El caso, que ahora ocupa la atención pública por los cuestionamientos a los documentos académicos y laborales de la congresista, llevaba más de un año en conocimiento de la Fiscalía antes de que se conociera ampliamente. Según la información divulgada, las dos denuncias fueron promovidas por la institución universitaria luego de comprobar que Estrada no figura como egresada del programa académico que aparece en el diploma.
La primera denuncia surgió por una consulta de Continental Gold
El primer episodio se remonta a comienzos de 2024, cuando la multinacional minera Continental Gold solicitó a la Universidad Nacional verificar la autenticidad del título que Estrada presentaba como ingeniera de Minas y Metalurgia.
La institución revisó sus registros y estableció que la representante no figuraba como egresada de ese programa. Por esa razón, el 15 de abril de 2024 presentó una denuncia ante la Fiscalía para que se investigara la posible falsedad documental.
De acuerdo con la consulta realizada en el sistema de la Fiscalía, ese proceso quedó asignado a la Fiscalía 172 Seccional de Medellín desde el 24 de abril de 2024.
La segunda denuncia llegó por solicitud del COPNIA
El segundo caso comenzó cuando el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA) pidió a la Universidad Nacional confirmar si Estrada había obtenido el título que presentó para tramitar su matrícula profesional.
La respuesta de la institución, emitida el 23 de octubre de 2025, fue que no existía registro de su graduación. La Universidad también advirtió que la copia del registro de diploma entregada para la verificación no había sido expedida por la sede Medellín.
Con esos hallazgos, la institución presentó una segunda denuncia el 20 de noviembre de 2025.

En el documento, firmado por la vicerrectora Mary Luz Alzate, la Universidad expuso una inconsistencia relacionada con el número de registro que aparecía en el supuesto diploma de Estrada. El documento señalaba el registro 3645, folio 07, del Libro de Diplomas número 05 de la Facultad de Minas.
Sin embargo, al revisar el libro original, la institución encontró que esos datos correspondían a graduados de 2015 y no a la congresista. La denuncia sostiene que se habrían utilizado datos reales de otros egresados para elaborar un documento que no fue expedido por la universidad.
Como respaldo, la Nacional aportó una copia del diploma cuestionado, una certificación que acredita que Estrada no es egresada y un informe técnico sobre las inconsistencias encontradas en los libros de registro.
Un documento que habría sido presentado ante varias entidades
La Universidad también advirtió en su comunicación a la Fiscalía que el mismo diploma habría sido utilizado de manera continuada para intentar acreditar una formación profesional ante distintas entidades públicas y privadas.
Uno de los escenarios bajo revisión es el trámite de matrícula ante el COPNIA. La representante presentó el documento para obtener la autorización que le permitiría ejercer como ingeniera, pero el organismo negó la solicitud después de recibir la respuesta de la Universidad Nacional.
El diploma también aparece entre los soportes relacionados con el contrato de prestación de servicios que Estrada obtuvo en la DIAN durante 2025, por un valor de 78 millones de pesos.

Las investigaciones y la posesión en el Congreso
Aunque la primera denuncia fue presentada en abril de 2024 y la segunda en noviembre de 2025, hasta la publicación de la información no se conocían decisiones de fondo de la Fiscalía sobre esos expedientes.
La consulta del sistema judicial permitió establecer la asignación del primer caso a la Fiscalía 172 Seccional de Medellín. Sobre el avance de la segunda denuncia tampoco se reportaban resultados concluyentes.
Pese a que la Universidad Nacional había presentado las denuncias, Estrada se posesionó el 20 de julio de 2026 como representante a la Cámara por Antioquia.
La controversia ahora incluye otros documentos: una certificación laboral atribuida a Aris Mining, registros de experiencia en empresas mineras y un diploma de bachiller cuya fecha de expedición no coincidiría con los registros escolares del colegio Juan Pablo Gómez Ochoa, en Caramanta.
La Fiscalía deberá establecer quién elaboró los documentos cuestionados, cómo llegaron a las entidades que los recibieron y si fueron utilizados para obtener beneficios o acreditar requisitos. Hasta que exista una decisión judicial, la responsabilidad penal de la congresista no está establecida.










