La Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión por 12 meses a la gobernadora de Magdalena, Rosa Cotes de Zuñiga (2016 – 2019), y al exmandatario departamental, Luis Miguel Cotes Habeych (2012 – 2015), por irregularidades en la ejecución del proyecto de inversión pública conocido como Vía de la Prosperidad, que comprometió recursos por más de $466.000 millones de la nación y del Sistema General de Regalías.
El órgano de control estableció que los disciplinados transgredieron los principios de economía y responsabilidad que rigen la contratación estatal, y de eficacia de la función administrativa, ante las deficiencias presentadas en la implementación y ejecución del proyecto que pretendía el mejoramiento de la vía Palermo – Sitio Nuevo – Remolino y Guaimaro en Magdalena, que se ejecutaría a través del Contrato de Obra 617 de 2013.
La PGN encontró que existieron faltas técnicas en la planeación del proceso de construcción del corredor vial, que se realizó con estudios y diseños desactualizados, elaborados en 2008 y 2009 para ser ejecutados a partir del año 2013, sin tener en consideración la ola invernal de 2010 y 2011, que cambió las condiciones físicas de la carretera, y la utilización de un presupuesto desfasado y sin sustento, en el que se modificaron las especificaciones del material que se proponía utilizar, situación que incrementó notablemente los costos en el transporte de los materiales para la construcción de terraplenes.
Además, determinó que hubo una reducción del alcance de la obra, teniendo en cuenta que el proyecto inicial era de 52.6 kilómetros y llegó a 18.3 kilómetros como consecuencia de las deficiencias en la planeación, la falta de definición, existencia y validación de canteras o fuentes de materiales viables técnica y jurídicamente para el momento del inicio de la obra, disminución que generó la exclusión de variantes importantes para la funcionalidad de la obra.
“La gobernación de Magdalena entrega una vía que no es funcional, un proyecto que no fue finalizado, la ausencia de procesos contractuales en curso para continuar la vía, tanto en diseños como en obra, y acorde con los términos del acta de liquidación del 10 de diciembre de 2019, se deduce que la obra empleó el doble de tiempo al inicialmente pactado, para entregar solamente 18 kilómetros de los 52 inicialmente planeados, todo ello a causa de la deficiente planeación en la dirección de la actividad contractual”.
“Adicionalmente, se observa que la vulneración de los citados principios de la función pública por parte del servidor público no solo compromete los fines públicos perseguidos por la contratación, atados al bienestar colectivo de las personas y de la región que se buscaba impactar favorablemente con el proyecto, sino que de paso se lesionan los derechos, intereses y expectativas de esas comunidades”.
A juicio de la Procuraduría la falta de diligencia quedó también acreditada con los múltiples modificatorios y adiciones que tuvo el contrato 617 de 2013, luego de la denominada “regulación” de la ejecución de la obra, la cual fue suscrita por la gobernadora Rosa Cotes, esperando la finalización de la obra el 15 de julio de 2018, lo que ocurrió el 10 de diciembre de 2019, con lo que se evidenció falta de cuidado en la estructuración y definición de los acuerdos establecidos, generando más demoras en la ejecución del negocio jurídico.
Además, según el informe de la interventoría “los tramos excluidos del contrato 617 de 2013 producto de la denominada “regularización” presentan deterioro y dificultades para la movilidad de los usuarios, particularmente en época de lluvias”.
Las faltas de los exmandatarios fueron calificadas de manera definitiva como gravísimas a título de culpa grave, por la falta de diligencia, cuidado y eficacia en la adopción de decisiones que se esperan de un administrador y gobernante de un ente territorial, quien tiene a su cargo la dirección de la actividad contractual y el manejo de bienes ajenos que le fueron confiados por la nación y el OCAD (Órgano Colegiado de Administración y Decisión) Regional Caribe.
La sanción de los disciplinados se convertirá en multa superior a los $100 millones, dado que no están ejerciendo actualmente los cargos.
Igualmente, la Procuraduría ordenó expedir copia del fallo sancionatorio con destino a la Fiscalía General de la Nación para investigar el posible delito de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, y al OCAD Regional Caribe que conoció el proyecto, al Departamento Nacional de Planeación, al INVIAS y a la Gobernación de Magdalena para que adopten las precauciones del caso para futuras acciones en relación con el proyecto.
Además, remitirá copias a la Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública para que defina la pertinencia de intervenir en relación con la gestión presente y futura del proyecto, así como a la Delegada para la Conciliación Administrativa para que analice la procedencia de interponer o intervenir en accionen en defensa de los intereses y derechos colectivos.
