Paraguay atraviesa una crisis bancaria y política después de que el Banco Central interviniera Ueno Bank, una de las principales entidades financieras del país, por problemas de solvencia. La medida dejó a cerca de tres millones de clientes sin acceso a sus cuentas y desató protestas, cuestionamientos al Gobierno y un proceso de juicio político contra el presidente Santiago Peña, quien anunció su renuncia este jueves 5 de noviembre.
La intervención fue ordenada el 2 de noviembre, luego de que el Banco Central del Paraguay detectara que el índice de solvencia de la entidad había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido, tras ajustes realizados a sus estados financieros durante un proceso de regularización. La decisión buscaba proteger a los depositantes y tramitar de manera ordenada la situación del banco.
Ueno Bank atendía a cerca de tres millones de personas, una cifra equivalente a casi la mitad de la población paraguaya. La entidad también administraba alrededor de 800 millones de dólares en fondos públicos, incluidos recursos del sistema de jubilaciones y salud.
Mensaje del Presidente de la República, Santiago Peña, al pueblo paraguayo. https://t.co/RBz6IfFV9L
— Santiago Peña (@SantiPenap) November 5, 2026
Los ahorros y fondos públicos, en el centro de la crisis
La suspensión de operaciones dejó a miles de clientes sin posibilidad de retirar su dinero o utilizar normalmente los servicios digitales de la entidad. Entre los afectados hay ahorradores, trabajadores que reciben sus salarios a través del banco y personas cuyos recursos están vinculados a fondos previsionales.
El Banco Central informó que los depósitos cuentan con una garantía de hasta 75 salarios mínimos por persona y por entidad, equivalente a 228,3 millones de guaraníes. Además, anunció un primer pago de hasta 10 millones de guaraníes a los depositantes.
El Congreso aprobó una ley que permite anticipar el pago de la garantía y establece un plazo máximo de cinco días hábiles para la devolución de los fondos cubiertos, con los descuentos correspondientes por obligaciones pendientes con el banco.
La crisis llegó hasta la Presidencia
La situación adquirió una dimensión política por los vínculos empresariales que Santiago Peña tuvo con el grupo que controlaba Ueno Bank. El mandatario había tenido participación accionaria en Grupo Vázquez, del que se desvinculó en 2025. La oposición cuestionó posibles conflictos de intereses y señaló presuntos beneficios regulatorios y financieros para la entidad. Peña negó haber incurrido en irregularidades.
En medio de la controversia, el presidente pidió la renuncia del titular del Banco Central y respaldó las medidas legislativas para garantizar la devolución de los ahorros. Sin embargo, las protestas continuaron en Asunción, donde manifestantes exigieron respuestas y reclamaron la restitución de su dinero. Durante las movilizaciones se registraron enfrentamientos con la Policía, que utilizó gases lacrimógenos y camiones hidrantes.
La oposición avanzó con la iniciativa de juicio político y la presión también llegó desde sectores del oficialismo. Finalmente, Peña anunció que dejaba la Presidencia y argumentó que su decisión buscaba preservar la estabilidad institucional y la paz social.
Como titular del Congreso de la Nación, no nos ubicaremos del lado del despojo de los fondos públicos, privados, de los ahorristas y de los jubilados.
Reclamamos la renuncia del Presidente Santiago Peña o, en su defecto, acompañamos el juicio político para reordenar la institucionalidad de la República y proteger a los ahorristas.
El Congreso debe intervenir con determinación cuando la patria lo demanda— Bachi Nuñez (@bachinunezpy) November 5, 2026
Pedro Alliana asumiría la Presidencia
Tras el anuncio de renuncia, la Cámara de Diputados votó a favor de impulsar el juicio político contra Peña. El trámite institucional debe continuar en el Congreso, mientras el vicepresidente Pedro Alliana queda como sucesor previsto para asumir la jefatura del Estado, una vez se formalice la salida del mandatario.
La crisis deja abiertas varias preguntas sobre la recuperación de los depósitos, el manejo de los fondos públicos vinculados a Ueno Bank y las posibles responsabilidades de sus directivos y de los funcionarios que supervisaron la entidad. Las investigaciones deberán establecer si existieron irregularidades y quiénes deben responder ante la Justicia.
