El proyecto del Escudo Nacional Antidrones impulsado durante el Gobierno de Gustavo Petro terminó sin una tecnología seleccionada ni un contrato adjudicado, pese a las pruebas realizadas en Colombia y las visitas a fabricantes en varios países. El proceso ahora enfrenta cuestionamientos por los protocolos de evaluación y las decisiones administrativas que habrían limitado la participación de empresas nacionales.
La controversia volvió al debate político durante una sesión de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, en la que el ministro de Defensa, el general en retiro Jorge Mora, cuestionó las decisiones de la administración anterior para adquirir equipos capaces de detectar, rastrear y neutralizar drones utilizados por organizaciones armadas ilegales.
El proyecto, inicialmente estimado en 6,2 billones de pesos, contempló pruebas en instalaciones militares de Tolima y Boyacá, además de visitas técnicas en el exterior. Según la información entregada por el Ministerio de Defensa, las jornadas se desarrollaron entre marzo y julio de 2026 e incluyeron evaluaciones en España, Francia, Polonia, Estados Unidos, Tailandia, India y Lituania.
Sin embargo, el comité técnico recomendó no adquirir ninguno de los sistemas examinados porque no cumplían integralmente los requisitos operacionales de la Fuerza Pública. El Ministerio confirmó que las demostraciones y visitas no derivaron en la selección de un proveedor ni en la adjudicación de un contrato.
Cuestionamientos a las pruebas y a la contratación
Una fuente que conoció el proceso calificó como una “farsa” las pruebas realizadas en Tolemaida y Boyacá. Según su versión, el protocolo técnico habría sido diseñado con exigencias que impedían que las empresas participantes cumplieran los requisitos.
También cuestionó que fabricantes colombianos con experiencia en el desarrollo de tecnologías antidrones no hubieran tenido suficiente participación en las evaluaciones. La fuente consideró que el país pudo avanzar con adquisiciones nacionales de menor escala mientras estructuraba una solución tecnológica más amplia.
Otro de los reparos está relacionado con una circular del Ministerio de Defensa, expedida el 31 de marzo de 2026, que centralizó las gestiones para adquirir estos equipos e impidió que las unidades militares y policiales adelantaran procesos independientes.
Para los críticos de esa decisión, las necesidades de protección varían según las condiciones geográficas y operacionales de cada región, por lo que una solución única podría resultar insuficiente.
El exministro Pedro Sánchez defendió el proceso
El exministro de Defensa Pedro Sánchez rechazó que el Gobierno Petro hubiera bloqueado la compra de sistemas antidrones. Sostuvo que las evaluaciones continuaron bajo una estrategia centralizada para evitar adquisiciones aisladas y que ninguno de los equipos examinados cumplió todos los requerimientos técnicos.

Según Sánchez, los 800.000 millones de pesos previstos para la primera fase no llegaron a comprometerse porque no existían tecnologías que respondieran a las necesidades de la Fuerza Pública. A su juicio, avanzar con equipos que no superaran las pruebas habría expuesto a los uniformados a riesgos operacionales.
El exfuncionario también aseguró que, mientras se adelantaban los estudios, las Fuerzas Militares y la Policía recibieron otros equipos adquiridos previamente y continuaron desarrollando capacidades propias para enfrentar ataques con drones.
La discusión se produce en medio de la preocupación por el uso de aeronaves no tripuladas cargadas con explosivos por parte de grupos armados ilegales. Uno de los ataques recientes fue el del ELN contra el cantón militar de Santa Rosa, en el sur de Bolívar, que dejó tres militares muertos y más de 30 heridos.
El Gobierno actual anunció un nuevo Plan Estratégico para la Estabilización y la Soberanía Tecnológica Antidrones, que contempla compras urgentes, desarrollo de capacidades propias y la elaboración de un documento Conpes por cerca de 7,2 billones de pesos.
Por ahora, los cuestionamientos sobre el proceso anterior se concentran en la metodología de evaluación, la centralización de las compras y la falta de una adquisición integral. Las afirmaciones de la fuente que calificó las pruebas como una farsa no constituyen, por sí mismas, una conclusión oficial sobre irregularidades en la contratación.










