La vía que conduce de Bogotá a Villavicencio, tiene solo 87 kilómetros y en ella están instalados tres peajes que suman $ 46.800 por cada trayecto para vehículos pequeños, ingresos que van a parar al bolsillo del concesionario de la vía, Coviandina, que hace parte del grupo económico del banquero Luis Carlos Sarmiento Ángulo.
A pesar que la vía está concesionada, cada vez que se presenta un derrumbe o deslizamiento en los 134 puntos críticos del trazado, la obligación de intervenirlo no es del concesionario, que es el que cobra los peajes, sino del Ministerio de Transporte, que con dinero de nuestros impuestos, debe salir a solucionar.
Hoy, la vía nuevamente está cerrada y los comerciantes del Meta están perdiendo 43 mil millones de pesos diarios, sin que se avecine una solución definitiva a los continuos cierres.
Ante esta situación, el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, en una reunión con la ministra de Transporte, Ángela María Robledo, le cantó la tabla a la funcionaria, quien se quería escudar echándole las culpas al gobierno anterior.
