El despacho del magistrado Carlos Enrique Moreno no acogió las pretensiones de la demanda presentada por el abogado Joan Sebastián Moreno.
El Consejo de Estado negó la demanda que pedía la ‘muerte política’ del senador Gustavo Bolívar, por haber apoyado a la denominada ‘primera línea’ en el marco del Paro Nacional.
El despacho del magistrado Carlos Enrique Moreno no acogió las pretensiones de la demanda presentada por el abogado Joan Sebastián Moreno, quien aseguraba que la ‘primera línea’ se había constituido como movimiento político y que, por tanto, el senador había incurrido en una falta, por cuanto, a su juicio, vulneró el artículo 110 de la Constitución, que prohíbe a los funcionarios públicos financiar o promover movimientos políticos o candidatos.
Lo anterior, alegando que el senador compartió una colecta que estaba haciendo el colectivo Manos Limpias, con la que buscó dar recursos a los manifestantes, que en ocasiones terminaron enfrentados con la Policía y el Esmad.
No obstante, el tribunal tuvo en cuenta el concepto de la Procuraduría, que señalaba que el movimiento de jóvenes no estaba constituido como un grupo político, por lo cual su financiación no iba en contravía de las leyes y las normas.
“La verdad es que en concepto del Ministerio Público, para el momento de los hechos no es posible tener una certeza de que se trate de un movimiento político, porque este tiene una definición que le da una connotación de organización encaminada a incidir en la voluntad política o a participar en las elecciones, y en el momento en que ocurren los hechos no era posible poder identificar estos elementos”, indicó el Ministerio Público.
La Procuraduría agregó que no se debe equiparar el movimiento social con el movimiento político, porque son elementos totalmente diferentes “y para efectos de la aplicación del artículo 110 de la Constitución reiteramos, tiene que estar claramente establecido que se trate de un movimiento político”.
Por esos mismos hechos, y aunque la Procuraduría pidió mantener la investidura de Bolívar, en septiembre pasado ese organismo informó de una indagación disciplinaria para determinar si el senador había incurrido en alguna falta.
En medio de la investigación, la Procuraduría también busca establecer si esos elementos comprados por la fundación fueron utilizados para la protección personal de los manifestantes o si, por el contrario, se financió una actividad aparentemente ilegal que habría atentado contra los bienes del Estado y la seguridad de la población.
