Así lo anunció la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, quien en las últimas horas dejó en firme el proceso en contra del suspendido gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria.
Lo anterior se dio tras rechazar una petición de Gaviria, donde pedía anular el proceso en su contra por los presuntos actos de corrupción en el contrato de obra para la Troncal Paz suscrito en 2005, en tiempos de su primera gobernación, lo cual para la magistrada de la Corte, Blanca Nélida Barreto, consideró que no hay ninguna irregularidad en el sistema procesal que eligió la Fiscalía para tramitar la investigación en su contra -ley 600 del 2000- por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso con peculado por apropiación a favor de terceros, en esta obra que terminó costando más de 61 mil millones de pesos.
Por su parte, la delegada de la Procuraduría, Marta Luz Reyes, no aceptó y apeló la decisión tomada por la magistrada Barreto, por tal razón, se atrevió a puntualizar en decir que Gaviria ha debido ser investigado bajo la Ley 906 de 2004 que introdujo el sistema penal acusatorio.
Al respecto se recuerda que la investigación cuestiona la falta de supervisión de Gaviria en la ejecución de este contrato y el pago de un primer anticipo del 29%, por 10.300 millones de pesos al contratista Consorcio Troncal de la Paz, sin que la Gobernación estuviera habilitada para pagar ese dinero.
Asimismo se cuestiona que se haya cambiado de 25% a 29% el monto del mencionado anticipo y que éste hubiera sido utilizado por el contratista para gastos particulares como compra de maquinaria y para el pago de obligaciones particulares, no para la ejecución del contrato.
Así mismo el expediente reprocha que se suscribieran otrosíes o adiciones al contrato inicial de la troncal, que era por 41 mil millones de pesos, “sin la debida planeación y justificación, tratándose de obras nuevas que no se relacionaban con la original y requerían un proceso independiente, obviando la selección que ello demandaba“.
La magistrada Blanca Nélida Barreto, ponente de la investigación contra Gaviria en la Corte, también ordenó la práctica de una serie de pruebas solicitadas por Gaviria en este proceso.
La defensa de Gaviria apeló las decisiones adoptadas hoy.
