La Procuraduría General de la Nación solicitó al Gobierno nacional y a las autoridades del departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina estructurar un plan de acción urgente que impida el escalamiento de los casos de covid-19, garantice el suministro de medicamentos, insumos y dispositivos médicos que ya escasean y la presencia permanente de personal salud ante la emergencia por los desastres causados por el paso del huracán Iota.
En comunicación dirigida al jefe de la cartera de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, el Ministerio Público precisó que tuvo conocimiento de que en Providencia fueron diagnosticados 35 nuevos casos positivos para covid-19, y se está a la espera de los resultados de las pruebas practicadas entre el 20 y 22 de noviembre, a algunos de los damnificados del huracán, quienes permanecen en tiendas de campaña instaladas provisionalmente para atender la emergencia o fueron trasladados a la isla de San Andrés.
“Esta situación obliga a que el Gobierno nacional, en coordinación con las autoridades locales y EAPB, garantice la activación de la estrategia PRASS, active en forma inmediata los protocolos de tamizaje masivo y cerco epidemiológico a efectos de impedir el escalamiento de la pandemia que podría estar altamente favorecida por las condiciones de cercanía o hacinamiento provenidos de la permanencia de la población en refugios temporales, disponiendo la existencia y garantizando el suministro de tapabocas a toda la población del Archipiélago”.
Precisó el ente de control que se tiene reporte de la escasez de medicamentos, insumos, dispositivos médicos como alcohol antiséptico, esparadrapo, micropore, algodón, cabestrillos, férulas, equipos, tirillas y lancetas para glucometría; metformina, losartán + hidroclorotiazida; losartán, enalapril, linagliptina, entre otros.
Para la PGN esta información por su efectos directos, “deberá ser evaluada y resuelta en forma urgente, dadas las graves consecuencias de su carencia, sobre la morbimortalidad por enfermedades generales”.
Precisó que ante los daños que presenta la infraestructura médica de Providencia es vital el traslado permanente, ida y regreso, desde San Andrés, de personal de salud que garantice la atención a la población.
“Por lo expuesto, este organismo de control requiere al Ministerio de Salud para que se estructure un Plan de Acción para el departamento Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina que garantice el cumplimiento de las obligaciones a cargo de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios, de la Secretaría de Salud departamental; del Hospital Clarence Lynd Newball y del mismo Ministerio de Salud en: i) la implementación de las medidas de control de la pandemia por Covid19; ii) la atención médica local o el traslado al interior del país de los pacientes que lo requieran; iii) la existencia y el suministro de medicamentos, equipos biomédicos e insumos esenciales. iv) el apoyo con personal médico y paramédico y su traslado seguro entre las islas”.
La solicitud hace para acción preventiva de vigilancia y seguimiento que inició meses atrás la Procuraduría en defensa de la garantía de los derechos fundamentales a la salud y a la vida de los ciudadanos del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, ante las deficiencias por parte de la administración departamental en la gestión de la infraestructura pública médico asistencial, que está en manos de la empresa particular IPS Sermedic.
