Se trata del decreto expedido por el Gobierno para restablecer el orden público alterado por las protestas contra la política fiscal y económica del presidente Iván Duque, informó este viernes el alto tribunal.
El máximo tribunal de lo contencioso administrativo tomó la determinación “ante la amenaza del derecho fundamental a la protesta social” por lo que suspendió transitoriamente el decreto por medio del cual el Gobierno “impartió medidas para el r que el acto administrativo no seguirá en vigencia hasta tanto la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no emita un veredicto en torno a la legalidad de este acto administrativo”, dijo el alto tribunal en un comunicado.
Para adoptar esta determinación se estudió una tutela (recurso de amparo) presentada por un grupo de ciudadanos de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca (suroeste).
Los querellantes argumentaron que la respuesta de la fuerza pública en las movilizaciones ponía en riesgo el ejercicio de su derecho a la protesta social, a la vida e integridad personal, al debido proceso y a no ser sometidos a desaparición forzada, entre otros.
Para el Consejo de Estado el decreto expedido por el presidente Duque amenaza el derecho a la protesta social y desdibuja la obligación de la Policía que es la encargada de velar por la protección y control de civiles, más no las Fuerzas Militares.
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D.A
