Al menos ocho menores de edad han muerto en operaciones militares ordenadas durante el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, según cifras entregadas por Ariel Cortés, director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
El funcionario precisó que las víctimas tenían 17 años o menos: cinco eran hombres y tres mujeres. Con estos casos, el total de menores fallecidos en operaciones militares durante lo corrido de 2026 asciende a 17.
La diferencia corresponde a los últimos ocho meses de la administración de Gustavo Petro, periodo en el que se reportaron nueve muertes de menores en este tipo de acciones.
Cortés indicó que las operaciones militares en las que se han registrado estos fallecimientos se han concentrado principalmente en los departamentos de Norte de Santander y Guaviare.
Controversia por los bombardeos
Las cifras se conocen en medio del debate sobre el uso de bombardeos contra estructuras armadas ilegales cuando existe la posibilidad de que entre sus integrantes haya niños, niñas y adolescentes reclutados.
El Tribunal Superior de Bogotá revocó una medida provisional que restringía determinadas operaciones aéreas ante el riesgo de afectar a menores reclutados por grupos armados.
Tras esa decisión, la Presidencia señaló que las Fuerzas Militares pueden continuar desarrollando sus capacidades operacionales dentro del marco constitucional y legal, con respeto por los principios de distinción, proporcionalidad y precaución establecidos en el derecho internacional humanitario.
Por su parte, De La Espriella anunció que había autorizado un nuevo bombardeo que calificó como “muy importante y estratégico”, aunque las autoridades no habían divulgado detalles de esa operación en el reporte conocido.
Antecedentes en Guaviare y Catatumbo
La discusión se intensificó después de un bombardeo realizado a finales de agosto en Guaviare, en el que murieron diez personas, tres de ellas menores de edad: dos adolescentes de 15 años y uno de 16.
A comienzos de octubre, otro operativo militar en la región del Catatumbo dejó como víctima mortal a una adolescente de 16 años.
Los casos han reavivado las preguntas sobre los criterios utilizados para autorizar ataques aéreos contra grupos armados y los mecanismos para evaluar la presencia de menores reclutados antes de ejecutar estas operaciones.
