En un “Elefante Blanco” notablemente deteriorado se convirtió el Complejo Cultural del Porro, en el municipio de San Pelayo (Córdoba), sede permanente del tradicional Festival Nacional del Porro; y por este hecho, la Contraloría General de la República señaló un presunto hallazgo fiscal por $17.655 millones de pesos.
Este es el hallazgo más relevante de una Actuación Especial de Fiscalización que realizó en el primer semestre del presente año la CGR a proyectos financiados con recursos de regalías que contrataron algunas Alcaldías del departamento de Córdoba y la misma Gobernación; y que tuvo como resultado 5 hallazgos fiscales por un total de $20.637 millones.
El hallazgo fiscal relacionado con el “Elefante Blanco” en que se convirtió el Complejo Cultural Nacional e Internacional del Porro, tiene también connotación disciplinaria. La obra fue inaugurada en 2015 y muestra hoy un evidente deterioro, por falta de mantenimiento, como se pudo verificar al atender una denuncia interpuesta ante la Contraloría General.
Este proyecto tenía como objetivo general ofrecer un espacio cultural especializado donde se desarrollarán actividades de expresión artística, beneficiando a 1.607.519. habitantes.
Una obra que no es útil y con graves deficiencias Luego del proceso auditor adelantado por la Contraloría General de la República, se pudo constatar que la ejecución de este proyecto refleja una gestión ineficiente, antieconómica e ineficaz del municipio de San Pelayo y del contratista, toda vez que carece de sostenibilidad y no cumple con el objetivo por el cual fue aprobado y puesto en marcha.
El proyecto es calificado como un ‘Elefante Blanco’, debido al daño fiscal por una obra que no es útil, por la ejecución de un proyecto de inversión en donde no se cumplieron con las funciones, finalidades y servicios que motivaron su contratación, dadas las graves deficiencias de planeación, sostenibilidad, funcionalidad, dotación y calidad de la obra.
Lo anterior es reflejo tanto de debilidades en los procedimientos constructivos e incumplimiento de normas y especificaciones técnicas, como de falta de rigor en el control y supervisión técnica a cargo de la interventoría.
“Teniendo en cuenta la mala calidad y estado de algunos ítems de la obra, se evidencia que la labor de la interventoría como vigilante de la correcta ejecución se muestra deficiente, negligente y omisiva”, sostiene la Contraloría General y concluye que, en este caso, no se cumplió a cabalidad con realizar labores de control y vigilancia.
¿Cómo y para qué se costea una obra en abandono y deterioro?
El Complejo Cultural Nacional e Internacional del Porro es sostenido por el Municipio den San Pelayo con recursos de estampilla pro cultura, recursos de ingresos corrientes de libre destinación y recursos del sistema general de participaciones.
Para la Contraloría, la inversión de estos recursos del Municipio se está direccionado a una obra que no está siendo empleada o generando alguna utilidad y uso.
Por lo evidenciado por el equipo auditor de la CGR, estos gastos e inversiones no han sido suficientes, ya que en la visita técnica realizada los días 2 y 3 de junio de 2020 es indiscutible el deterioro y abandono en que se encuentra esta obra:
*El acceso a la edificación se encuentra en mal estado, lo cual dificulta el ingreso al complejo.
*La zona de parqueo y otras áreas comunes se encuentran completamente llenas de maleza.
*La silletería del auditorio se encuentra deteriorada.
*Se advierte un avanzado deterioro en el cielo raso que, si bien obedece a la calidad del material empleado, se pudo informar a tiempo al contratista para que realizara las reparaciones en cumplimiento de la póliza de garantía.
*Los pasamanos tanto exteriores como interiores presentan oxidación.
“Todo lo anterior refleja el estado de una obra insostenible que presenta deterioro y abandono, afectando su utilidad y el cumplimiento del objetivo del proyecto conforme a lo aprobado por el Ocad. La obra se encuentra en malas condiciones que impiden cumplir plenamente su finalidad y hacer uso de la totalidad de la infraestructura”, concluyó la Contraloría.
En lo revisado por el organismo de control, se evidenció que la obra del complejo cultural desde que fue terminada no está siendo utilizada salvo para los días destinados a la celebración del Festival del Porro en el mes de junio, sin cumplir con la necesidad que llevo a la entidad para llevar a cabo la aprobación de este proyecto y su contratación.
La conclusión de la Contraloría es contundente:
“La cuantificación del daño obedece a la pérdida derivada de todos los costos y gastos en que se incurrieron; y por todos los beneficios que se dejan de percibir por la construcción de una obra que no ha sido utilizada de acuerdo a los fines y objetivos conforme a como fue concebida y ejecutada, lo anterior, conlleva que el proyecto no sea funcional ni sostenible; por consiguiente se configura un posible detrimento por valor de $17.622.382.389 correspondiente a la obra y $33.413.395 por la interventoría”.
Así, en atención a denuncia tramitada por la CGR, se establecieron 2 hallazgos administrativos con presunta incidencia disciplinaria, de los cuales 1 tiene presunta incidencia fiscal por valor de $17.655.795.784. Estos hallazgos serán trasladados a las instancias correspondientes.
La historia tras este proyecto, muestra lo siguiente:
El municipio de San Pelayo fue designado como ejecutor del proyecto
“Construcción del Complejo Cultural Nacional e Internacional del Porro”, aprobado por el OCAD Regional Caribe mediante Acuerdo 007 del 09/07/2013 y el Acuerdo 22 del 27/04/2015, por un valor total de $19.032.707.780, con recursos del Sistema General de Regalías, fuentes de financiación del Fondo de Compensación Regional.
