El Consejo de Estado condenó a la Nación por la muerte del conductor de servicio público Donaldo Psciotti Duarte, quien murió el atentado contra, el entonces candidato presidencial, Álvaro Uribe Vélez en la ciudad de Barranquilla en abril del 2002.
La Nación, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional deberán reparar económicamente a la familia de Pisciotti Duarte, con la suma de 977 millones de pesos.
La familia de Pisciotti Duarte demandó al Ejército, a la Policía Nacional, al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), al Departamento del Atlántico y al Distrito de Barranquilla, con el fin de obtener una reparación a los perjuicios ocasionados.
Sin embargo, en sentencia de primera instancia emitida el 12 de abril del 2012, el Tribunal Administrativo del Atlántico decidió no acceder a las pretensiones de la demanda al considerar que “fue un atentado terrorista causado por un tercero de manera imprevisible e irresistible, frente al cual el Estado no estaba obligado a asumir la responsabilidad administrativa”.
En su momento el hecho fue atribuido a la extinta guerrilla de las Farc, y según los demandantes, “las autoridades no tomaron las medidas de seguridad que deberían haber establecido a favor de la vida y la seguridad del aspirante y de las personas que estaban cerca de la caravana que fue atacada en esa jornada”.
