- Deberán incorporar recursos en los presupuestos de 2027 y garantizar condiciones dignas de atención y protección.
La Procuraduría General de la Nación requirió a la Gobernación del Tolima y a las alcaldías municipales adoptar medidas para garantizar los derechos fundamentales de las víctimas del conflicto armado y de las personas privadas de la libertad (ppl), mediante la asignación oportuna de recursos para la vigencia fiscal 2027.
La Entidad advirtió la importancia de que las obligaciones legales de atención y protección cuenten con respaldo presupuestal, capacidad institucional y mecanismos efectivos de coordinación. Por ello, pidió fortalecer la planeación territorial y evitar que la falta de recursos o de gestión administrativa afecte a la población de estas zonas.
Atención integral y protección de las víctimas
A los alcaldes municipales, la Entidad solicitó asegurar recursos para la prevención, atención, asistencia y reparación integral de las víctimas, actualizar los Planes de Acción Territorial antes del 31 de diciembre de 2026 y garantizar la implementación de los planes de contingencia. Además, recordó la obligación de disponer de mecanismos que permitan entregar oportunamente las ayudas humanitarias, dentro de los términos legales, y responder ante desplazamientos forzados, confinamientos y otras emergencias.
Atención penitenciaria y condiciones dignas de reclusión
El Ministerio Público requirió garantizar recursos para alimentación, agua potable, saneamiento, salud, infraestructura y mantenimiento de establecimientos carcelarios, así como para atender a quienes permanecen en estaciones de Policía y centros de detención transitoria. También solicitó fortalecer los convenios con el INPEC, implementar medidas para superar el hacinamiento y disponer de planes de prevención y atención de emergencias.
