Las muertes bajo custodia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) dejan cifras preocupantes sobre las condiciones del sistema penitenciario colombiano. Entre enero y octubre de 2026 se registraron 20 suicidios de personas privadas de la libertad, la cifra más alta de los últimos cinco años, según una respuesta oficial de la entidad a un derecho de petición.
El dato supera los 18 casos reportados durante todo 2025, los 17 de 2024, los 13 de 2023 y los 12 de 2022. El registro de 2026 corresponde únicamente a los primeros diez meses del año, por lo que todavía podría aumentar antes de finalizar diciembre.
En total, entre 2022 y octubre de 2026, el INPEC contabilizó 1.450 muertes de personas bajo su custodia. De ellas, 1.237 fueron clasificadas como naturales y 80 como suicidios. Las demás estuvieron relacionadas con incineraciones, ataques con armas cortopunzantes, intoxicaciones, objetos contundentes, accidentes y armas de fuego.
La tragedia de Tuluá explica buena parte de las muertes por incineración
Uno de los datos más impactantes corresponde a las 57 muertes por incineración registradas durante el periodo. De ese total, 54 ocurrieron el 28 de junio de 2022 en la cárcel de Tuluá, Valle del Cauca.
El INPEC precisa que la clasificación de las causas de muerte corresponde a sus registros administrativos, aunque la determinación oficial de esas causas está a cargo del Instituto Nacional de Medicina Legal.
Sobre las muertes naturales, la entidad también aclaró que no dispone de una discriminación que permita establecer cuántas estuvieron relacionadas con presuntas fallas en la atención médica. La prestación de los servicios de salud a la población privada de la libertad está a cargo de la USPEC y sus operadores.
Nueve procesos disciplinarios en etapa preliminar
La respuesta oficial también revela que existen nueve procesos disciplinarios en indagación previa por hechos en los que funcionarios del INPEC habrían tenido responsabilidad en muertes o presuntamente habrían omitido prestar ayuda.
Sin embargo, la entidad reportó que no tiene investigaciones disciplinarias formalmente abiertas contra funcionarios por estos hechos. Además, desde el 9 de septiembre de 2023, fecha de inicio de la actual administración del Instituto, no registra sanciones relacionadas con esos casos.
Hacinamiento: algunas cárceles superan ampliamente su capacidad
Al 22 de octubre de 2026, el sistema penitenciario tenía 100.917 personas privadas de la libertad. El 17,3 % de esa población se encontraba en condición de sindicada.
El hacinamiento nacional pasó del 20,1 % en 2022 al 28,1 % en 2025. Para 2026, el indicador bajó al 23,3 %, aunque varias cárceles continúan operando muy por encima de su capacidad.
La situación más crítica aparece en el establecimiento La Paz, de Itagüí, que cuenta con 365 cupos y alberga a 1.362 internos, con un hacinamiento del 273 %. Le sigue la cárcel de Riohacha, con capacidad para 100 personas y una población de 361, equivalente al 261 % de hacinamiento.
También figuran Caucasia, con 173 %; Valledupar, con 145 %; Andes, con 130 %; Santa Bárbara, con 120 %; Sonsón, con 115 %; Riosucio, con 109 %, y Bello, también con 109 %.
En total, 27 establecimientos superan el 50 % de hacinamiento.
La presión también está en estaciones de Policía y URI
La sobreocupación no termina en las cárceles. Según los datos entregados por la Policía Nacional al INPEC, en las estaciones policiales y Unidades de Reacción Inmediata (URI) permanecían 17.866 personas detenidas para una capacidad conjunta de 9.784 cupos.
Esto representa una ocupación aproximada del 182,6 %, con 8.082 personas por encima de la capacidad disponible.
En cuanto al personal de custodia, el Instituto reportó 14.281 integrantes activos frente a una planta de 15.148 cargos. Con una población penitenciaria de referencia cercana a los 100.917 internos, la relación es de un guardián por cada 11,23 personas privadas de la libertad.
Entre 2022 y 2026 se habilitaron 2.456 cupos nuevos en cinco establecimientos, mientras otros 9.193 se encuentran en construcción o ampliación.
Un problema que exige medidas más allá de construir cárceles
Las cifras dejan varios frentes que requieren atención: la prevención del suicidio, la atención en salud mental, la vigilancia de personas con señales de riesgo, las condiciones de reclusión y la capacidad de respuesta del personal penitenciario.
La reducción del hacinamiento requiere ampliar y adecuar cupos, pero también revisar el uso de la detención preventiva, acelerar los procesos judiciales y aplicar las medidas alternativas a la prisión cuando la ley lo permita.
Frente a los suicidios, se necesitan protocolos de detección temprana, evaluaciones periódicas de salud mental, atención profesional oportuna y seguimiento especial a internos que hayan manifestado conductas autolesivas o atravesado situaciones de crisis.
El aumento de los casos registrados en 2026 obliga a examinar qué está ocurriendo dentro de los establecimientos y qué medidas concretas se están aplicando para prevenir nuevas muertes.
