La Defensoría del Pueblo informó sobre el incremento de 213% en el número de familias desplazadas, pasando de 1.682 en 2020 a 5.266 en 2021.
Debido a la fuerte situación que viven miles de personas en Colombia, la Defensoría del Pueblo lanzó una nueva alerta. Según el ente de control, durante julio, agosto y septiembre pasados ocurrieron 21 casos de desplazamiento forzado que obligaron a 15.644 personas a abandonar sus casas por acciones violentas de grupos armados ilegales en diferentes territorios del país.
Así lo dio a conocer el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, al presentar el informe del tercer trimestre de 2021 sobre este fenómeno. En dicho informe el ente de control evidencia un incremento de 213% en el número de familias afectadas, pasando de 1.682 en 2020 a 5.266 en 2021.
“Un total de 5.266 familias fueron víctimas de desplazamiento forzado en 12 municipios de los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cauca, Chocó, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca. Como Defensoría del Pueblo trabajamos para que estas personas sean atendidas, se respeten sus derechos y puedan retornar a sus territorios”, indicó Carlos Camargo.
En el mismo periodo del 2020 las acciones de las organizaciones armadas impidieron la movilidad de 10.065 personas, que integran 2.454 familias de 38 comunidades, las cuales debieron permanecer confinadas ante el temor de afectaciones a su vida e integridad.
El años pasado ocurrieron 14 hechos en Caloto (Cauca); Acandí, Alto Baudó, Bajo Baudó, Litoral del San Juan, Medio San Juan y Nuquí (Chocó); Tumaco (Nariño); Puerto Leguízamo (Putumayo) y Buenaventura (Valle del Cauca).
Pero para el periodo de 2021, la Defensoría observó que el Pacífico sigue siendo el epicentro de la disputa territorial por las actividades relacionadas con el narcotráfico y la minería ilegal por lo que persiste el riesgo de desplazamientos y confinamientos forzados.
Por último, un punto preocupante que evidencia el informe es que las personas desplazadas que estaban regresando a sus hogares lo hacía sin acompañamiento de las autoridades, sin garantías de seguridad. Sin embargo, a pesar de no tener un apoyo se vieron obligadas a regresar, pese a que el peligro por cuenta de los de los grupos armados que operan en las zonas del país es permanente.
