Trece casos de presunto hurto de energía fueron detectados en el conjunto residencial Altos de San Isidro, en Barranquilla, durante una jornada de inspecciones técnicas adelantada por Air-e Intervenida. Según la compañía, las irregularidades representan pérdidas estimadas en $24 millones.
Las revisiones se realizaron en inmediaciones de la carrera 27 con calle 47, donde los técnicos encontraron conexiones directas y medidores con señales de manipulación que impedirían registrar correctamente el consumo eléctrico.
Los operativos también dejaron hallazgos en otros sectores del Atlántico, Magdalena y La Guajira.
En Barranquilla, los técnicos identificaron un medidor presuntamente manipulado en un establecimiento dedicado a la venta de chicharrones, ubicado cerca de la calle 19 con carrera 6B, en el barrio Simón Bolívar.
En El Tabor encontraron una conexión directa asociada a un medidor, mientras que en el corregimiento de Juan Mina reportaron una irregularidad similar en una empresa manufacturera.
En Malambo, las inspecciones permitieron detectar conexiones por fuera de la medición en un establecimiento comercial del barrio 7 de Diciembre, en inmediaciones de la carrera 1B con calle 11F.
Hallazgos en Santa Marta y La Guajira
Las inspecciones también llegaron a Santa Marta, donde Air-e reportó una conexión directa por fuera de la medición en una plazoleta de comidas del sector de Mamatoco. En una carnicería de la urbanización Andrea Carolina se encontró otra irregularidad de características similares.
En San Juan del Cesar, La Guajira, fueron detectados dos casos: uno en una vivienda del barrio La Victoria, donde se encontró una conexión directa en la bornera del equipo de medida, y otro en un inmueble del sector Rafael de Armas, cuyo medidor presentaba señales de presunta manipulación.
Air-e Intervenida advirtió que este tipo de prácticas puede ocasionar sobrecargas, cortocircuitos, daños en las redes eléctricas y accidentes que ponen en riesgo a residentes, trabajadores y usuarios del servicio.
La compañía reiteró que las conexiones ilegales afectan la medición del consumo y pueden comprometer la seguridad de las instalaciones eléctricas.
