Andrea Carolina Ramírez Oliveros, exasesora y coordinadora legislativa del Ministerio de Hacienda, volvió a aparecer en una investigación de la Corte Suprema de Justicia relacionada con presuntas negociaciones de contratos públicos a cambio de beneficios económicos y políticos.
La exfuncionaria rindió declaración el pasado 6 de diciembre ante la Sala de Instrucción, dentro del proceso contra el exrepresentante a la Cámara por Amazonas Eduar Luis Benjumea Moreno, acusado por los delitos de tráfico de influencias y cohecho propio.
El expediente examina un presunto acuerdo de 500 millones de pesos que Benjumea habría negociado con el entonces alcalde de Galeras, Sucre, Javier Amell Hernández, para gestionar recursos destinados a una obra de placa huella en la vía Los Leones, cuyo valor rondaría los 5.000 millones de pesos.
La investigación incluye interceptaciones telefónicas de 2018 en las que se habla de gestiones ante el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda. En una de las conversaciones, una mujer menciona que habría dinero para agilizar un trámite dentro de esas entidades y reconoce que estaba en medio de la negociación.
Lo que declaró la exasesora
Ante la Corte Suprema, Ramírez aseguró que sus funciones no estaban relacionadas con el OCAD-Paz, organismo por el que se habría tramitado la financiación de la obra en Galeras. Sin embargo, reconoció que conocía a Benjumea porque él hacía parte de la Comisión Cuarta del Congreso y debía interactuar con ella.
La exfuncionaria negó haber escuchado conversaciones sobre el supuesto negocio y afirmó que no recibió presiones indebidas por parte del excongresista.
Su nombre ya había aparecido en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). En diciembre de 2024, durante una declaración ante la Corte, habló de la existencia de una matriz con proyectos de inversión regional que eran consultados por congresistas.
Ramírez explicó que, antes de salir a licencia de maternidad, dejó a María Alejandra Benavides un listado de proyectos viales relacionados con congresistas. Según su testimonio, los parlamentarios acudían al Ministerio de Hacienda para preguntar por el estado de esas iniciativas.
Los señalamientos sobre el manejo de contratos
El exministro de Comercio y exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, también mencionó a Ramírez en sus declaraciones sobre el funcionamiento de los llamados cupos indicativos. Según su versión, ella habría continuado con un sistema de gestión de proyectos que venía de administraciones anteriores.
La controversia gira alrededor de la presunta asignación de obras y recursos públicos a congresistas a cambio de respaldo legislativo, una práctica que ha sido mencionada en distintas investigaciones.
Aunque Ramírez ha entregado testimonios ante la Corte Suprema, el texto conocido sobre este caso no registra avances concretos de la Fiscalía frente a los señalamientos que la relacionan con el escándalo de la UNGRD.
Por ahora, su declaración en el proceso contra Benjumea forma parte del material que examina la Corte. Los señalamientos contra la exasesora y las acusaciones contra el excongresista deberán establecerse dentro de las respectivas actuaciones judiciales.










