Luego de socializar los resultados de los estudios realizados por la Universidad de los Andes con representantes de la comunidad sorda, el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, dan el inicio al trabajo colectivo que permitirá construir una normativa que regule el proceso de licencias de conducción para transporte privado.
El estudio de la Universidad de los Andes, contratado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, estableció que no hay evidencia concluyente de que exista correlación entre las discapacidades auditivas y los índices de siniestralidad vial.
Los resultados fueron posibles, luego de realizar un análisis de perfiles de riesgo en seguridad vial que brindan los insumos iniciales para analizar condiciones y criterios de expedición de la licencia conducción de vehículos automotores. Esto implicó establecer los diferentes factores, grupos y situaciones de riesgo, así como grupos vulnerables para la seguridad vial, con los que se analizó la situación para la población en general y, específicamente, la relación entre siniestralidad vial y personas con discapacidad auditiva.
Siguiendo con el compromiso del Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, de trabajar constructivamente con la comunidad sorda, La Universidad de Los Andes, explicó en detalle los resultados obtenidos del “Estudio epidemiológico sobre niveles de idoneidad de conductores”, mediante el cual se analizaron tanto los temas clínicos y de siniestralidad, elementos fundamentales para regular un proceso de licencias de conducción en transporte privado.
De igual manera, dentro de los principales resultados obtenidos por la Universidad de los Andes y socializados con representantes de la comunidad sorda, se evidencia que no hay insumos concluyentes que determinen la relación entre los índices de siniestralidad vial y la población con discapacidad auditiva.
“Desde el Ministerio de Transporte entendemos la necesidad que tenía esta comunidad para poder hacer y acceder a este trámite, por eso hemos avanzado efectivamente en varias mesas de trabajo con el fin de entender los diferentes puntos de vista; beneficiarios y expertos, y de esta forma llegar a una solución que hoy podemos decir garantizará la libre movilización de estas personas, sin que sus problemas de audición sean una barrera”, aseguró la Ministra de Transporte encargada, Carmen Ligia Valderrama.
Entre las conclusiones, la Universidad de los Andes, realizó un análisis de perfiles de riesgo . Gracias a estos resultados, se decidió iniciar la construcción, de manera conjunta, de un plan de acción y explorar la normativa necesaria para reglamentar la licencia de conducción de transporte privado a la comunidad sorda, todo esto cumpliendo con los requisitos necesarios que garanticen la seguridad para todos los actores viales.
La decimo segunda mesa técnica se llevó a cabo con la participación del Director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Luis Lota; Fabio Restrepo, director de Tránsito y Transporte del Ministerio de Transporte; Olga Lucía Sarmiento, Mónica Pinilla y Luis Guzmán de Universidad de los Andes; Natalia Martínez del INSOR; Daniel Ocampo, Erika Melgarejo, Nathalia Ardila de la comunidad sorda y el líder promotor Henry Mejía, así como representantes regionales de las agremiaciones de la comunidad sorda y FENASCOL, entre otros participantes.
“Este trabajo nos lo hemos tomado con mucha seriedad, por eso estamos viendo avances efectivos en este sentido. Un trabajo que desarrollamos paso a paso y que lo hemos hecho de manera conjunta. Es importante seguir este proceso bajo esta metodología: que nos garantice que estemos todos cubiertos y que la comunidad sorda tenga la claridad de cómo pueden acceder a la licencia para transporte privado y contar con todos los elementos necesarios para tal fin. Reiteramos nuestro compromiso desde ANSV y el Ministerio de Transporte por garantizar los derechos con reglas claras y transparentes, y con un cronograma de trabajo conjunto que respete los tiempos”, puntualizó Luis Lota, director de la ANSV.