La Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Cundinamarca, en un trabajo coordinado con la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) logró la desarticulación de una estructura delincuencial dedicada al fraude pensional. Serían 22 mil millones de pesos los que estarían comprometidos por este entramado de corrupción que se habría desarrollado entre los años 2009 y 2015.
El trabajo investigativo adelantado por la Fiscalía General permitió la judicialización de 11 personas, de las cuales 9 aceptaron su responsabilidad en los hechos descritos por el ente acusador.
Entre los afectados con la medida privativa de la libertad estarían funcionarios de la Rama Judicial de Barranquilla como jueces, secretarios, sustanciadores, notificadores, abogados, pensionados y servidores del antiguo Instituto de Seguros Sociales (ISS), otros lo son de Colpensiones.
La investigación evidencia cómo los procesados habrían conformado una organización delictiva que de manera fraudulenta, y mediante demandas laborales, obtenían el reconocimiento de pensiones de vejez, invalidez o reliquidaciones, todo sin cumplir los requisitos de ley.
Los implicados habrían falsificado documentos, cotizaciones y hojas de vida de supuestos pensionados para beneficiarse con millonarios pagos retroactivos de pensiones, sustentados en incrementos a sus mesadas. Cálculos preliminares dan cuenta de que el valor del fraude rondaría los 22 mil millones de pesos.
La denuncia
Esta investigación se originó en una denuncia formulada por la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) que dio cuenta de un presunto desfalco en dos procesos en los que aparecen dos pensionados asesinados.
Los direccionamientos estratégicos definidos por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, en su determinación de enfrentar la corrupción con contundencia, permitieron que la Fiscalía asignara el caso a la Seccional Cundinamarca.
En el marco de las investigaciones se ordenaron análisis grafológicos e inspecciones a computadores de los despachos judiciales aparentemente involucrados. Se hallaron firmas, al parecer, falsas; lo mismo que documentos presuntamente adulterados o modificados, esto sumado a hojas de vida y solicitudes pensionales espurias.
Las labores de policía judicial llevaron a realizar inspecciones forenses a los computadores de los despachos judiciales. Así, se logró establecer la manera como se habría determinado la manera de efectuar el reparto permitiendo que algunos procesos llegaran a dos juzgados del circuito en Barranquilla.
En la que se conoce como la primera fase de este caso, fueron capturados un juez y tres abogados. Una de estas personas ya fue condenada, y dos se encuentran en etapa de juicio. En esta segunda fase se ordenaron 11 capturas en los departamentos de Atlántico, Magdalena y Cesar. Entre los capturados estarían funcionarios de los juzgados 4 y 14 laboral del circuito de Barranquilla, abogados litigantes y otros antiguos del ISS y de Colpensiones.
Los implicados fueron imputados como presuntos responsables de delitos como: prevaricato por acción y omisión, peculado por apropiación, concierto para delinquir, concusión, cohecho, infidelidad en los deberes profesionales y acceso abusivo a un sistema informático, según sus responsabilidades individuales.
Nueve de los once implicados aceptaron cargos y diez fueron cobijados con detención domiciliaria, son ellos:
Alfonso Luis Noguera Imitola, juez cuarto laboral del circuito de Barranquilla, quien sería el organizador y financista de la organización. Aceptó su responsabilidad en cuanto a los delitos de prevaricato por acción y omisión como autor, peculado por apropiación en favor propio y en favor de terceros, concierto para delinquir como organizador, cohecho por dar u ofrecer, fraude procesal.
Pedro Mario De Jesús Rey Comas, sustanciador y escribiente de mismo juzgado laboral. Se allanó a los cargos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer, prevaricato por acción, destrucción y supresión u ocultamiento de documento público.
Edith Marina Blanco Carbonel, secretaria del mismo juzgado laboral. Aceptó los delitos de concierto para delinquir y concusión.
Wulfran Carrillo Marín, notificador del centro de servicios judiciales. Se allanó a los delitos de concierto para delinquir, daño informático y cohecho propio.
David Andrés Guarguati Méndez, abogado litigante. Aceptó el delito de peculado por apropiación a favor de terceros.
María Giselle Romero García, abogada litigante. Aceptó los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación a favor de terceros, prevaricato por acción en calidad de interviniente.
Yesenia Barrios Sandoval, abogada litigante. Se allanó a los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación a favor de terceros en concurso con prevaricato por acción..
Rusbel Antonio Martínez Villa, abogado de Colpensiones. Aceptó los cargos de prevaricato por omisión como interviniente, peculado por apropiación a favor de terceros y concierto para delinquir.
Filomena María Gutiérrez Fandiño, abogada del ISS. Se allanó a los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros como interviniente, prevaricato por omisión como interviniente y concierto para delinquir.
José Gregorio Hernández Díaz, quien ostenta la calidad de pensionado. No aceptó los delitos de fraude procesal, falsedad material en documento público y peculado por apropiación a favor de terceros. Sin embargo, por su avanzada edad le fue ordenada la detención en su lugar de residencia.
William Eduardo Gerónimo Saltarín. Laboró como secretario y sustanciador del juzgado 4 laboral, le fue imputado cohecho impropio. El juez le concedió medida de aseguramiento no privativa de la libertad por las condiciones actuales de salud.
