La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) trasladará a las autoridades la información relacionada con un contrato de prestación de servicios suscrito durante el Gobierno de Gustavo Petro por Luz Verónica Estrada Holguín, hoy representante a la Cámara por el Pacto Histórico. El caso se suma a los cuestionamientos por los documentos académicos que la congresista habría presentado para acreditar su formación como ingeniera de Minas y Metalurgia.
El contrato tenía como objeto brindar apoyo y acompañamiento a la Dirección General de la DIAN en la elaboración de estudios, lineamientos y políticas relacionadas con el control y la fiscalización del sector minero. La revisión de ese vínculo contractual abre nuevos interrogantes sobre el proceso mediante el cual fueron verificados los documentos aportados para su vinculación.
Según la información conocida sobre el contrato, Estrada ingresó a la entidad en marzo de 2025 y permaneció vinculada hasta septiembre de ese año. El valor total fue de 78 millones de pesos, con honorarios cercanos a los ocho millones mensuales.
La DIAN prepara el envío de copias de los documentos entregados durante el proceso de contratación para que las autoridades establezcan si hubo irregularidades. La revisión incluye el supuesto diploma de Ingeniería de Minas y Metalurgia y la tarjeta profesional que habría presentado para acreditar su perfil.
Contrato de la DIAN bajo revisión: congresista Luz Verónica Estrada habría acreditado título cuestionado
El contrato fue tramitado durante la dirección de Luis Eduardo Llinás y tuvo como objeto asesorar a la entidad en asuntos relacionados con la fiscalización minera. La documentación que ahora será puesta en conocimiento de las autoridades también incluye certificaciones de experiencia laboral.
La contratación y sus soportes fueron avalados por Cielo Vega, quien para entonces ocupaba el cargo de subdirectora de Compras y Contratos de la DIAN. Vega ya no trabaja en la entidad. Al ser consultada sobre el caso, sostuvo que los procesos de contratación parten de la buena fe de los contratistas y manifestó que no recuerda los detalles específicos de esta vinculación. También afirmó que revisaría los documentos y que, si se comprueba que fueron aportados títulos falsos, el Estado resultaría afectado y ella acudiría ante las autoridades.
La Universidad Nacional desconoce el título
La controversia se originó por la documentación con la que Estrada se presentó como ingeniera de Minas y Metalurgia de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. El diploma que habría aportado tiene fecha del 16 de noviembre de 2021.
Sin embargo, la institución revisó sus archivos físicos y digitales y certificó que no encontró registros de que la congresista hubiera sido estudiante o egresada de ese programa. La respuesta oficial, fechada el 23 de octubre de 2025, también indicó que la copia del registro de diploma presentada ante el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA) no fue expedida por la universidad.
El secretario general de la institución, Édgar Cortés Reyes, explicó que la verificación se hizo mediante los registros académicos y administrativos. Según indicó, la congresista no aparece como estudiante de la Universidad Nacional. También advirtió una inconsistencia en el número consecutivo del diploma, que correspondería a un documento de una persona graduada en 2011 y no en 2021.
A esto se suma la revisión del COPNIA. La entidad no habría encontrado una matrícula profesional expedida a nombre de Estrada y señaló que tampoco pudo validar la tarjeta profesional que habría presentado. Por esa razón, no se habría acreditado su habilitación como ingeniera.
Las certificaciones de experiencia también serán revisadas
Entre los documentos entregados para obtener el contrato con la DIAN aparecen certificaciones que acreditaban dos años de experiencia profesional, contabilizados desde la supuesta aprobación del pensum académico.
Esas constancias, expedidas por empresas privadas, describían labores relacionadas con control de calidad, seguimiento de procesos de extracción de minerales, manejo de maquinaria y elaboración de informes de regalías ante la Agencia Nacional de Minería.
Otros documentos la presentaban como jefa de minas y supervisora de operaciones, además de atribuirle participación en estudios geológicos sobre recursos minerales. Las autoridades podrían solicitar información a las empresas que expidieron esas certificaciones para verificar la autenticidad de los documentos y la experiencia reportada.
¿Qué dijo el exdirector de la DIAN?
Luis Eduardo Llinás, quien dirigía la entidad cuando se celebró el contrato, aseguró que desconocía cualquier irregularidad en los documentos de Estrada y afirmó que fue engañado de buena fe.
El exfuncionario explicó que la DIAN cuenta con filtros en la Subdirección de Compras y Contratos para revisar los requisitos legales de quienes aspiran a órdenes de prestación de servicios. Según su versión, después de superar esas verificaciones, el trámite continúa para la firma del contrato.
Llinás también manifestó que esperaba un pronunciamiento de la congresista sobre las denuncias. Un dato adicional que ha generado preguntas es que, entre julio y septiembre de 2026, el exdirector hizo parte de la Unidad de Trabajo Legislativo de Estrada, donde recibió más de 50 millones de pesos, de acuerdo con la información divulgada sobre esa vinculación.
El Pacto Histórico abrió investigación interna
La polémica también llegó a la dirección del Pacto Histórico. La colectividad anunció que su Comité de Ética revisará las denuncias relacionadas con el supuesto título universitario y la tarjeta profesional.
El partido manifestó que exigirá celeridad en el esclarecimiento de los hechos, pero aseguró que respetará el derecho a la defensa y la presunción de inocencia de la representante. Hasta el momento de la información conocida, no había anunciado una sanción contra ella.
El caso tiene otro elemento que ha llamado la atención: Estrada aparece como coautora de un proyecto de ley presentado en 2026 para crear un sistema de consulta pública de títulos académicos de educación superior. La iniciativa busca que la ciudadanía pueda verificar información sobre los títulos expedidos por las instituciones educativas.
La investigación deberá establecer si los documentos cuestionados fueron utilizados para obtener el contrato estatal, quién verificó los soportes y si se configuró alguna conducta penal o disciplinaria. La remisión de la documentación por parte de la DIAN permitirá que las autoridades competentes adelanten esas comprobaciones.










