Un presunto entramado de corrupción judicial quedó bajo la lupa de la Fiscalía tras la captura de una jueza de Bogotá, una abogada y un funcionario judicial, investigados por supuestamente coordinar una maniobra para dejar en libertad a un ciudadano neerlandés requerido por narcotráfico y solicitado en extradición.
Según la investigación, el acuerdo habría alcanzado los $1.200 millones, de los cuales presuntamente se entregaron $600 millones como primer pago para obtener una decisión favorable mediante una acción de hábeas corpus. Las capturas se hicieron efectivas el 27 de octubre de 2026 en Bogotá y Cota, Cundinamarca.
El caso involucra a la jueza Miryan Alcira Martínez López, al funcionario judicial Waldo Garavito Mejía y a la abogada Emperatriz Herrera Cuenca. Los tres son investigados por su presunta participación en el acuerdo.
Así habría funcionado el presunto soborno
La Fiscalía reconstruyó una secuencia de hechos que habría comenzado cuando la defensa del ciudadano neerlandés buscaba una nueva vía judicial para obtener su libertad.
El extranjero, identificado como Jozef Marcus Hendrika Van der Voort, había sido capturado el 15 de febrero de 2026 con fines de extradición a Países Bajos por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes. Mientras permanecía detenido, su defensa presentó varias solicitudes de hábeas corpus, dos de las cuales fueron rechazadas, según la exposición de la Fiscalía.
De acuerdo con la hipótesis del ente acusador, la abogada Emperatriz Herrera Cuenca habría contactado a la jueza y al funcionario judicial para conseguir que una nueva solicitud llegara al despacho que emitiría una decisión favorable.
Así fue la captura de una jueza en Bogotá que habría recibido 600 millones de pesos por dejar en libertad a un narco solicitado en extradición. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/nVCxz77jLb
— Revista Semana (@RevistaSemana) October 28, 2026
La investigación señala los siguientes momentos clave:
La Fiscalía sostiene que la abogada acudió al despacho de la jueza en el complejo judicial de Paloquemao y que, en el marco del supuesto acuerdo, se entregaron $600 millones en efectivo, la mitad de la suma negociada.
Una fotografía de la boleta de libertad
Según la Fiscalía, la jueza habría enviado a la abogada una fotografía de un formato de libertad con los datos del ciudadano neerlandés. Este elemento hace parte de las evidencias examinadas por los investigadores.
La jueza ordenó la libertad
Martínez López concedió el hábeas corpus y dispuso la libertad inmediata de Van der Voort. La Fiscalía investiga si la solicitud fue dirigida mediante una presunta alteración del reparto judicial para que llegara a ese despacho.
Otro juez revocó la decisión
El Juzgado 43 Penal del Circuito de Bogotá dejó sin efecto la determinación que había concedido el hábeas corpus. El ciudadano neerlandés continuó privado de la libertad mientras avanzaban los trámites de extradición.
¿Qué pasó con los capturados?
La Fiscalía imputó a los tres investigados los presuntos delitos de cohecho propio y falsedad ideológica en documento público. A la jueza también le atribuyó el delito de prevaricato por acción, relacionado con la decisión judicial cuestionada.
Durante las audiencias preliminares, los tres se declararon inocentes y no aceptaron los cargos, según informó Caracol Radio. La investigación deberá establecer la responsabilidad individual de cada uno y determinar si el dinero señalado por los investigadores fue efectivamente entregado en las condiciones descritas por la Fiscalía.
El caso vuelve a poner bajo escrutinio los controles sobre el reparto de acciones constitucionales y las decisiones judiciales que pueden afectar procesos de extradición. Por ahora, las acusaciones corresponden a la hipótesis de la Fiscalía y no constituyen, por sí mismas, una condena.