Para su ejecución, se celebraron dos contratos: el LP-003-2014 (contrato de obra) modalidad de contratación Licitación Pública con “la Unión Temporal Complejo Cultural San Pelayo”, por valor total de $ 12.866.652.782; y el 0036/2014 (contrato de interventoría) modalidad de contratación concurso de méritos, con el “Consorcio Intercomplejo Cultural” 56, por valor de $953.085.391.
El 9 de marzo de 2015 se le hizo una prórroga de 2 meses y 15 días al contrato principal, para finalizar el 10 de junio de 2015. El 13 de mayo de ese mismo se hizo adición por mayores cantidades de obra por ítems no previstos, ya que desde el planteamiento inicial y a lo largo del proceso surgió la necesidad de otros ítems, como cerramiento, red de contraincendios, rampa a discapacitados y sistema eléctrico con requerimientos energéticos. Y de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1510 de 2013, se adicionó en valor el contrato.
Se presentó a OCAD y fue aprobado mediante acuerdo número 22 del 27 de marzo de 2015 por un valor de $6.165.854.998, de los cuales $5.709.124.998 eran destinados a la construcción de la obra y $456.730.000 a la interventoría. El adicional tiene fecha de 13 de mayo de 2015 y el valor del contrato ascendió a $17.622.692.389.
Ineficiente ejecución y planeación de proyecto de ciencia y tecnología
Otro hallazgo importante de la CGR, esta vez por $1.981 millones, tiene que ver con un proyecto de ciencia y tecnología ejecutado por la Gobernación de Córdoba, donde se advierte una gestión ineficiente, incumplimientos y falta de planeación.
La Gobernación de Córdoba fue encargada de la ejecución del proyecto “Implementación de un programa de comprensión lectora de empresarismo y emprendimiento en las comunidades educativas del Departamento de Córdoba”, el cual fue aprobado mediante Acuerdo No. 009 del 9 de julio de 2013 del OCAD Región Caribe, por un valor de$7.967.485.213, con recursos del Sistema General de Regalías.
Para su ejecución, se celebró el contrato interadministrativo No. 674 del 5 de noviembre de 2013 entre la Gobernación de Córdoba y la Universidad Francisco de Paula Santander -UFPS, por valor de $7.967.485.213, y el contrato de interventoría No. 514 de 2014 por valor de $555.925.470 con Fundeseres.
Se pudo constatar que el contrato principal (No.674 de 2013) tuvo varios modificatorios en los que se ampliaron los plazos de ejecución; se aplicaron suspensiones al contrato y se estipuló un porcentaje como gastos administrativos del contrato.
Con base a lo anterior, el contrato interadministrativo se pactó inicialmente para ser ejecutado en 8 meses y con las modificaciones, su plazo final fue de 20 meses y 20 días, terminando su ejecución el 30 de mayo de 2017.
Luego de la auditoría adelantada por la Contraloría General de la República, se pudo evidenciar que, durante el proceso de planeación y ejecución del proyecto, se presentaron situaciones como las siguientes:
Debilidades en el sistema de control financiero e interno de la administración que dio el departamento Córdoba a los recursos del Sistema General de Regalías.
Inobservancia a la normatividad vigente aplicable en materia de contratación y a lo establecido en el Decreto 1949 de 2012 articulo 60 y la Circular N°007 de febrero 24 de 2014, falta de planeación, y ausencia de procedimiento de aprobación de los ajustes del proyecto.
Así mismo, deficientes, omisivas y negligentes labores de la interventoría en la situación presentada, que tienen su origen en la ineficacia en el proceso de supervisión.
Todo esto, atendiendo entre otras cosas, a un saldo no reintegrado a la cuenta única del Sistema General de Regalías (correspondiente a componentes del proyecto que no fueron ejecutados o lo fueron por menor valor), intermediación innecesaria y administración no requerida en el contrato interadministrativo No. 674 de 2013 del 5 de noviembre de 2013.
Hubo además incumplimiento de los requerimientos establecidos en el proceso de licitación privada No. 12 y de las cláusulas del contrato interadministrativo No. 674 de 2013, estudios deficientes y falta de planeación.
Esta ejecución se refleja en una gestión fiscal antieconómica, ineficaz y omisiva del ente territorial, frente a las acciones que debió realizar conforme a los estipulado contractualmente y en el desarrollo de las actividades establecidas en los objetivos específicos y generales.
Tal situación condujo a que se pagaran recursos correspondientes a gastos administrativos innecesarios y no justificados, con cargo al presupuesto del contrato.
Todas estas fallas de gestión se traducen en la configuración de 3 hallazgos administrativos, de los cuales 3 tienen presunta incidencia disciplinaria y 2 tienen posible incidencia fiscal (por un valor exacto de $1.981.101.267)
Cobertura de la Actuación y total de hallazgos
La Contraloría General de la República realizó Actuación Especial de Fiscalización a los proyectos y contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías en el Departamento de Córdoba, ejecutados por la Gobernación de Córdoba y las alcaldías de La Apartada, Sahagún, Moñitos, San Pelayo, Pueblo Nuevo e Instituto Nacional de Vías INVIAS.
En total fueron auditados cinco proyectos y 6 denuncias por un valor total de $170.093 millones, de los cuales $163.912 millones, corresponden a recursos del Sistema General de Regalías. Dichos proyectos pertenecen a los sectores de Educación, Transporte y Cultura.
Como resultado del proceso, el equipo auditor configuró 11 hallazgos administrativos, de los cuales diez 10 presentan connotación disciplinaria y 5 incidencia fiscal, por valor total de $20.637 millones.
