabajar de la mano con la Gobernación del Atlántico y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), con el objetivo de lograr una solución que beneficie a todos los actores involucrados y promueva el desarrollo sostenible de la región.
Adjuntamos carta al gobernador del Atlántico, Eduardo Verano De La Rosa”.