Una fuerte denuncia vuelve a poner a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el centro de la controversia. Víctimas de las Farc cuestionan la manera en que algunos funcionarios llegan a posiciones directivas y, posteriormente, permanecen o son reelegidos en cargos de alta responsabilidad dentro de la entidad.
El exdiputado del Valle del Cauca y víctima de secuestro, Sigifredo López, llegó a Bogotá para recoger y exponer denuncias que, según afirmó, provienen de personas que conocen el funcionamiento interno de la JEP.
El señalamiento apunta a una presunta dinámica de intercambio de recomendaciones y favores que permitiría a determinados funcionarios mantenerse en posiciones estratégicas de la jurisdicción.
López resumió el cuestionamiento con una frase contundente: “yo te elijo, tú me eliges”, al referirse a lo que considera una posible relación entre quienes participan en la escogencia de funcionarios y quienes posteriormente tienen capacidad para mantenerlos en sus cargos.
Uno de los casos señalados corresponde a un funcionario que tendría bajo su responsabilidad asuntos relacionados con la contratación de la JEP y que anteriormente estuvo vinculado a organizaciones internacionales relacionadas con la defensa de los derechos humanos.
De acuerdo con la denuncia, esa trayectoria habría contribuido a su llegada a la jurisdicción y posteriormente a su permanencia en cargos directivos. Sin embargo, estos señalamientos deberán ser contrastados y establecidos mediante documentos y las respectivas investigaciones.
El cuestionamiento también pone sobre la mesa cómo se realizan los procesos de selección, contratación y permanencia de funcionarios dentro de la JEP y qué controles existen para evitar eventuales conflictos de interés.
Para las víctimas, el problema no estaría únicamente en la permanencia de determinados funcionarios, sino en la posibilidad de que se consoliden redes internas capaces de influir en la distribución de cargos y responsabilidades.
Las denuncias llegan en momentos en que la JEP enfrenta un debate político sobre su funcionamiento y resultados. El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, que inicialmente planteó la eliminación de esta jurisdicción, ha optado por mantener un enfoque de “control crítico”.
Mientras avanzan los cuestionamientos, serán las autoridades competentes las encargadas de determinar si existieron irregularidades en los procesos señalados o si la permanencia de los funcionarios cuestionados se ajustó a las normas.
El caso vuelve a poner sobre la mesa una pregunta de fondo: ¿cómo garantizar que los cargos de mayor responsabilidad dentro de la JEP respondan a criterios de mérito, transparencia e independencia y no a relaciones internas de poder?
