La iniciativa del Gobierno de Abelardo De La Espriella recibió 95 votos a favor y 10 en contra. Senado y Cámara aprobaron el mismo articulado, por lo que no habrá conciliación y el texto pasará a sanción presidencial.
La Cámara de Representantes aprobó en último debate la Ley de Sometimiento, una de las principales apuestas del Gobierno de Abelardo De La Espriella para establecer un marco jurídico que permita la desmovilización y el sometimiento a la justicia de integrantes de organizaciones armadas y estructuras criminales.
La votación terminó con 95 votos por el sí y 10 por el no. La corporación acogió el mismo texto que había aprobado previamente el Senado de la República, evitando así el trámite de conciliación entre ambas cámaras.
Con esta decisión, el proyecto superó su recorrido por el Congreso y quedó listo para pasar a sanción presidencial este miércoles 4 de noviembre.
¿Qué contempla la Ley de Sometimiento?
El articulado establece condiciones judiciales para los integrantes de organizaciones criminales que decidan someterse a la justicia. Entre las obligaciones contempladas están la entrega de armas, la colaboración con las autoridades, el suministro de información sobre las estructuras criminales y la entrega de los bienes vinculados con actividades ilícitas.
Durante su discusión legislativa, el proyecto sufrió modificaciones importantes frente a la propuesta inicial del Ejecutivo.
Entre las disposiciones aprobadas se encuentran:
Rebajas de penas: se contempla una reducción del 50 % para integrantes de base y del 30 % para los cabecillas de las organizaciones.
Penas para los mandos: los responsables de dirigir las estructuras deberán cumplir una pena mínima de diez años.
Lavado de activos: se establecieron requisitos para acceder a beneficios judiciales por estos delitos, entre ellos haber cumplido al menos seis años de pena.
Reclutamiento de menores: quienes sean responsables de esta conducta quedaron excluidos de los beneficios contemplados.
Control penitenciario: el INPEC tendrá a su cargo la reclusión de quienes ingresen al mecanismo.
También fueron eliminadas disposiciones relacionadas con gastos reservados y recursos del Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon), además del artículo 25. Se incorporaron medidas para evitar que alcaldías y gobernaciones tengan que asumir nuevas obligaciones económicas por la aplicación de la ley.
Gobierno defiende los alcances de la iniciativa
Tras la aprobación en la Cámara, el ministro de Justicia, Iván Cancino, defendió el contenido del proyecto y aseguró que los beneficios estarán condicionados al cumplimiento de las obligaciones establecidas.
«No habrá suspensión de órdenes de captura ni de extradiciones. Se impondrán penas severas a los reclutadores y deberán entregar la totalidad de sus bienes, sin recibir un solo peso a cambio», afirmó el funcionario.
Oposición cuestiona el proyecto
La aprobación también generó rechazo entre algunos sectores políticos. El representante Daniel Briceño, del Centro Democrático y ponente del proyecto, expresó su desacuerdo con la iniciativa y resumió su posición con una frase: «Hoy finaliza la Paz Total».
Con la aprobación de las dos cámaras, el Gobierno queda a la espera de la sanción presidencial para convertir la iniciativa en ley de la República. Su aplicación estará sujeta al cumplimiento de los requisitos y procedimientos judiciales establecidos en el texto definitivo.
