El título de este escrito no exagera, es absolutamente real. En los primeros 7 meses del 2.020, cada 15 minutos en nuestro país ocurrió una muerte o defunción fetal. Esa información resulta de lo mencionado recientemente por el Departamento Nacional de Estadística (DANE) cuando resaltó, al presentar las estadísticas vitales del período comprendido entre enero y julio de 2.020, que “se reportaron en Colombia 19.549defunciones fetales”, y que “el 22,8% se concentró en el grupo de madres con edad entre 25 y 29 años”.
Una muerte o defunción fetal, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es la “muerte de un producto de la concepción, antes de su expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre, independientemente de la duración y sitio del embarazo”.
La cifra de casi 20 mil muertes fetales entre enero y julio de este año en Colombia, de acuerdo con el citado informe del DANE, no incluye las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE), derivadas de las tres causales establecidas en la Sentencia T-841 de 2011 de la Corte Constitucional.
Según las primeras estimaciones conjuntas de mortalidad fetal publicadas por UNICEF, la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Grupo Banco Mundial y la División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, dadas a conocer hace menos de un mes en el informe “Una tragedia olvidada: la carga mundial de la mortalidad fetal”(A Neglected Tragedy: The global burden of stillbirths, original en inglés), en el mundo cerca de dos millones de bebés nacen muertos cada año, lo que implica uno cada 16 segundos.
Dichas estimaciones también establecieron que la inmensa mayoría de esas muertes fetales, un 84%, se producen en los países de ingresos bajos y medios bajos. Sin embrago, también en el informe se pone de relieve que la mortalidad fetal no es solo un problema de los países pobres. En 2019, en 39 países de altos ingresos se registró una tasa de mortalidad fetal superior a la de las muertes neonatales, y en 15 países se registró un número mayor de muertes fetales que de niños menores de un año. El nivel educativo de la madre es uno de los principales vectores de la desigualdad en los países de altos ingresos.
En el informe liderado por UNICEF se advierte algo aún más preocupante y es que la actual pandemia de COVID-19 podría empeorar la tasa mundial de mortalidad fetal, pues esta pandemia ha causado la reducción del 50% de los servicios de salud y dicha situación podría provocar cerca de 200.000 nuevas muertes fetales en un periodo de 12 meses en 117 países de ingresos bajos y medios, lo que correspondería a un aumento del 11,1 % de la carga de la mortalidad fetal.
Las cifras del DANE y lo publicado por el anterior grupo de entidades con UNICEF a la cabeza, debe motivar urgentemente a una profunda reflexión enquienes en Colombia tienen la responsabilidad de garantizar una política pública adecuada y efectiva de salud sexual y reproductiva. Ya en días pasados a través del estudio “Milena”, que es la sigla para “Metodología de Impactos del Embarazo Adolescente en América Latina y el Caribe”, utilizada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNPFA) que midió por primera vez los costos sociales y económicos del embarazo de la niñez y la adolescencia en Colombia, se había conocido el costo billonario que le significa a este país no prevenir adecuadamente el embarazo adolescente y la maternidad temprana, resultando en 5,1 billones de pesos colombianos (Lo que informó Milena por la falta de prevención del embarazo en Colombia).
Que hoy ocurran casi 20 mil defunciones fetales semestrales en Colombia, una cada 15 minutos, no puede seguirse viendo como algo “natural”, como hoy se ve “normal”, que después de 9 meses de pandemia, cada día sigan muriendo personas por el coronavirus en el territorio nacional, que a la fechase haya sobrepasado hace rato el millón de contagios (ya casi son 1.140.000 casos documentados) y que los fallecidos por COVID-19 sean ya más de 32 mil personas en este país(Información en línea: Contagios y muertes en Colombia por Covid-19). El estudio “Milena” ya alertó a los tomadores de decisiones y a los formuladores de políticas públicas sobre lo que dejan de recibir en Colombia como ingresos las mujeres que se embarazan en la adolescencia y cómo esa circunstancia las limita en el acceso a mejores formas de educación y por tanto a mejorar su calidad de vida y la de sus familias, además del gasto en salud que le toca asumir al Estado por la falta de prevención de la maternidad temprana, que va en desmedro de la misma estabilidad financiera del país.
El mensaje con este análisis de coyuntura se resume en que Colombia requiere de manera urgente repensar la política pública de salud sexual y reproductiva: hay que proteger a las niñas y adolescentes, hay que prevenir las muertes fetales, hay que prevenir el embarazo adolescente y la maternidad temprana, hay que evitar las muertes evitables. No puede concluirse que si aquí en Colombia una muerte fetal ocurre cada 15 minutos y en el mundo cada 16 segundos, “el país está bien”. El país no puede negarse a una realidad que debe ser intervenida inmediatamente. De lo contrario, seguirán ocurriendo las muertes fetales en Colombia y tal vez a un ritmo más rápido al que hasta ahora desafortunadamente vienen ocurriendo.
Preguntas de cierre: ¿ya se sabe en cuánto se redujo el acceso a los servicios de salud en Colombia por la pandemia y por esa razón cuántas muertes fetales más se esperan por esta reducción? ¿Ya se definió la estrategia para evitar que el número de defunciones fetales aumente en el país por la pandemia?
